Las provincias de una gobernabilidad desconocida

Nunca, desde 1983, hubo un Poder Ejecutivo con apoyos legislativos tan débiles y tan escasos.

El presidente Mauricio Macri fijó una agenda: no hay plan B y el destino inicial de su Gobierno se juega en el acuerdo con los holdouts, los que no entraron en las reestructuraciones de 2005 y 2010. Esto coincide, también, con la configuración de su matriz de gobernabilidad para los próximos años.

El acuerdo, hoy en manos de los legisladores, es el primer proyecto que presentó el Poder Ejecutivo a un Congreso cuya dinámica desconocemos. Lo hizo el 4 de marzo sin contar con un mapa de ruta certero sobre lo que iba a salir de allí. Su destino se juega por partida doble: economía y gobernabilidad de un solo tiro. El acuerdo es un protocolo para implementar, bajo tutela del connotado juez Thomas Griesa, los 21 convenios firmados en febrero pasado entre los representantes del Estado Argentino y diferentes fondos buitre, así denominados por su hábito recurrente de apostar a situaciones de default soberano con estrategias litigantes. Uno de esos 21 acuerdos es con la Task Force de los holdouts italianos que, de acuerdo a los que saben, no deberían calificarse como fondo buitre –aunque son coordinados por abogados que sí lo son–. La ganancia que estarían obteniendo todos estos acreedores es enorme, pero el acuerdo se está produciendo en un momento propicio, ya que tanto el Gobierno como un sector influyente de la oposición están dispuestos a pagar el costo de cerrar este capítulo. Algo que hoy es necesario para volver a los mercados voluntarios de deuda: no solo las calificaciones de riesgo serían muy altas para un Estado técnicamente en default, sino que los embargos dispuestos por Griesa no permitirían las operaciones bancarias necesarias durante la colocación de los títulos públicos.

Tras el primer paso dado en Diputados, viene la parte más compleja. Macri enfrenta un Congreso inédito: nunca, desde 1983, hubo un Poder Ejecutivo con apoyos legislativos tan débiles y tan escasos. De hecho, muy pocas veces el Congreso fue un obstáculo para los planes de la Presidencia. Por eso mismo Macri colocó a Emilio Monzó, uno de sus mejores operadores, al frente de la Cámara de Diputados. Allí se libraba una batalla clave, porque el Ejecutivo necesita al menos una Cámara que esté de su lado, y la de Diputados era la más accesible. En poco tiempo, Monzó cosechó el principal logro político de Macri desde que asumió: la escisión de un grupo de diputados del FpV y la conformación del Bloque Justicialista, liderado por el diputado Diego Bossio.

Mientras tanto, en el Senado, el bloque peronista (FPV – PJ) de 39 miembros –sobre el total de 72 de la cámara– se mantiene formalmente unido. Eso admite diferentes explicaciones: podemos destacar los méritos de los operadores del PRO en la Cámara Baja (Monzó), que lograron escindir una parte pequeña pero imprescindible del bloque peronista opositor, o bien podemos decir que la “fragmentación peronista” es en realidad un comportamiento administrado. En la teoría de juegos, a esta situación se la llama “equilibrio de coordinación estratégica”: en una gran batalla del Siglo XIX, dos comandantes de un mismo Ejército ubicados con sus respectivas columnas en lados opuestos de la colina sabían exactamente cuando y cómo actuar. Y no necesitaban WhatsApp para avisarse.

No obstante, solo una fórmula permitiría mantener la unidad del bloque sin que haya bloqueo a las iniciativas del Legislativo: una conducción flexible. Eso es lo que podría representar la jefatura de Miguel Pichetto para la etapa que se inaugura con esta votación crítica. Reivindicar la “libertad de acción” de los senadores para las votaciones controvertidas.

En este marco, merece un nuevo tipo de análisis la dinámica futura del Senado. En este mapa de fragmentaciones, coordinaciones estratégicas y conducciones flexibles, cada voto adquiere un peso especial y las realidades provinciales deberán ser entendidas con un mayor nivel de detalle. Y las de las cámaras legislativas también. Así como ya no existe la disciplina del jefe de bloque oficialista, también hay que descartar teorizaciones sin evidencia contundente como la que dice que “los legisladores dependen del jefe político provincial”, también conocido como “el gobernador”. La teoría del legislador dependiente parecía funcionar bien cuando Presidencia, gobernaciones y legisladores se alineaban bajo un mismo color político, aunque no se mirase minuciosamente las dinámicas internas distritales. Pero ahora, con una política multicolor, se verá si la teoría realmente funciona o no.

El color del alineamiento político de las provincias, a su vez, hoy responde a una variedad de tonalidades. Hay gobernadores de Cambiemos (apenas cuatro), otros del PJFPV oficial, otros del “peronismo cooperativo” (con dos subgrupos: de un lado aquellos que acompañaron a Macri en el balotaje, más cercanos al PRO, y del otro aquellos que se acercan recién a partir del mes de febrero), y por último están los gobernadores de las fuerzas provinciales (también, con dos subgrupos : de un lado los partidos provinciales ya consolidados, como el MPN, y del otro los de creación más reciente, como el Frente Cívico Santiagueño, que se “graduarían” en esa categoría apenas empiecen a congeniar con el nuevo oficialismo nacional). Este mapa de colores aún no podemos dibujarlo: recién podremos comenzar a hacerlo cuando se expresen las preferencias de cada mandatario provincial frente a la votación clave que se viene.

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