La corrupción, no es liberal ni populista

De Collor de Mello a Dilma, de Menem a Cristina, se repite un mismo ciclo de poder presidencial. ¿Importan más el contenido de las políticas o las formas institucionales?

Demasiado tiempo en el poder, presidencialismo concentrado y débiles controles institucionales arman una receta segura para que un gobierno, no importa si es de izquierda o de derecha, liberal o populista, termine averiado o hundido por la corrupción. En los ’90 fueron Menem, Collor de Mello y Fujimori. En los 2000, lo que fue de Chávez a Maduro, de Néstor a Cristina, de Lula a Dilma. Un mismo ciclo de ascenso y caída; un mismo modelo de articulación entre democracia delegativa y capitalismo prebendario que favorece políticas “cortesanas” y negocios de grupo a espaldas del pueblo. Llamamos así “corrupción” no a otra cosa que a la crisis de legitimación que sufre dicha fórmula cuando deja de responder a sus demandas sistémicas. ¿Es la corrupción el síntoma o la enfermedad? ¿La excusa o el móvil?

Es un patrón extendido y recurrente en América latina. Como lo señala Aníbal Pérez Liñán en reiteradas oportunidades los ciudadanos establecen una relación cíclica con el/la presidente, marcada inicialmente por demandas de gobernabilidad y decisiones contundentes, templada luego por una tolerancia cómplice con su estilo de gobierno, agrietada en forma tardía por cuestionamientos morales, y oscurecida finalmente por la demonización del presidente saliente. Así, el estilo decisionista del Ejecutivo es re-significado por la ciudadanía sucesivamente como una muestra de liderazgo, de pragmatismo, de arbitrariedad y de corrupción.

Hace veinte años, Guillermo O’ Donnell analizaba las consecuencias de basar la legitimidad democrática en la premisa de que quien gane las elecciones presidenciales “tiene el derecho a gobernar como le parezca conveniente, limitada sólo por la dura realidad de que existen relaciones de poder y por un mandato limitado (en el tiempo) constitucionalmente”. O’ Donnell ponía el acento sobre tres problemas de esta forma delegativa de la democracia: la ausencia de responsabilidad horizontal (control sobre el Ejecutivo ejercido por el Congreso u otras instituciones); un patrón de toma de decisiones en lo económico que está aislado políticamente y tiende a ser extremadamente tecnocrático, y un ciclo que va desde la “omnipotencia” presidencial en los primeros tiempos del mandato del presidente a la “impotencia” política al llegar al fin de su gobierno o perder el apoyo político y social.

Brasil es ahora el escenario en el que se desarrolla este drama latinoamericano. La situación de Dilma Rousseff, cada vez más comprometida, arrastra tras de sí un descalabro del sistema político brasileño cuya malla de contención está compuesta por los mismos sectores de poder que usufructuaron de los beneficios de dicho sistema de transacciones y beneficios. La operación Lava Jato y el caso Petrobras –el Mani Pulite brasileño- representan para unos un “proceso al populismo” y para los otros una conjura golpista. Ambas visiones, la que recarga las tintas sobre la conspiración y la que focaliza en Dilma y Lula como responsables de haber convertido al PT en un aparato corrupto de financiamiento político, soslayan el contexto interno y externo en el que se desarrolla. Lo que se está sometiendo al escrutinio público -ahora en manos de la Justicia y con exposición en los medios de comunicación- es un esquema de vinculación entre política y dinero que tuvo amplia aceptación y aliento mientras dio dividendos económicos y sociales y que ahora, en la retirada, deja en evidencia sus operatorias al margen, o por encima, de las leyes. Las revelaciones de los “Panamá Papers” muestran la dimensión global de este entramado.

Aparece entonces el recurso del juicio político, bien estudiado por Pérez Liñán en su libro “Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina” (FCE, 2009), como una forma de manejar situaciones extremas, ante la falta de un ejercicio más continuo de la supervisión parlamentaria, social e institucional en tiempos “normales”. Los controles se activan así de manera interminente para resolver la crisis de gobernabilidad más que para prevenir las consecuencias del predominio presidencial y los posibles delitos que se encuentran bajo la lupa. Una lección que dejaron crisis presidenciales anteriores es que los presidentes que ejercen un poder prácticamente irrestricto en un contexto de alta popularidad suelen convertirse en extremadamente vulnerables cuando sus índices de aprobación se desploman y las protestas masivas consumen su capital político.

En esa pendiente en descenso cada vez más difícil de remontar se encuentra ahora Dilma Rousseff, en un segundo mandato que puede terminar trunco. El proceso de juicio político puede volver a oficiar como el recurso más efectivo para enmarcar la caída de un gobierno electo, protegiendo al mismo tiempo una constitucionalidad democrática. Ya no hay golpes de Estado, todo se resolverá por la vía institucional. Pero el presidencialismo sigue allí como una solución al problema que se constituye, a la vez, como el problema mismo. Colocar la cuestión como parte de la batalla entre “gobiernos populares” y “corporaciones conservadoras” es confundir categorías temporales con espaciales y simplificar la cuestión. La corrupción no tiene que ver con el populismo o con el neoliberalismo, con la izquierda o con la derecha. Atraviesa cuadrantes ideológicos y los contenidos u orientaciones de los gobiernos. Tiene más que ver con la temporalidad y la integridad que con la espacialidad y la ubicación ideológica de quienes están en el poder. Como dijo el Pepe Mujica, siempre sabio: “La izquierda hace ‘chambonadas’ que la derecha luego aprovecha muy bien. Si le toca perder terreno, que lo pierda y aprenda”.

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