No son todos iguales

Todos los escándalos tuvieron y tienen impactos diferentes. ¿Qué pasará con Macri y los #PanamaPapers? La evidencia no es alentadora.

Por qué Carlos Menem pudo ser reelecto con total tranquilidad, luego de una serie de hechos escandalosos en su primer mandato, que incluyeron la sanción de una de las leyes centrales de sus primeros dos años de gobierno -la privatización de Gas del Estado-con un diputado trucho sentado en una banca? ¿Por qué, a diferencia de Menem, el Gobierno de la Alianza fue tan impactado por la votación de la llamada “Ley Banelco” en donde había menos evidencia de algo ilegítimo que con el diputrucho? ¿Por qué el kirchnerismo llegó a gobernar 12 años y ganar dos elecciones presidenciales aún con una gran cantidad de denuncias en su contra? ¿Por qué Evo Morales fue atacado en la última campaña por el plebiscito con una operación en la cual lo acusaron de tener un hijo extramatrimonial, que luego se reveló inexistente, y no por corrupción monetaria? ¿Cuál va a ser el efecto de los llamados #PanamaPapers sobre el Gobierno de Mauricio Macri?

En lo que quizá es el comienzo literario más famoso de la historia, León Tolstoi escribió que “mientras todas las familias felices se parecen, las infelices son desgraciadas en su propia manera”. Parafraseando, podría decirse que, mientras la política sin escándalos es similar, todos los escándalos tienen efectos diferentes. Estos, hay que decirlo, son hasta cierto punto independientes de la “evidencia objetiva” sobre el daño en cuestión.

Algunos escándalos (es decir, sucesos potencialmente ilegales inesperados que tienden un manto de grave sospecha sobre un gobernante) tienen la capacidad de realinear completamente el mapa político mientras que otros pasan sin pena ni gloria: como dijimos antes, Carlos Menem fue capaz de surfear sin mucho problema un primer período que tuvo una sucesión de sucesos escandalosos mientras que Fernando De La Rúa nunca pudo sanar las heridas de la sospecha de coimas en la Cámara Alta. Es difícil aislar las variables que permiten explicar uno y otro resultado, pero pueden plantearse algunas hipótesis (la evidencia, se avisa, está a modo de inicio de discusión).

La primera hipótesis es que el impacto político de los escándalos depende de dos variables: la relación con los preconceptos del público sobre el gobernante, por un lado y el impacto sobre la base de apoyo de su proyecto, por el otro. Habría que agregar, a éstas, una tercera: el alcance internacional, pero por ahora el análisis se concentrará en el aspecto puramente nacional o local.

La primera cuestión es que un escándalo, para perjudicar políticamente a su protagonista, tiene que ser verosímil, es decir, creíble. Por ejemplo, puede pensarse que en el caso boliviano no era creíble una denuncia de manejos económicos oscuros hacia Evo Morales porque es un presidente que ha hecho de la austeridad uno de sus puntales (casi tanto como el José “Pepe” Mujica). Sin embargo, la vida personal de Morales ha sido blanco de muchas historias y rumores, dado su soltería, que es infrecuente en un presidente sudamericano. Probablemente, un escándalo de tipo personal tenía más pregnancia que uno económico. Y a la inversa, resulta notable que la figura de Raúl Alfonsín no fuera nunca rozada por ninguno de los episodios en los cuales su Gobierno fue acusado de falta de institucionalidad: ni por la quiebra del Banco Alas ni por los famosos “pollos de Mazzorín” o la toma de La Tablada. Fundamentalmente, la imagen de Alfonsín como una persona desinteresada completamente por el dinero y orientada hacia la República fue siempre tan fuerte que resultó imposible “pegarlo” con cualquier denuncia de ese tipo.

La segunda cuestión es hasta qué punto el escándalo en cuestión afecta el “contrato” que esa figura política había establecido con sus votantes y, en especial, con su núcleo duro de apoyo. El contrato de voto se establece bajo la premisa de que un político es elegido para hacer ciertas cosas y con el compromiso implícito de que no promete otras. Sin tener ánimo de justificar lo injustificable, puede señalarse que el contrato de Menem no contenía “institucionalidad” como un valor predominante: su fortaleza era la gobernabilidad y, sobre todo, el control de la inflación. En cambio, el Gobierno de De La Rúa había hecho de la lucha contra la corrupción menemista la bandera principal de su campaña y, por ello, pagó un costo más alto cuando este valor moral fue puesto en duda no sólo sobre la sociedad toda sino, más críticamente aún, sobre sus propios votantes.

No puede saberse todavía cuál será el impacto del Panama Gate sobre la imagen de Mauricio Macri. Es muy poco probable que tenga un impacto mayor sobre el andamiaje de su Gobierno aunque bien pueda obligar a un “refresque” de su gabinete y al reemplazo de figuras como Laura Alonso o inclusive, si el calor aprieta, Néstor Grindetti. Pero sí puede afectar la valoración social sobre la figura del Presidente, tal vez sin retorno, y esto porque se combinan, desafortunadamente, los dos elementos anteriores. La primera cuestión es que este escándalo refuerza una percepción negativa preexistente sobre Macri, es decir, que éste, como le espetó sin anestesia la Barbara Walters argentina, Mirtha Legrand, a Guillermo Dietrich el pasado domingo que “Macri gobierna para los ricos”. La campaña de Macri a jefe de Gobierno de la CABA, primero y Presidente después, fue muy eficaz en borrar esta percepción social negativa que había sido explotada en su contra en el 2003 (“Mauricio es Macri”, decía Néstor Kirchner en ese entonces) para transformarlo en una figura cercana y “humana”. Pero la explicación oficial −que estas sociedades fueron armadas por su padre Franco− vuelve a ubicar al Presidente decididamente en una esfera a la que no pertenece la persona común.

La segunda variable clave es que la idea de terminar con la corrupción fue un bastión del contrato de voto de Cambiemos, que se mantuvo siempre notoriamente vago en sus promesas de política económica. Hoy casi todo el Gobierno (Susana Malcorra, Germán Garavano, Marcos Peña e, inclusive, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso) explican que son legales y habituales prácticas que fueron denunciadas enfáticamente como habituales del anterior Gobierno. Tal vez sus propios votantes estén de acuerdo, o tal vez entre ellos haya un cierto desencanto.

 

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