Sobre el veto presidencial

La construcción de la autoridad presidencial es mucho más que el veto de una ley controvertida.

No son pocos los que advierten que el veto presidencial a la ley de antidespidos aprobada por las cámaras sería un acto contrario al espíritu de la democracia. En primer lugar hay que señalar que todos los presidentes –en mayor o menor medida– hicieron uso del veto pues es facultad constitucional del Poder Ejecutivo. ¿Por qué veta un presidente? El veto es una facultad que no está sujeta, constitucionalmente, a una causa determinada. La fundamentación de la objeción puede deberse a diversas circunstancias, entre otras, percepciones distintas acerca de las políticas contenidas en las leyes, alusión a su inconstitucionalidad, cuestiones de conveniencia y oportunidad, defectos de los proyectos, diferencias de criterios o políticas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, etcétera.

¿El veto es una institución que va contra la República? La respuesta es no. La negación requiere algunas justificaciones. En primer lugar, con el veto total el presidente no dicta legislación, sino que impide que la que aprueba el Congreso se promulgue y aplique. En segundo lugar, el mecanismo del veto forma parte de mecanismo de checks and balances, donde cada rama del Estado interviene parcialmente en las otras. La cuestión tiene otros matices con el veto parcial pues allí sí el presidente obra más como legislador.

El veto fue concebido como recurso institucional para que el Ejecutivo se “defendiera” del Legislativo. Se ha dicho que el veto es un indicador de conflicto institucional, en realidad fue pensado para el conflicto interpoderes, desde una suerte de “realismo institucional”. Hoy día parece haberse alterado la prevención de los autores clásicos y la inquietud es cómo puede el Legislativo  “defenderse” del veto presidencial. En realidad, el mero uso del veto en la vida política está hablando de un poder congresional considerable. Haya o no insistencia del Legislativo, la presidencia al ejercer el veto está poniendo de manifiesto que existe un Congreso que dicta leyes que son objetables para el Ejecutivo, o en otros términos, que el Legislativo tiene sus propias visiones sobre las políticas implementadas en las leyes. Un cambio producto de las últimas elecciones.

Históricamente, en el caso argentino, el número de leyes vetado por los presidentes, en promedio, no parecen evidenciar un ejercicio abusivo, más allá de las diferencias entre las presidencias. Asimismo, desde la vuelta a la democracia –al menos en gran parte del período– se observa que es mayor el número de vetos presidenciales y mayor es también la insistencia congresional lo cual es un indicador que los poderes –cuando no son colonizados por una sola fuerza política– pretenden ejercer sus facultades constitucionales con el fin de llevar adelante sus políticas, de acuerdo a sus propias concepciones e intereses.

Desde la teoría política institucional, se mantienen como legítimos los argumentos esgrimidos en torno a la existencia de una mayor deliberación cuando se produce un veto y el proyecto vuelve a las Cámaras. También es cierto que cuando ello sucede existe una mayor visibilidad respecto de las políticas que se instrumentan en las leyes y la población toma conocimiento de esta diferencia de criterios y de políticas. Por otra parte, dentro del formato presidencialista el veto es parte del diseño de división de poderes y del mecanismo de checks and balances.

Concretamente respecto del veto de la ley en cuestión –la ley antidespidos–, probablemente el Presidente haya sobredimensionado la importancia de una ley que, en el conjunto de problemas económicos y sociales que debe enfrentar el nuevo gobierno no parece ocupar un lugar central para su resolución. ¿Buena o mala ley? Para el Gobierno ahuyenta inversiones y atenta contra la creación de nuevos empleos. Para la oposición y los sindicatos protege a los actuales trabajadores en un contexto de pérdida de empleos. La Iglesia ha calificado la situación como de “fragilidad del empleo”. La discusión podría ser extensa. En realidad se trata de una ley que no se aplica a los nuevos empleos y es por seis meses. De acuerdo a la propia lógica del gobierno en el segundo semestre la situación económica y social cambiaría para mejor. El daño, entonces, no sería tan grave como advierte el oficialismo. Pero su argumento es que una vez en vigencia la ley, continuará más allá de los seis meses.  Argumento  poco sostenible. Para su continuidad más allá de los seis meses haría falta otra ley y, esta vez sí el Presidente podría vetarla. Preocupante ha sido la justificación del exótico asesor  Durán Barba quien en los medios ha dicho que Macri no pagará costos por el veto pues, en definitiva, la gente no cree ni en el Congreso ni en sus leyes e incluso el veto podría robustecer su autoridad. Argumento que podría también justificar la legitimidad del kirchnerismo con su “Congreso-sello de goma” e incluso pasadas o futuras aventuras autoritarias. Parece más una disputa entre actores políticos que un tema absolutamente central para la encrucijada en que se encuentra la política económica y social. Puede ser que el Presidente no quiera que Massa ocupe el papel de árbitro en el Congreso o que el kirchnerismo continue siendo la fuerza con la cual confrontar. También puede ser que quiera afirmar su lugar de autoridad en la búsqueda de su propio estilo presidencial. Lo cierto es que el voto de los legisladores unificó por un instante gran parte de las fuerzas de un peronismo dividido y puso en la vereda de enfrente al sindicalismo. El veto –según Macri– evitaría costos económicos que retardarían la recuperación. Habrá que ver los costos políticos para el Presidente, especialmente desde el lado de un sindicalismo en recomposición.

Es sabida la cantidad de vetos de Macri como jefe de gobierno de la Ciudad, pero ahora es Presidente. Utiliza lo que conoce y que le sirvió como intendente. Pero desconoce aún la caja de herramientas de un presidente, donde el veto ocupa un lugar importante pero insuficiente. Este primer veto ha demostrado también las patas cortas de la estrategia del “PRO puro” hacia el futuro. ¿Recurrirá a un acuerdo de gobernabilidad?, ¿negociará cada ley en el Congreso? ¿Elegirá a un sector del peronismo con el cual establecer un acuerdo más cercano a una coalición? Macri está buscando su perfil como presidente, que no se agota en la preferencia del PRO de la gestión por sobre la política. Para que Macri ingrese en el terreno pleno de la política deberá realizar un análisis serio de la situación social real y bucear en la caja de herramientas que poseen los presidentes y que no necesariamente conoce su entorno de CEO’s y de políticos que se estrenan en un escenario que excede el ámbito de la capital. El Gobierno ha tomado muchas medidas acertadas ya desde el principio de su gestión, pero no logra convencer en cuanto a una sensibilidad social que parece demasiado suave y está siendo su punto de mayor flaqueza. La construcción de la autoridad y el fortalecimiento presidencial es mucho más que el veto de una ley controvertida.

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