La detención del ex secretario de Obras Públicas puede terminar con el clivaje que hoy estructura la política argentina en torno al kirchnerismo, lo que puede suponer costos para el oficialismo.
Tras su derrota electoral en 2015, el kirchnerismo retuvo una muy baja presencia en términos institucionales, aunque con un poder de movilización todavía muy latente. Una gobernadora, un tercio de los diputados, un puñado de senadores y dos intendentes del conurbano, por un lado, pero con millones de militantes y adherentes dispuestos a movilizarse incluso a Comodoro Py con la ex Presidenta Cristina Fernández citada a indagatoria. Así, como señalaba José Natanson, el kirchnerismo parecía tener un destino de subsistencia como una "minoría intensa", con escasas posibilidades de volver a la Presidencia (aunque no inexistentes), dependiendo para ello de un eventual caos producto de un deterioro de la economía o de la gobernabilidad presidencial (paradójicamente, ambos factores exógenos a esa "minoría intensa").
Sin embargo, la detención del ex secretario de Obras Públicas, José López, y el entramado de corrupción que podría llegar a develar, cambió radicalmente el escenario. La materialidad del caso (el hallazgo de las bolsas llenas de billetes y relojes, el monasterio, la denuncia de madrugada) volvió más palpable este evento que los Panama Papers, la evasión impositiva a gran escala u otros casos antiguos de corrupción, y por ende, más repudiable para la "mayoría pasiva", que -algunos consultores empiezan a advertir- ya estaba en proceso de cambio hace varios meses.
Así, cabe suponer que el caso López culminará con el fin del kirchnerismo si no como fuerza política, al menos como proyecto con posibilidades hegemónicas o electorales viables.
LA REACCIÓN OFICIAL
Ante los hechos, el Gobierno salió a meterse de lleno en el tema como no lo había hecho ante la detención de Lázaro Báez o los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, presuntamente vinculados al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Marcos Peña, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, entre otros, y el mismo Mauricio Macri repudiaron el hecho y aprovecharon -una vez más- para diferenciarse del kirchnerismo. Ante la corrupción, los sobreprecios en la obra pública, el enriquecimiento ilícito y la “política sucia” emparentada con el gobierno saliente, los funcionarios del PRO se mostraron nuevamente como el cambio, la transparencia, la honestidad. Pero allí, precisamente, radica el mayor problema que el caso López podría traerle al Gobierno.
En los últimos meses, el oficialismo construyó su imagen en parte en contraposición a la del kircherismo. Las encuestas muestran que junto a la confianza en el futuro, el otro factor que mantiene elevada la imagen positiva de Macri y su gestión es la comparación frente al gobierno saliente. En ese dato se amparaban las posturas que abogaban por un mayor énfasis en la "pesada herencia" revelada en la apertura del año legislativo o en el documento El Estado del Estado. En un panel de sociólogos organizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Carlos de Angelis aseguraba que con estas medidas el Gobierno buscaba "crear retrospectivamente una crisis que no recibió" para amparar sus decisiones en ella.
En cambio, si los hechos recientes terminan con el kirchnerismo como opción electoral y lo relegan a un rol marginal, uno de los principales clivajes que hoy estructuran la política argentina (en torno al kirchnerismo y antikirchnerismo), podría tender a desaparecer.
Más aún, sin el kirchnerismo en cancha, el peronismo podría encontrar más rápido su reunificación, algo que irá pasando indefectiblemente a medida que se acerque 2017 y, más aún, 2019. En la última semana, ex y actuales gobernadores, y funcionarios peronistas se desmarcaron de su pasado kirchnerista, y varios legisladores aprovecharon el momento para concretar su salida de los bloques del FpV en el Congreso, reforzando el peso del peronismo de gobernadores. "Si miramos bien la estrategia del Gobierno, necesitaba al kirchnerismo. Ahora va a tener que enfrentar a un peronismo unificado y a Massa, y el peronismo unificado es más peligroso", señalaba a propósito de ello Andrés Malamud, en una entrevista reciente con La Política Online.
Por otra parte, según reconocen en el Ministerio del Interior, el Gobierno se vio obligado a diseñar una estrategia que aleje las sospechas en torno a la obra pública en un contexto en el que la reactivación económica se demora y el Gobierno busca salir a su encuentro apuntalando, precisamente, las inversiones en obra pública.
Además, en el Congreso, Cambiemos aprovechará la centralidad de la corrupción como preocupación popular y mediática para impulsar su agenda legislativa vinculada a cuestiones judiciales y de transparencia: además de la ley de acceso a la información, que ya cuenta con media sanción de Diputados, la ley del arrepentido, la recuperación de los activos obtenidos de manera ilegal por funcionarios, y la reforma del Ministerio Público Fiscal, entre otros proyectos. Lo mismo harán otros bloques, como el Frente Renovador, que impulsará la tipificación del delito de corrupción y su imprescriptibilidad.
