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Instituciones eficientes para el control del Estado

casarosada07
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28 junio de 2016

(Columna de Natalia Aquilino, directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC)

La supervisión del gobierno y la administración del Estado adquieren formas diferentes según la distribución del poder que hayan diseñado los sistemas políticos. En la Argentina, el Poder Ejecutivo cuenta con instituciones de supervisión y vigilancia internas, por lo general poco eficaces. El Poder Legislativo por su parte, tiene funciones de supervisión y control externo asignadas, y tampoco logra ejercerlas con tanta eficacia como quisiéramos.

Pero no todo es una cuestión de diseño institucional. Los valores con los cuales se ejerce la supervisión también importan. Puede haber más foco en el control presupuestario, en la auditoría de la ejecución, o en la evaluación de los resultados. Puede haber laxitud o rectitud en la interpretación de las normas. En esto también influyen tradiciones y decisiones. Pero lo que hace efectiva a la supervisión y al control es la creencia que los actores tenemos o no en que esa supervisión y control a) tiene lugar por los motivos correctos (es “bueno”), b) sirven, son efectivas, y c) producen consecuencias. Si esto no sucede cotidianamente, las instituciones y los mecanismos no funcionan.

Pongamos un ejemplo, el mecanismo de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Legislativo, el informe mensual del Jefe de Gabinete de Ministros a las Cámaras del Congreso. Como espacio de responsabilidad de los funcionarios ejecutivos (los supervisados), ese mecanismo es deficiente: desde 1995, los jefes de Gabinete fueron al Congreso menos del 40% de las veces que deberían haber ido a presentar sus informes. Como espacio de pedidos de explicación del Legislativo (los supervisores) el mecanismo también es deficiente, porque los legisladores no coordinan entre sí una agenda de rendición de cuentas y sólo atormentan a los equipos de Jefatura para que contesten cientos de preguntas por escrito en menos de cinco días. Los mecanismos que existen simplemente no funcionan. Hay una creencia muy arraigada de que no sirven para nada y, peor aún, que no traen consecuencias directas políticas, administrativas, morales o legales.

Estamos frente a un Estado con dispositivos de rendición de cuentas existentes, variados, abultados y normados, pero indefectiblemente poco efectivos en materia de control interno y externo de la administración pública. Los resultados están a la vista. De todos, personas e instituciones.

Pero qué pasaría si logramos complementar este diseño con instituciones y mecanismos que miren la evidencia y los resultados de la acción del gobierno desde un punto de vista substantivo. Instituciones que logren capturar el impacto de la política en la vida de las personas. Instituciones que no sirvan sólo para inquirir, preguntando y respondiendo contra las normas, sino para identificar quiénes ganan y quiénes pierden con la acción del gobierno y la administración de lo público. Instituciones que sirvan para saber cómo las personas reales ganan y pierden, que pongan en blanco sobre negro aquello que implica hacer trampa.

¿Podría alguien estar en contra de ello?

Quizás es momento de hablar de una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas que garantice el análisis continuo e independiente de los resultados del gobierno, que gestione mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan una mejor supervisión estatal, y que fundamentalmente cree confianza en sus procedimientos y construya sobre valores que descansen más sobre la efectividad del sistema que sobre la efectividad individual.

La Argentina cuenta hoy con varias características que llevaron a otros países a la instauración de sistemas de evaluación efectivos: restricción presupuestaria, que requiere mayor efectividad de las acciones sobre las que se invierten recursos limitados; la sospecha de la efectividad de la acción pública; y la existencia de instituciones que pueden liderar este proceso.

Innovemos. Como estamos, no funciona.

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