entrevista >>> Delia Ferreira Rubio, especialista en Derecho Constitucional
(Por Facundo Matos Peychaux)
Tras el receso legislativo de mitad de año, el Gobierno impulsará la discusión del proyecto de reforma electoral que instaura la Boleta Única Electrónica, entre otros cambios. En el tratamiento legislativo de la iniciativa, el oficialismo tendrá que despejar algunas preguntas en torno a la capacidad de controlar y auditar el proceso de votación y escrutinio, y la factibilidad de su implementación para todo el electorado en 2017, a menos de un año. En diálogo con el estadista, Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y miembra de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, es crítica. “El sistema que se propone sólo corrige un problema (el robo de boletas) y como todos los sistemas electrónicos, genera nuevas vulnerabilidades, es caro y poco transparente”, plantea.
La reforma electoral que promueve el Poder Ejecutivo fue calificada como “cosmética” por muchos analistas. ¿Coincide con esa lectura?
No, no es una reforma cosmética en absoluto. Proyecta introducir un modelo de voto electrónico: la boleta única electrónica que se usó en Capital y en Salta. Pero el problema del robo de boletas ?que es el único que soluciona efectivamente este proyecto- se puede resolver de forma más sencilla, transparente, práctica y económica con la boleta única papel, como la utilizada en Santa Fe y Córdoba y por el resto de los países del mundo, con la única excepción de Brasil, Venezuela e India.
¿Qué enseñanzas dejan esas experiencias internacionales?
La BUE no se aplica en ningún otro país del mundo. En Israel exploraron un sistema similar, pero lo abandonaron sin aplicarlo. Los sistemas de Brasil, Venezuela y la India son diversos a la BUE. Pero si de experiencia comparada se trata, la lección aprendida es que los países más modernos y desarrollados usan la boleta única papel, una tecnología probada, entendible por los electores, transparente, sencilla y más barata que la BUE.
En Argentina los casos de Salta y la CABA -aunque tuvieron diferente método de implementación- no despertaron mayores críticas.
La boleta única electrónica se utilizó en Salta, donde se la implementó gradualmente, y en Capital, donde se la aplicó en forma total en 2015. A la gente le gustó votar con la máquina. Los especialistas detectaron filtración de información, posibilidad de lectura del contenido de las boletas (y por consiguiente nuevas formas de compra de votos), posibilidad de multivoto (varios votos diversos en un mismo chip que no era detectado por el sistema en el recuento) y otras vulnerabilidades. Ninguno de estos problemas fue detectado por las auditorías oficiales realizadas. Lo único que garantiza ciertamente el sistema es que no habrá robo de boletas, aunque eso también se logra con la boleta única papel, sin privatizar de hecho el proceso electoral, como sucede con la BUE.
“La modificación de las PASO que impulsa el proyecto del Poder Ejecutivo restringe derechos a los electores”
¿El problema está en el sistema en sí o en las garantías que ofrece o deja de ofrecer el proyecto del oficialismo en particular?
El sistema que se propone sólo corrige un problema (el robo de boletas) y como todos los sistemas electrónicos, genera nuevas vulnerabilidades, es caro y poco transparente.
Es esperable que el proyecto tenga un debate largo e intenso en el Congreso, lo que acortaría aún más los tiempos para la implementación del nuevo sistema de votación. ¿Se puede lograr en tiempo y forma?
Este proyecto merece una discusión seria y sin apuros en el Congreso. Suponiendo que el Congreso aprobara el sistema electrónico, estaríamos seguramente a menos de un año de las PASO. El tiempo es muy escaso para la adopción de este sistema para todo el país.
Cuando tuvo que dejar atrás algunos ejes de la reforma que buscaba, el Gobierno argumentó que reformar al mismo tiempo el “árbitro” y las “reglas”, era implosible, y ante eso optó por cambiar el sistema de votación y no el órgano administrador. ¿Debería haber sido al revés, en tu opinión?
Se puede perfectamente reformar ambas cosas. Hay que sacar toda intervención en el proceso electoral al Ministerio del Interior -es decir, al gobierno de turno-, otorgando a la Cámara Electoral Nacional -único organismo permanente y especializado- la máxima autoridad en la administración y control de la elección. El Gobierno es uno de los competidores en la elección y carece de la imparcialidad para controlar el proceso garantizando equidad, transparencia e integridad. Con el proyecto del Poder Ejecutivo, el gobierno de turno gana más poder en materia electoral que el que tiene en la actualidad. De aprobarse el proyecto, el gobierno no sólo controlará el escrutinio provisorio, sino que también se encargará de licitar, contratar y proveer el sistema electrónico a utilizar.
La reforma instaura además las PASO por agrupación. ¿Qué efecto puede tener ese cambio sobre los partidos políticos este dato y sobre la elección de los candidatos por parte de los ciudadanos, que era el objetivo original de las primarias?
La modificación de las PASO restringe los derechos de los electores ya que no les permite elegir para las distintas categorías a candidatos o listas de diversos partidos. Primero hay que optar por un único partido o alianza y sólo se podrá elegir entre los precandidatos de ese partido para todas las categorías. Otra restricción a la participación ciudadana en la selección de candidatos está referida al candidato a vicepresidente de cada fórmula, que será elegido a dedo por el respectivo candidato a presidente. Ambas modificaciones producen efectos contradictorios: la primera tiende a fortalecer a los partidos, la segunda debilita a los partidos y fortalece a los candidatos. En ambos casos, el ciudadano pierde poder.
