¿Juicio político o golpe de Estado?

El impeachment de Dilma Rousseff generó un debate que requiere mucho rigor porque pueden darse casos similares en la región.

En 2015, en esta columna se dijo que el fin de Dilma era más que probable. Parecía un pronóstico demasiado apresurado. No obstante, ya estaban los indicadores que hacía prever un proceso de caída. En 2016 la situación empeoró y no pudo mejorarla la buena disposición de Lula, quien se vio también comprometido. La situación de Dilma se vio más complicada. Grupos opositores movilizaron a la ciudadanía para obtener la renuncia de la mandataria o activar el proceso de impeachment. La situación económica de Brasil empeoró notoriamente y la imagen de la mandataria siguió en plano inclinado. La presidenta designó a Lula como Jefe de Gabinete y asumió el 17 de marzo en un acto de fuerte contenido, político donde denunció intenciones golpistas respecto de su gobierno. La designación pareció perseguir dos objetivos. Por un lado, fortalecer al jaqueado gobierno de Dilma con la pieza más fuerte para jugar: el ex presidente. Por otro lado, se especulaba que el propio Lula se beneficiaba con cierta inmunidad que podría ofrecerle el cargo.

Entretanto, el PMDB decidió dar una serie de pasos comenzando con no ingresar con nuevos cargos en el gobierno mientras resolvía si iba –o no- a permanecer en el gobierno. El vicepresidente Temer no asistió al acto de designación de Lula. Pero Lula duró menos de un hora pues el Juez federal Itagiba Cata Preta Neto dictaminó una medida cautelar suspendiendo el desempeño del ex presidente. Y los hechos se sucedieron. El PMDB se retiró del gobierno y sólo permaneció el vicepresidente Michel Temer, listo para reemplazar a la cuestionada presidenta. Lula, por su parte, denunció un golpe de Estado en marcha a través del uso del impeachment y a Temer como el favorecido por la conspiración.

En el mes de abril una mayoría de 367 diputados sobre un total de 513 miembros votó a favor de acusar a la presidenta alcanzando los dos tercios requeridos por la Constitución para continuar con el proceso de impeachment. Hubo 137 votos en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias. Y en el mes de mayo el Senado, por 55 votos a favor, 22 en contra y luego de más de 18 horas de sesión, decidió la suspensión del cargo de la presidenta por 180 días, tiempo durante el cual se tramitaría el impeachment. Temer se hizo cargo de la presidencia provisional. Transcurridos 8 meses y 17 días del inicio del proceso de impeachment ocurrió el desenlace. El Senado aprobó por 61 votos (hacían falta 54) la destitución de la presidenta contra 20 que rechazaron la medida y no hubo abstenciones. Por el contrario, la iniciativa para inhabilitarla por ocho años no logró la mayoría necesaria. En su defensa, Dilma Rousseff dijo que se trató de un ¨Golpe contra la democracia¨ y no de un impeachment. Negó todos los hechos por los cuales la acusaban. Su defensa argumentó que ninguno de los hechos tenía entidad para la destitución de la mandataria. Continuará en la presidencia, entonces, Michel Temer, su ex vicepresidente del PMDB. Este partido es uno de los más protagónicos de Brasil y tiene un número significativo de diputados y senadores. Ha tenido un papel relevante en la nueva etapa democrática de Brasil. Ha llegado a la presidencia en tres oportunidades, desde la vicepresidencia. Fueron tres crisis las que alojaron en el poder a los vices del PMDB. Primero, con la muerte de Tancredo Neves ascendió José Sarney, con el impeachment y la renuncia de Collor de Mello sucedió Itamar Franco y, ahora, Michel Temer.

¿Juicio político o Golpe de Estado? Similar debate al producido en el proceso contra Lugo. Podrá decirse que el motivo del juicio no tiene suficiente entidad, que en realidad se la juzga por otras cuestiones, que se quiere desalojar del poder al PT y que gran número de los diputados que votaron contra Dilma tienen sus propias acciones por corrupción. Respecto al motivo, fue violar normas fiscales y maquillar el presupuesto en vista a su reelección. Dilma no tiene causas por corrupción. Por el contrario, se ha sostenido que gran parte de sus acusadores están envueltos en causas por corrupción.

La equiparación con un golpe no es una ecuación afortunada, si el proceso se realiza según las reglas y procedimientos estipulados en la Constitución, no es cuestionado por la Justicia e intervienen los actores que estipula la Constitución. Todos los actores del proceso –diputados y senadores- tienen legitimidad democrática pues han sido elegidos por la población. Ni la sospecha de haber realizado actos de corrupción inhabilita legalmente a los legisladores. La objeción, en todo caso, podrá ser moral. También se ha diferenciado entre la legalidad y la legitimidad del desplazamiento de Dilma. La canciller Malcorra ha intentado este camino en un reportaje. El impeachment sería legal, pero de dudosa legitimidad. Cabe preguntarse ¿quién juzga la legitimidad? El término sirve para aceptar la legalidad, pero implica reservarse la opinión sobre la honestidad de las intenciones y el comportamiento de los actores. La posición agrega un gris que no aclara, oscurece. Chile y Colombia también han recorrido caminos intermedios sin cuestionar el impeachment, pero destacando la figura de Dilma.

Cabe señalar que es un lugar común de los presidentes sometidos a procesos de destitución en el ámbito del Congreso, que dijeran que fueron víctimas de un golpe. Sobran los ejemplos: Collor en Brasil (1992), Pérez en Venezuela (1993), Bucaram en Ecuador (1996), Lugo en Paraguay (2012). También los presidentes que tuvieron que renunciar forzosamente por protestas callejeras dieron la misma respuesta. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua han condenado la destitución y consideran que Dilma ha sido víctima de un golpe. Así como Maduro considera que el referéndum revocatorio en marcha en Venezuela es un golpe de los enemigos de la revolución chavista. Golpes de estado existieron en las décadas en que los militares derrocaron gobiernos constitucionales o en algunos casos como los de Jamil Mahuad, en Ecuador (2000) o Mel Zelaya en Honduras (2009). Desde la vuelta a la democracia varias de las interrupciones presidenciales que han sellado los Congresos de la región han reflejado, en todo caso, una disputa intraelites más que claros y rigurosos procesos de impeachment o inhabilidad del presidente. Incluso el ¨clima de época¨ ha influido en los comportamientos políticos. Pero la distancia con los golpes de Estado es, todavía, significativa. La utilización del concepto de “golpes blandos¨ o “golpes suaves” (parlamentario, constitucional, etcétera) no hace más que encubrir un análisis de la realidad latinoamericana que debe y merece ser más riguroso.

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