El cambio se produjo, en realidad, hace un año, con el estreno del balotaje en una elección presidencial. Lo que sucedió entonces fue la conformación de una nueva mayoría electoral que superó a la parcialidad que había ganado en la primera vuelta. La competencia mostró un juego inusual en la política argentina: reglas previsibles, resultados inciertos. Con certidumbre de reglas, incertidumbre de resultados; eso es lo que distingue a una democracia competitiva, de un tipo de democracia delegativa o de partido hegemónico en el que se acomodan las reglas y leyes a medida de los propósitos del gobernante de turno o del elenco que controla el tablero. Durante el proceso electoral del 2015, el electorado le fue marcando la cancha a sus figuras protagónicas y las obligó a replantear sus estrategias y mensajes de campaña, a jugar un juego diferente. Fue una rareza para las tradiciones políticas nacionales y representó, por ello, la oportunidad de un potencial salto de calidad democrática.
La alianza Cambiemos fue la beneficiaria de ese cambio y la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, su consecuencia. La sociedad argentina eligió para gobernar el país la segunda mitad de la segunda década del Siglo XXI a una figura política que no provenía de los dos partidos tradicionales que representaron a lo largo del siglo veinte a las “mayorías populares”. Por primera vez un partido no peronista ni radical gobernaría la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en simultáneo. Ese mandato popular fue su principal fortaleza originaria.
Por otro lado, se trataba de un gobierno que carecía de mayoría legislativa, tanto en Diputados como en el Senado. Esa fue su mayor debilidad de origen: entendió que debía escuchar y explicar sus decisiones sin imponer criterios; que debería negociar, debatir, acordar y si es preciso, conceder y corregir, para poder aprobar las leyes. Un partido, el PRO, al frente de una coalición que debería combinar reorientaciones, cambios y continuidades; preservar gobernabilidad y tomar riesgos. Hace un año quedaba atrás una larga década en la que la política nacional gravitó en torno de un mismo apellido y un partido dominante. Por eso aquel 51-48 % del balotaje de noviembre 2015 puede considerarse como un punto de inflexión que demarca el paso de un tipo de democracia mayoritaria a otra de tipo más “consociativo”, donde el poder se encuentra más repartido y es necesario gobernar en base a coaliciones y acuerdos y consensos.
Quedaron así trazadas las líneas para un cambio real, no meramente circunstancial o retórico. Que los actores centrales de este juego lo hayan entendido así es otra cuestión. Y aquí resaltan, entonces, pros y contras. Hubo aprendizajes en este año: se produjeron aciertos y se cometieron errores. Algunos fueron enmendados. Otros seguirán aflorando. El Presidente su equipo buscaron compromisos con los gobernadores provinciales, y no les fue mal. Lo mismo hicieron con sindicalistas y empresarios. Tuvo también una favorable acogida en sus giras internacionales que le permitieron sortear algunos traspiés diplomáticos y errores garrafales, como la sobreactuación presidencial con Gran Bretaña por Malvinas. El Congreso, por su parte, comenzó a funcionar como ámbito de discusión y producción legislativa de un modo diferente: la iniciativa del Ejecutivo no impuso la agenda sino que confluyó con la iniciativa del Legislativo, con el concurso de oficialismo y oposición. Se fueron acotando, además, las facultades delegadas y poderes extraordinarios del Ejecutivo. En las últimas semanas del año se vieron algunos resultados sorprendentes: 1) Todos juntos, el kirchnerismo inclusive, alrededor de una misma mesa acordando en el Congreso el tratamiento de la ley de emergencia social y la reforma del impuesto a las ganancias en sesiones extraordinarias. 2) El acuerdo logrado con empresarios y la CGT para evitar despidos de trabajadores hasta marzo del 2017. 3) El compromiso oficial de ampliar las partidas presupuestarias destinadas a planes asistenciales con los referentes de los principales movimientos y organizaciones sociales: Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la Corriente Clasista y Combativa.
En la columna del “debe” hay que anotar que los resultados sociales y económicos están lejos de ser satisfactorios. Tampoco ayuda la idea de que cuando la economía empiece a dar signos auspiciosos de recuperación, habremos superado el momento más difícil y estaremos embarcados en un nuevo ciclo de crecimiento y bienestar. Es un problema de acción colectiva que nos complica siempre: una racionalidad individualista y utilitaria produce resultados colectivos cuanto menos frustrantes. Además del problema de inversión en los términos: la economía no dará signos más alentadores y los más graves problemas sociales ?pobreza, desempleo o subempleo, inseguridad? no se resolverán con éxito, mientras no exista un impulso público-privado animado de proyectos sugestivos y viables de desarrollo.
En síntesis, en su primer año de gestión, el Gobierno perdió algunas jugadas en el plano de la competencia interpartidaria con la oposición, soporta un natural desgaste y costos políticos en su primer año de gestión. Por contraparte, invirtió en gobernabilidad sistémica, obligando a compartir decisiones e incorporando a la mesa al sindicalismo y los empresarios además de involucrar y reconocer como interlocutores a los representantes de los movimientos sociales. Aunque la palabra “inversión” debe ser aquí relativizada: se trata, en todo caso, de una renovación del crédito con nuevo endeudamiento. Deuda contraída con los acreedores y con la sociedad, que tarde o temprano habrá que pagar, de una u otra forma.
