1962-1963: La guerra civil del antiperonismo

(Columna de Santiago Senén González y Fabián Bosoer)

Hace 55 años, el enfrentamiento entre “azules” y “colorados” mostraba las perniciosas consecuencias de la politización de las Fuerzas Armadas y la ruptura de la democracia.

Tras el derrocamiento de Arturo Frondizi, el 29 de marzo del 1962, las disputas militares intestinas estallaron en el enfrentamiento entre las facciones de “azules” y “colorados”, que terminó con decenas de muertos y heridos en las calles de Buenos Aires y choques violentos en guarniciones del interior del país. En esos primeros meses del año 62 hubo además una serie de conjuras, hechos de violencia, episodios policiales y muertes misteriosas con alguna implicancia política o involucramiento de las fuerzas de seguridad y el aparato de inteligencia militar. El gobierno de José María Guido conducía un proceso político que debía desembocar en elecciones presidenciales con el peronismo proscripto, mientras apellidos emblemáticos de las elites conservadoras –Pinedo, Alsogaray, Martínez de Hoz– manejaban la política económica y militares de la “línea dura”, como los generales Osiris Villegas, Francisco Imaz y Eduardo Señorans, controlaban el poder políticomilitar de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, las primeras células de guerrilla “foquista” nucleadas en el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) e inspiradas por Ernesto Che Guevara, empezaban a operar en el norte del país.

El contexto internacional contribuía a incentivar las agendas paralelas y secretas. Los hilos de esas disputas llegaban a Washington, donde el Pentágono se dedicaba a abortar los propósitos de la Alianza para el Progreso y el presidente John Kennedy debía vérselas con el fracaso de la invasión anticastrista en Bahía de los Cochinos y la crisis de los misiles en Cuba y las empresas multinacionales, a través de sus representantes oficiales o encubiertos, podían definir la suerte y el destino de gobiernos. Ese era el clima de aquellos “años terribles”, como los definiría Félix Luna: “Recesión económica y tensiones militares dieron a ese período un aire sombrío, de confusión y sobresaltos, de iliquidez monetaria y quebrantos comerciales, de falta de autoridad en el gobierno y en las fuerzas sobre las que debía reposar la seguridad de la Nación, convertidas de hecho en verdaderas bandas armadas”. En ese ambiente en el que la política se confundía con la acción psicológica y se tramaba en clave conspirativa, la llamada “Resistencia peronista” intervenía, por su parte, con acciones de sabotaje y agitación dando cuenta de que la proscripción no podía ocultar la persistencia del peronismo como fenómeno arraigado y la capacidad de sus dirigentes de adaptarse a las circunstancias.

Fueron 19 meses de semilegalidad, escribe Roberto Etchepareborda, “en los que el Presidente (Guido) hubo de adaptar su rumbo a las diversas presiones provenientes de los sectores militares predominantes…”; sectores que, a su vez, se ligaban a diferentes grupos políticos e intereses del mundo civil. Alain Rouquié describe el período como de “anarquía militar y gobierno civil restringido”. Mientras se proclamaba como valor supremo la verticalidad castrense ante los “mandos naturales”, existía un estado deliberativo en los cuarteles que combinaba disidencias políticas, rivalidades de cuerpo, ambiciones personales y oportunismos.

La inestabilidad institucional en el ámbito castrense era permanente: entre marzo de 1962 y marzo de 1963 se sucedieron –reemplazados bajo presión de las fuerzas en pugna o como resultado de los enfrentamientos– cinco Secretarios de Guerra (Ejército), tres de Marina y tres de Aeronáutica. Relevos, pases a retiros forzados y sanciones proliferaron entre los mandos subordinados a merced de los resultados del conflicto. En el clima político de la Argentina de la época –como había ocurrido en los años precedentes–, los rumores sobre pronunciamientos, conspiraciones y movimientos de tropas eran la comidilla cotidiana. En las Fuerzas Armadas se distinguieron, a grandes rasgos y con matices, dos importantes grupos: los “legalistas” y los “golpistas” (a los últimos Robert Potash los define como “antiintegracionistas en vista de su férrea oposición a los esfuerzos de Frondizi y los demás líderes políticos por reintegrar a los peronistas al proceso político…”).

Las fronteras ideológicas entre ambos sectores eran confusas y variables. Pesaban distintos enfoques en cuanto a la exclusión o integración controlada del peronismo en el juego institucional y al rol político que debían jugar las Fuerzas Armadas. Los más radicalizados golpistas preferían una lisa y llana dictadura militar en nombre de la democracia; en el otro sector predominaba la idea de una posición “profesionalista” al margen de las pugnas políticas pero no renunciaban a un rol tutelar sobre el poder civil. Se jugaba también la distribución de los espacios de poder: la Marina había adquirido, desde el punto de vista de sectores militares, un papel demasiado importante desde 1955. Dentro de cada una de las fuerzas se advertían otras pugnas: por ejemplo, en el Ejército, una división entre los mandos provenientes del arma de Caballería frente a la Infantería. Sucesivos planteos –a veces superpuestos– tuvieron como expresión acuartelamientos y despliegue de tropas. Los momentos culminantes de esa lucha intestina fueron entre septiembre de 1962 y abril de 1963.

En esos acontecimientos, el bando legalista se identificó (utilizando una pauta aplicada en los ejercicios militares y juegos de guerra) como “azul” ( “propia tropa”) y sus oponentes quedaron signados por el psicológicamente menos ventajoso distintivo de “colorados”. Ambos bandos eran antiperonistas, pero –explica Rouquié– “para los colorados el peronismo es un movimiento de clase sectario y violento que da lugar al comunismo. Los azules consideran […] que a pesar de sus excesos […] el peronismo es una fuerza nacional y cristiana que permitió salvar a la clase obrera del comunismo…”.

Entre el 17 y el 22 de septiembre la crisis culminó en un enfrentamiento armado. Los azules contaban con mayor “poder de fuego” y una campaña de acción psicológica que culminó con el comunicado 150, redactado por Mariano Grondona y José Enrique Miguens, postulando una salida electoral y el regreso a la Constitución.

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