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Faltan más y mejores informes de gestión

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25 enero de 2017

(Columna de Natalia Aquilino, directora del Programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC)

La Vicepresidencia de la Nación presentó su informe de gestión correspondiente al primer año de Gobierno. La jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación presentó puntualmente sus informes de gestión escritos mensuales al Congreso de la Nación. La Presidencia también elaboró un Diagnóstico de la Administración Pública a poco de asumir denominado “Estado del Estado”. El informe se contrapuso al requisito constitucional que solicita la presentación de la Memoria detallada del Estado de la Nación que, en 2015, correspondía a la gestión anterior de Gobierno.

Los informes públicos constituyen un elemento indispensable para que los funcionarios puedan rendir cuentas, transparentar la gestión, reunir información pública y contribuir a consolidar y hacer efectiva una política de Estado para el Gobierno Abierto.

Sin embargo, una lectura comparada de estas piezas de información muestra la ausencia de una estructura coherente para la presentación de los datos que se consignan. La falta de un plan de Gobierno explícito y reconocido en el dominio público hacen de los informes “interpretaciones solistas” de una partitura que nadie conoce.

Los informes se ordenan a criterio del redactor y no presentan un hilo que pueda seguirse ordenadamente. Por ejemplo, la Vicepresidencia informa con base en aspectos sociales (hábitat, mujer, discapacidad, provincias), búsqueda de inversiones, relaciones internacionales y gestión social de reclamos ciudadanos. La Jefatura de Gabinete desarrolla los informes al Senado respondiendo las preguntas de cada senador y desarrolla los que llegan a diputados por bloque partidario. La Presidencia eligió hacer el diagnóstico combinando en áreas de políticas (desarrollo humano, política económica, desarrollo económico) con los ministerios sectoriales. En su concepción interpelan mejor a la burocracia que a la ciudadanía. Rara avis en momentos de comunicación ágil y simple.

Además, todos los informes están en formato pdf, y eso los hace difícil de manipular, reusar y reinterpretar cruzando datos. El derecho de acceso implica la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información.

Desde CIPPEC pensamos que para garantizar el aspecto de accesibilidad que consagra la Ley de Acceso a la Información Pública es indispensable que los datos sean presentados en los informes de manera sencilla, con patrones relativamente conocidos y claridad discursiva.

Un plan de Gobierno con metas anuales y a largo plazo es la manera más sencilla de interpelar a la ciudadanía con información que le haga sentido. Un esquema puede ser el de adoptar las tres ideas centrales de la campaña electoral: pobreza cero, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos. Otro esquema podría ser el de responder a los 8 objetivos (estabilidad macroeconómica, acuerdo productivo nacional, desarrollo de infraestructura, desarrollo humano sustentable, combate al narcotráfico y mejora de la seguridad, fortalecimiento institucional, modernización del estado, inserción inteligente al mundo) y las 100 prioridades de Gobierno.

Otra manera de plantear la rendición de cuentas podría ser adoptar el enfoque de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) articulando la información disponible de políticas, planes y programas con base en los avances que Argentina está realizando contra las 169 metas que son, a la vez, compromisos internacionales legítimos e ineludibles.

Cualquiera sea la forma elegida, necesitamos contar con más y mejores informes de gestión. Pero también con informes que reflejen la marcha política del Gobierno, los impactos sociales de las políticas que se implementan, los resultados de desarrollo de los proyectos que se ejecutan y los datos que los avalan con sus fuentes de información. Sólo así podrá ejercerse plenamente el derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública como indica la tan deseada ley.

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