(Columna de Sebastián Cutrona, Ph.D en Ciencia Política por la Universidad de Miami)
La evidencia empírica disponible sugiere que el delito en el país no se encuentra íntimamente vinculado con la población juvenil.
Al igual que en el pasado, la visibilización masiva de hechos delictivos concretos trajo aparejada una nueva discusión sobre las respuestas penales al problema de la inseguridad. En esta ocasión, los reclamos por el asesinato de Brian Aguinaco, desataron el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad en Argentina. Pero no es la primera vez que un hecho resonante de inseguridad se ubica en el centro de la agenda pública en el país, impulsando una respuesta rápida por parte del Estado Nacional. Al igual que en 2014, cuando un tiroteo entre una banda integrada por colombianos y la custodia de un fiscal federal puso el tema de la deportación de extranjeros en el foco de la reforma del Código Procesal Penal, el reciente asesinato del joven de 14 años en el barrio de Flores despertó el interés del Ejecutivo Nacional por reformar el régimen penal juvenil.
Subyacente en la discusión sobre la edad de imputabilidad se encuentra una práctica recurrente de los diferentes gabinetes de seguridad en el país: la construcción de políticas públicas en función de un diagnóstico parcial y poco representativo del problema. Al igual que con la población extranjera, la cual representa tan sólo un 6% de las personas privadas de libertad en Argentina, la evidencia empírica disponible sugiere que el delito en el país no se encuentra íntimamente vinculado con la población juvenil. De acuerdo a UNICEF, hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años alojados en establecimientos de todo el país, de los cuales sólo el 10,5% no son punibles debido a su edad. Esta cantidad de infractores representa el 0,14% del total de la población de 14 a 17 años en Argentina. Un informe del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación arrojó conclusiones similares: en la Ciudad de Buenos Aires, solo 6% de los imputados por homicidio tiene menos de 18 años. De ese porcentaje, solo un tercio son menores no punibles. Pero quizá el dato más significativo es que ninguno de los victimarios en la ciudad tuvo como móvil el robo, ya que 94% de los casos registrados se originó en conflictos familiares, discusiones, riñas y/o venganzas.
Los datos objetivos del delito han sido, sin embargo, solo una parte de la Historia. El incremento sostenido en las tasas de criminalidad a partir de la década de los '90, aunque con un breve retroceso en el período posterior a la crisis económica de 2001, trajo aparejado, casi de manera indisociable, una mayor preocupación por la inseguridad. A partir de 2004, este tema superó incluso al temor por el estado de la economía durante algunos intervalos de tiempo. El caso Blumberg, en particular, catapultó a la inseguridad como uno de los temas centrales de la agenda pública. El delincuente joven, pobre y que actúa bajo los efectos de las drogas se transformó de esta manera en el objeto de temor para una sociedad cada vez más afligida por la inseguridad.
Pero el delito es un fenómeno altamente complejo. A diferencia de los discursos predominantes, diferentes estudios han demostrado que la inseguridad está ligada a una serie de factores estructurales que tienen su origen en la década de los '90. Problemáticas transversales a la edad como la precarización del mercado laboral, la insatisfacción social, la familiarización con el uso de la violencia, el papel contradictorio de las fuerzas de seguridad, el desdibujamiento de la ley, el crecimiento urbano acelerado y la desnaturalización de los contextos de socialización como la familia, la escuela y el barrio, constituyen el entramado dentro del cual el delito tiende a prosperar. En este contexto, la relación entre la edad de la población delictiva y las tasas de criminalidad en Argentina solo adquiere relevancia bajo ciertas condiciones estructurales específicas.
A pesar de la falta de evidencia empírica acerca de la relevancia del delito juvenil, este argumento sigue caracterizando los debates en Argentina. Considerando la existencia de un amplio apoyo político para medidas de seguridad de corte punitivo, resulta más difícil de convencer al electorado sobre la necesidad de hacer cambios estructurales para hacer frente a amenazas menos directas y difusas como la deserción escolar, la inequidad en la distribución del ingreso, la precarización laboral, el crecimiento urbano y la disolución de los contextos de socialización como el barrio, la escuela y la familia. Una aproximación alternativa, por supuesto, no implica asumir que los jóvenes que delinquen carecen de discernimiento alguno. Supone reconocer la necesidad de implementar estrategias integradoras que permitan contrarrestar los clamores a favor de soluciones rápidas. Al igual que en el pasado, el fenómeno de la inseguridad no debería impulsar el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil. Ni la deportación de extranjeros, ni la baja en la edad de imputabilidad, al menos de forma aislada, constituyen una solución a esta problemática.
