El juego de la copa

(Columna de Facundo Matos Peychaux)

El Gobierno Nacional dio el puntapié para discutir un tema tabú en la política argentina durante el año electoral.

El Gobierno Nacional dio el puntapié para comenzar la discusión de un tema tabú en la política argentina: la reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos a las provincias. Son $ 730.000 M presupuestados para este año (25% más que en 2016), que hoy se reparten en base a coeficientes fijos establecidos hace décadas que el Gobierno quiere reemplazar por coeficientes móviles basados en criterios objetivos –como la cantidad de población con NBI, la recaudación potencial y las necesidades de gasto de cada distrito–.

Los obstáculos son varios. Al tratarse de una ley convenio, una nueva norma necesita tener no solo el acuerdo de la Nación, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, sino también de ambas cámaras del Congreso con mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, y su aprobación en las legislaturas provinciales cada jurisdicción.

Por otra parte, como ningún distrito dará su consentimiento a una modificación que implique recibir menos fondos de los que percibe hoy, para muchos especialistas implicará que la Nación es la que deberá resignar recursos, en un momento en que las cuentas públicas nacionales (como también las provinciales) están ajustadas. Desde el Ministerio del Interior, no obstante, aseguran que no será necesario si se pone en discusión todo el paquete de transferencias nacionales a los distritos: no solo los envíos automáticos sino también los giros discrecionales, los planes que la Nación ejecuta en los distritos, los subsidios y planes sociales que otorga sus habitantes, entre otros ítems.

En ese marco, la discusión será no solo en torno a los recursos sino también a las responsabilidades. La intención del Gobierno es avanzar en la descentralización: que el Estado Nacional fije metas y políticas abarcativas y los gobiernos provinciales y municipales sean los ejecutores de las políticas públicas en el territorio. Así quedó reflejado en la eliminación de la paritaria docente nacional. En Educación, el Estado Nacional pretende concentrar sus esfuerzos en la discusión de los contenidos y la calidad educativa, mientras las provincias sean las que tengan a su cargo las inversiones en escuelas y el pago a los docentes. En Salud se ocuparía de la política, los programas y las campañas sanitarias, mientras que la administración de los hospitales y de los salarios médicos quedará a cargo de las provincias, y en Seguridad, Nación se enfocará en la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, y los niveles inferiores, de los delitos comunes. El surgimiento creciente de policías locales, en ese sentido, contribuye a la intención nacional.

De todos modos, estos cambios no están consensuados aún y generan resistencia en varios distritos. Es un debate que el Gobierno dará los próximos meses, con el condimento agregado de que será año electoral. Un período en el que es probable que la relación entre Casa Rosada y muchos gobernadores afines pero opositores (como son en su mayoría los mandatarios provinciales peronistas) se vaya tensando crecientemente, al calor de las campañas en los distritos, donde los oficialismos provinciales enfrentarán a listas de Cambiemos. Y de los resultados, que podrían modificar esas relaciones, como así también la medición de fuerzas tanto a nivel nacional como en los distritos.

La discusión

El modelo que propone la Nación está basado en la experiencia australiana. Allí las transferencias nacionales se calculan en base a la brecha entre las necesidades de gasto –los costos de llevar adelante la prestación de servicios que debe ofrecer el Estado provincial, variables según el distrito– y las capacidades de generar ingresos propios por parte de cada una de las jurisdicciones –que se calculará en base a un potencial de recaudación medido en función del PBG de cada provincia–. Eso que implicará una revisión conjunta de la forma en que las provincias y la Nación recaudan y gastan, y podría derivar en conflictos entre la Nación y las provincias que menos pueden recaudar (o que menos se esfuerzan por hacerlo, según el Gobierno) o con las que tienen un mayor costo diferencial en la prestación de servicios. En ambos casos, por lo general, las provincias de menos recursos, más alejadas de la región Centro y en su mayoría, no gobernadas por Cambiemos.

En ese sentido, algunos mandatarios, seguramente, sacarán a relucir acusaciones de centralismo y preferencia por parte del Gobierno, reflejadas según algunos gobernadores en el giro discrecional de $ 25.000 M a principios de año para María Eugenia Vidal y en el aumento sideral del coeficiente de coparticipación que favoreció el año pasado al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo, si el proyecto que se discutirá durante el año prioriza antes el carácter devolutivo (compensar con más transferencias a las que más aportan al PIB) que el distributivo (transferir más a las que más necesidades tienen), las quejas no tardarán en hacerse oír.

Por lo pronto, la primera reunión contó con presencia de todos los distritos y aún los ministros de gobernaciones más opositoras se han mostrado a favor de la dar la discusión, y cautelosos con respecto a la propuesta nacional.

El objetivo del Gobierno es alcanzar un borrador técnico para noviembre o diciembre de este año, después de las elecciones, y comenzar entonces la discusión más política, que promete ser más compleja que la técnica. Para eso, habrá encuentros mensuales con los ministros de las provincias durante todo el año. El objetivo último de Casa Rosada es sellar un Acuerdo Federal Político con un encuentro con los 24 gobernadores a fines de este año o principios del próximo, con miras a alcanzar un proyecto definitivo, consensuado con todos, en 2018. La experiencia a no repetir, reconocen en el Ministerio del Interior, es la de la reforma política, que se comenzó a discutir muy tarde y se empantanó muy rápidamente.

 

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