Gobierno liberal, sindicatos peronistas: novedad con historia

La mayor pluralidad de actores sociales y la fragmentación de la protesta social son un desafío para oficialismo y oposición.

La conflictividad gremial y protestas sociales, los indicadores sobre el aumento de la pobreza y la marcha de la economía y las encuestas que marcan una caída en la imagen de la gestión presidencial obligan al Gobierno a re-calibrar estrategias. Los líderes del sindicalismo organizado también recibieron un llamado de atención: su capacidad para contener y representar a las bases se encuentra contestada y su margen de maniobra está más condicionado por lógicas antagónicas y contrapuestas que, sin embargo, se alimentan entre sí.

En realidad, no debería sorprender que esto ocurra. Es la crónica de conflictos y resultados anunciados. Está en la propia naturaleza de los actores, su posición en el tablero y el contexto en el que se desarrolla el proceso político y las expresiones de la representación social. Un gobierno no peronista y de orientación liberal, en minoría en el Congreso y sin bases de apoyo sindicales, una economía que demora los prometidos indicadores de recuperación, un panorama que no mejora para el empleo y los ingresos que vienen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación, en un contexto electoral decisivo en términos políticos, tanto para el oficialismo como para la oposición, configuran un combo perfecto para que la protesta social se exprese de manera creciente y en un tono más confrontativo.

Por otra parte, hay que registrar las continuidades y los cambios en el sindicalismo: ya no son las CGT y las 62 Organizaciones de otras épocas, galvanizando la representación sindical y política de los trabajadores y disciplinando -o definiendo- los alineamientos de los grandes gremios, en su interlocución con los gobiernos (ver nota con Santiago Senén González en este mismo número). Este es un panorama mucho más heterogéneo y fragmentado –en parte, por las transformaciones en el mundo del trabajo, la precarización y la exclusión social; en parte, por el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la aparición de nuevos actores–. Así, una CGT unificada por la fuerza de las circunstancias, con una conducción tripartita y sin liderazgos fuertes, debe compartir espacios con las dos –o tres– vertientes de la CTA –que se postulaba como expresión de un sindicalismo alternativo–, con las organizaciones del “segundo y tercer cordón” de informalidad, subocupados y desocupados –Barrios de Pie, la CCC– y con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), red de movimientos con apoyo de la Iglesia, también con sus propias agendas y Planes de Lucha.

Todo ello conforma un paisaje novedoso, que pone en tensión al modelo sindical de unicidad y verticalismo, y representa un gran desafío tanto para el Gobierno como para el sindicalismo tradicional. En este caso, la CGT busca ser un polo aglutinante de esa constelación de actores sociales y sectores de actividad y orientación diversa. Y el Gobierno se ve obligado a aceptar ese escenario adverso confiado en que podrá soportar esta expresión de protesta y saldrá fortalecido, frente a una oposición fragmentada y un sindicalismo que también debe compartir espacios con esos otros actores y movimientos sociales.

El deslucido acto que coronó la masiva movilización del pasado 7 de marzo, con las primeras líneas de viejos dirigentes en el palco soportando las rechiflas y episodios de pugilato entre grupos enfrentados, muestra esa crisis de representación que afecta a la dirigencia sindical tradicional. Empujada por el Gobierno y por las bases, la conducción cegetista terminó lanzando el paro general del 6 de abril, aclarando que “por sobre todas las cosas queremos seguir luchando con las legítimas herramientas que la democracia nos brinda (…) Ni ausencia de consenso, ni ‘cuanto peor, mejor’ (alusión al kirchnerismo) Sólo un Movimiento Obrero Organizado”.

Así continuará la actual dinámica de confrontación y negociación. Habrán más huelgas, movilizaciones y paros generales de aquí a octubre. Mayor conflictividad gremial y también momentos de tregua y acuerdos específicos y puntuales. Un Gobierno que ha mostrado pragmatismo, capacidad de enmienda y corrección podrá ir maniobrando y habrá que ver cuánto desgaste sufre en cada instancia, hasta llegar a comicios en los que buscará plebiscitar su gestión. Hasta ahora, sigue contando con recursos para acordar en el momento necesario, aunque corre el riesgo de que dichos acuerdos sean vistos como señales de debilidad.

Es una situación curiosa: hay mayor pluralidad de voces y ejercicio de la libertad sindical en las expresiones de la representación de los trabajadores y desocupados, y en la protesta social. El Gobierno debe soportarlas, porque unifica esas expresiones en su contra y es más difícil negociar cuando hay múltiples interlocutores. Es también, al fin y al cabo, parte de un cambio en la cultura política que podría contabilizarse como un avance. En noviembre pasado, el Gobierno firmó un acuerdo con los movimientos sociales, con una agenda que quedó en puntos suspensivos hasta volver a aparecer en las últimas semanas para amortiguar el clima social. Ese acuerdo sobre la Emergencia social mostró que el conflicto social puede resolverse de otro modo cuando existe voluntad y decisión de las partes. O cuando las papas queman. La persistencia de la pobreza y la indigencia, que afecta a 13 millones de argentinos, el millón y medio de nuevos pobres en el último año y la necesidad de ensanchar la base de la coalición gobernante deberían ser suficiente incentivo para resistir la tentación de esta dialéctica del empate permanente en la confrontación, y el horizonte cortoplacista de las próximas elecciones. Que no se le pida a los inversores apostar a un mediano plazo que la política no alcanza a vislumbrar

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