Venezuela, ¿democracia o autoritarismo?

La polarización en una Venezuela dividida es creciente y Maduro se aleja cada vez más de las prácticas políticas democráticas.

Lo que ocurre en Venezuela, sin lugar a dudas, es un drama político y humanitario. Desde otra perspectiva distinta, la de la observación teórica, es una suerte de laboratorio donde concurren y se concentran una serie de fenómenos. En Venezuela, institucionalmente, hay hoy un enfrentamiento total de las ramas de gobierno electivas, la judicialización de la política se ha llevado a un grado tal que el poder judicial es un apéndice absoluto del chavismo, la experiencia de populismo radical del régimen está en fase de colapso y la polémica se cierne acerca de si el experimento chavista sigue siendo una democracia o ha ingresado definitivamente al territorio de las dictaduras o los autoritarismos. Y la gran pregunta. ¿Cómo salir de esta situación?

Antes de que comenzara la tercera ola de la democratización en América Latina, Venezuela era uno de los ejemplos de estabilidad política y consenso de élites, según destacados investigadores. Era también destino de la inmigración regional en la época del boom petrolero. La situación cambió durante la segunda gestión de Carlos Andrés Pérez. El intento de golpe del entonces Coronel Hugo Chávez, en 1992, presagiaría el futuro. Vino luego el irrefrenable ascenso de Chávez, la progresiva y constante construcción del régimen chavista,  a partir de la reforma constitucional y de la receta ideológica del “socialismo del siglo XXI”. El liderazgo de Chávez se consolidó, pero ello no evitó un declive que tendría como punto de inflexión la muerte del comandante y una decisión que no fue la más acertada: la designación de Nicolás Maduro como sucesor, antes que las urnas lo convalidaran.

Desde el triunfo opositor a fines de 2015 y la amplia mayoría lograda en la composición del Legislativo, la lucha de poderes se instaló en Venezuela. La Asamblea Nacional estuvo dominada absolutamente por la oposición y el Ejecutivo y el Poder Judicial por el chavismo. Fue el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) quien  lideró las acciones contra la Asamblea Nacional a través de decenas de sentencias que, durante 2016, le fueron recortando cada vez más su poder. La reincorporación de 3 representantes del estado de Amazonia fue lo que provocó que la STC determinara el desacato de la Asamblea Nacional. Con esos tres legisladores el Legislativo tenía mayoría suficiente para realizar las transformaciones fundamentales del régimen político venezolano.

Durante 2016 el conflicto entre el chavismo y la oposición se canalizó a través de la promoción de un referendo revocatorio. La oposición reunida en el MUD llevó adelante el procedimiento, pero fue prácticamente paralizado y dejado sin efecto por la justicia oficialista. El conflicto siguió profundizándose y con la intervención del Vaticano y de la Unasur  se dio paso a la mesa del diálogo que comenzó a funcionar, pero en diciembre de 2016 quedó suspendida tras incumplir el gobierno los acuerdos logrados con la oposición.

Las  sentencias del STC –la 155 y 156- dieron un paso más en la confrontación institucional entre los poderes. Los fallos quitaron a la Asamblea Nacional sus facultades y las traspasaron al propio tribunal y a los asambleístas los dejaron sin inmunidad parlamentaria.  Estas medidas recibieron una desaprobación mundial  y se  tildó a lo ocurrido como un golpe de Estado o como la disolución del Parlamento.  En el mundo diplomático, con mayor cautela, se señaló el grave retroceso que estaba sufriendo la democracia venezolana. En el propio régimen se abrió una división interna entre los más duros y los que pensaron que el STJ había ido demasiado lejos.  La fiscal general del Estado, Luisa Ortega denuncio la “ruptura del orden constitucional”, violaciones del ordenamiento constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado que rige a Venezuela.

Frente a la grieta interna y la reacción internacional que provocó la posición del STJ Maduro reunió al Consejo de Defensa Nacional y lo exhortó para que revisara las sentencias en orden a “mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes”. Fue así el que el STJ volvió sobre sus propios pasos. Se suprimieron los superpoderes entregados a Maduro y, en este sentido, ya no podría discrecionalmente tomar “medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales”. Por otra parte, a los parlamentarios se les devolvió la inmunidad diplomática.

Las protestas continuaron durante el mes de abril y arrojaron un saldo de m muertos. Las calles son el territorio de confrontación entre chavistas y antichavistas. El jueves 20 de abril hubo 11 muertos. El domingo 23 de abril en su programa de televisión Maduro anunció elecciones y llamó al diálogo. Dijo que se realizarían las elecciones regionales hacia fines de 2017,  comicios que debieron realizarse un año antes. El presidente por un lado invita a la oposición al diálogo, pero por el otro dice que no se apartará de su camino, ni le temblarán las manos para defender al país de los embates desestabilizadores. Es que el régimen de Maduro acusa como golpismo de derecha a los promueven las movilizaciones en su contra. La oposición, por su parte, parece no creerle más al presidente. En este marco de extrema polarización la opción del diálogo aparece  difícilmente viable.

El aislamiento del chavismo es cada vez mayor. Un lote de países latinoamericanos reclama el llamado a elecciones, la liberación de los presos políticos y la no violación de los derechos humanos. Los interrogantes son varios. ¿Cómo llegará Venezuela a las elecciones, en caso de realizarse?  ¿Se producirá la caída del presidente Maduro, o la del chavismo en el poder? Entre tanto, el país está en una situación de emergencia de alimentos, medicamentos y una economía en colapso. En el país no existe sólo una lucha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y entre la rama Legislativa y el Judicial. Venezuela es un país dividido, partido, donde hasta ahora han fracasado el diálogo y los caminos institucionales para reconducir el proceso político.

Entre las democracias populistas del “socialismo del siglo XXI” Venezuela es la que está en peor situación. En Bolivia Evo continúa apostando a una continuidad si supera la actual limitación constitucional para su continuidad en el cargo. En Ecuador, Correa ha dejado la presidencia que ha ganado Lenin Moreno, continuador del ex presidente. Pero parece que en Venezuela el chavismo se aferra al poder a cualquier costo, lo que deja la puerta abierta al incremento de la violencia, el caos y la lucha fratricida. Venezuela,  ¿sigue siendo una democracia? Con el chavismo se convirtió en una democracia populista que, de por sí, dista del modelo de democracia liberal republicana. La pregunta es, en todo caso, cuándo se traspasa el umbral de la democracia (incuso en su versión populista) y se ingresa en el territorio del autoritarismo. La respuesta es: cuando las elecciones limpias, trasparentes y competitivas dejan de ser el requisito y el fundamento de legitimidad de los gobernantes. El gobierno chavista clausuró en la práctica y arbitrariamente el proceso de referéndum revocatorio promovido por la oposición. Poco después suspendió las elecciones regionales. A través de estos actos comenzó, al menos, un claro desplazamiento o transición de régimen.

 

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