Debatir sobre las primarias

Por Alejandro Tullio Abogado y profesor de

Derecho e Instituciones Electorales (UNSAM)

 

Estamos en campaña electoral. El momento no es oportuno, los argumentos no son exactos y los hechos no respaldan las declaraciones públicas sobre la supuesta necesidad de suprimir las PASO.

 

Momento: cuestionar el sistema electoral –las PASO son un sistema de selección de candidaturas y de habilitación de agrupaciones políticas y por lo tanto forman parte del sistema electoral– durante un proceso electoral no solo puedo producir confusiones en el electorado sino que puede generar una deslegitimación de los resultados y los procedimientos.

 

Argumentos: cuestionar las PASO porque las agrupaciones políticas no las utilizan para dirimir candidaturas es ignorar u ocultar la situación previa a la instauración del sistema, o sea, el problema que se buscaba remediar y las consecuencias de su aplicación –aun con las insuficiencias que puede experimentar – , ya que solo a la luz de tal situación se puede evaluar el desempeño de un procedimiento.

 

Hechos: desde el punto de vista territorial debemos saber que en 18 distritos habrá competencia para cargos nacionales en las PASO y, desde el punto de vista de los actores, 41 agrupaciones políticas definirán sus candidaturas en competencia en las PASO. Esto sin considerar que en 2015, la fórmula Macri – Michetti surgió de las PASO de Cambiemos en las que votaron 6.791.342 ciudadanas y ciudadanos.

 

Sin perjuicio de la afirmación inicial creo que con posterioridad a las elecciones generales de octubre se debe iniciar un debate más amplio sobre la forma en que se hace política. Los partidos políticos, la forma en que se organiza la oferta electoral: las alianzas. La forma en que se proclaman las candidaturas: las PASO. Y, por último, la forma en que se vota: el formato de la boleta.

 

Para abarcar tamaño desafío es imprescindible abandonar los prejuicios y clichés y adentrase en el conocimiento de las modalidades electorales en la experiencia comparada pero también las razones por las cuales en nuestro país las cosas son como son.

 

Adelanto aquí algunos aspectos que condujeron a legislar sobre un sistema unificado de definición de candidaturas partidarias.

 

Con anterioridad a las PASO, la legislación electoral no establecía una forma uniforme por la cual los partidos políticos o las alianzas podían postular candidaturas a cargos electivos. Las diferentes agrupaciones postulaban listas o fórmulas con legitimaciones internas disímiles: interna abierta, interna cerrada, Congreso partidario o acta de un apoderado facilitaban el camino hacia una candidatura, lo que provocaba fuertes distorsiones en el ingreso al sistema electoral.

 

Una situación extrema se dio en el 2003, en las elecciones del 27 de abril en las que los dos partidos históricamente mayoritarios hasta el momento (PJ y UCR) fueron incapaces de procesar la crisis política que afectaba al país y, en consecuencia, el Partido Justicialista del Presidente Duhalde no participó oficialmente de las elecciones  presidenciales, sin perjuicio de lo cual tres fórmulas presidenciales fueron encabezadas por afiliados justicialistas. Con otro formato, otros tres candidatos presidenciales, aunque participaron en diferentes partidos, también provenían de las filas de la UCR.

 

Otra anomalía de nuestro sistema consistía en la proliferación de listas de candidatos motivada por la crisis política, pero también por la facilidad para presentar candidaturas. Fruto de ello, en la categoría diputados nacionales la cantidad de listas presentadas en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2003, 2005, 2007 y 2009 fueron 28, 25, 25 y 18 respectivamente. En el mismo periodo y categoría en la CABA participaron 33, 29, 30, y 26 listas.

 

La combinación de multiplicidad de la oferta electoral con las diversas legitimidades de origen de las mismas no solo contribuía a la confusión del electorado y generaba frustración política ya que solo un porcentaje menor de la oferta electoral tenía posibilidades de obtener representación en las instituciones. Como ejemplo vale el caso de la elección de 2007 en la provincia de Buenos Aires donde participaron, como se vio, 25 listas pero solo 4 obtuvieron representación quedando defraudadas las expectativas de los votantes que optaron por 21 listas de candidatos.

 

Como respuesta a ese panorama se diseñan las PASO en la Reforma Electoral de 2009, las que en conjunto con el umbral de aptitud electoral del 1,5% de los votos para que una agrupación sea habilitada a participar de la elección general constituyen una respuesta posible al problema previo de la proliferación de listas electorales.

 

Desde el punto de vista de evitar las distintas legitimidades de origen y desde el lado de la racionalización de la oferta electoral las PASO han cumplido un papel.

 

No todas las agrupaciones las utilizan para dirimir candidaturas, se puede afirmar sin faltar a la verdad, pero ese es solo un aspecto –si se mira bien, menor– del complejo sistema que se hubo de poner en marcha para reencauzar la idea de la representación hecha acto.

 

Sin embargo, los que vivimos y pensamos este mecanismo, también sabemos sobre sus insuficiencias, sus costos y sus contradicciones.

 

Para resolver los nuevos desafíos sin volver a los viejos problemas debemos replantearnos la naturaleza de los partidos y sus nuevas manifestaciones electorales: las alianzas.; el vínculo entre un afiliado y la fuerza política a la que pertenece, dificultando la posibilidad que un afiliado a un partido político pueda ser candidatos de otro o de una alianza que ese partido no integra; la formación de los bloques parlamentarios y la pertenencia de los legisladores a los mismos, limitando los bloques a los que se correspondan con partidos políticos debidamente constituidos y en el caso de alianzas a la formación de interbloques.

 

Estos son aspectos de una misma discusión, la que debe partir de reconocer el estado de la representación y trazar senderos deseables hacia una reconciliación del formato de las instituciones con las expectativas de la población. De su capacidad de producir normas que se corresponda con la capacidad de las normas de resolver problemas.

 

No se trata, entonces, de una discusión binaria sobre si mantener o eliminar un aspecto del sistema electoral sino una discusión integral, objetiva, desapasionada e inteligente. O sea una discusión que tenga las mismas cualidades que el pueblo espera de sus representantes para merecer el nombre de tales.

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