Jugadas peligrosas

Por Mariano Fraschini y Nicolás Tereschuk

Más allá del discurso oficial que promueve una mayor institucionalidad, persisten estructuras que permiten el centralismo del Ejecutivo y en ese contexto contradictorio se mueve Macri  

 

Los presidentes sudamericanos, probablemente con la excepción de los de Chile y Uruguay, se mueven en un contexto específico: el que algunos autores llaman “baja institucionalización” o  “entorno débilmente institucionalizado”. Esto no debería ser una novedad para el observador, sobre todo cuando, en el caso de la gestión de Cambiemos, se tiene ante sí un gobierno que proclama reivindicar valores  “republicanos”  y estar llevando al país de  “viaje”  hacia una institucionalidad “alta”, similares a algunas dinámicas de los países industrializados. Ahora bien ¿cuál es el límite que separa un contorno de lábiles instituciones y uno en el que el Ejecutivo lleva adelante lo que podemos caracterizar como un “juego brusco institucional”? ¿Cuál es la frontera que divide la labilidad de las leyes y la aplicación parcial de las normas, de su ya lisa y llanamente incumplimiento de las mismas?

Analicemos la situación con algo más de detalle. En su influyente trabajo “democracia delegativa”, de 1992, Guillermo O’Donnell alertaba sobre la dinámica en democracias “no institucionalizadas” que se caracterizan por  “el alcance restringido, la debilidad y la baja intensidad de cualesquiera que sean las instituciones políticas existentes”. Retomando y dándole un nuevo enfoque al tema, hacia el año 2008, María Matilde Ollier se refiere a Democracias Presidencialistas de Baja Institucionalización (DPBI).como el escenario en el que se suelen mover (por necesidad y obligación) los presidentes sudamericanos ¿Cuáles son sus principales características? En primer lugar los sistemas partidarios no funcionan con las mismas dinámicas que en los países desarrollados, es decir, prima la fragmentación y la facciosidad en el interior de los mismos; asimismo, tienen gran peso en la arena política actores que no son partidos, lo que la autora denomina “fuentes extrapartidarias”  y por último, lo que prima es la dinámica presidente/oposición –en vez de oficialismo/oposición, que pasa a un segundo plano–. Algunos años después, María Victoria Murillo y Steven Levitsky se referirán a “entornos débilmente institucionalizados” en América Latina. En ese contexto, por un lado, las normas no se aplican tal como indica su letra o existe “un amplio margen de discrecionalidad de facto con respecto a su aplicación”  y, en segundo lugar, “la durabilidad institucional es baja, en el sentido que las reglas formales cambian constantemente, rara vez sobreviviendo a las fluctuaciones en el poder y a la distribución de preferencias”.

En nuestra opinión, por más que el presidente Macri declame que su intención es modificar esta dinámica, fomentar la “confianza” entre los ciudadanos poniendo las vigas para instituciones “fuertes” en un contexto “republicano”, el contexto en el que se mueve guarda relación con el que los autores citados han descrito. Así, no es extraño que  palabras como “República” e “Instituciones” hayan estado más en el vocabulario del actual oficialismo cuando se encontraba en la oposición que en el lugar del oficialismo. Diríamos que hoy, el poder ejecutivo goza de la centralidad que adquieren los presidentes en contextos de “baja institucionalización” donde su relevancia es mucho mayor que en escenarios más institucionalizados. Esta debilidad institucional es la que permite a los primeros mandatarios sudamericanos tomar decisión con importante celeridad, reinterpretar leyes a discreción, hacer uso de herramientas decisionistas y concentrar poder político en detrimento de otras instituciones. En ese sentido, las marcas indelebles del kirchnerismo en el gobierno otrora cuestionadas por Macri son utilizadas con mucha asiduidad por el líder del PRO en el ejercicio de su poder.

El jefe de Estado, en ese marco, parece más bien haberle tomado el gusto a la centralidad que puede adquirir un mandatario en un contexto de “débil” institucionalidad. Y en algunos aspectos parece haber ido aún más allá, mostrando un verdadero “juego brusco institucional”. Creemos que esta dinámica, de la mano de una fuerza como Cambiemos, que se consolida como un polo ideológico de derecha nacional, con fuertes apoyos en sectores del gran empresariado argentino, pero sobre todo extranjero –en particular en el sector financiero– genera una dinámica diferente a lo que ocurría cuando un gobierno con otro tipo de base electoral y apoyos, como los de Néstor y Cristina Kirchner se encontraban en el poder. Sobre todo porque estas “transgresiones” –insistimos, por un lado, propias de un contexto en el que las normas tienen la labilidad que hemos marcado–, corren el riesgo de violentar una serie de derechos fundamentales –sobre todo de sectores que se encuentran más bien volcados a la oposición política–. Es decir, la débil institucionalidad es un campo fértil para el despliegue de la voluntad política del Poder Ejecutivo, los límites hacia algo más que eso, lo que aquí denominamos “juego brusco”, puede volverse un peligro no sólo para la baja institucionalidad existente, sino también para la posición política del propio Presidente.

Repasemos algunos elementos que pueden constituir “juego brusco institucional”. La fila es larga, pero nos detendremos en cuatro de ellos.

El caso de la desaparición de Santiago Maldonado, en el que la familia de la víctima y organismos de derechos humanos hablan de una desaparición forzada en un contexto de defensa de la acción de la Gendarmería Nacional por parte del Gobierno, impone una dinámica de ruptura con el pasado reciente en cuanto a la relación entre el Estado y las fuerzas de seguridad. La defensa ultranza de la ministra Patricia Bullrich al cuestionado accionar de la Gendarmería, la insistencia en ubicar (con un fuerte apoyo de los medios oficialistas)  al joven artesano en diferentes ciudades del país a más de un mes de su desaparición, el vínculo de funcionarios del Ejecutivo en este tipo de estrategias, la evidente infiltración de sectores que no han sido identificados por las autoridades durante dos marchas convocadas para reclamar la aparición de Maldonado también dan cuenta de un verdadero“ juego brusco”.

Donde también puede observarse esta estrategia es en el ataque sostenido a sectores gremiales (sobre todo los opositores) a través de distintas acciones, en momentos en que se prepara el terreno para llevar adelante una reforma laboral que “flexibilice” los derechos de los trabajadores. En ese sentido, las acusaciones extrajudiciales al titular del gremio de encargados de edificios, Víctor Santa María (también responsable del principal medio gráfico opositor, Página 12) o la intervención del gremio de canillitas, donde el titular del mismo es un diputado de la oposición, configuran hechos preocupantes de cara al respeto del estado de derecho en el país. ¿“Baja” institucionalidad o verdadero “ juego brusco”?

La libertad de expresión es otro de los espacios donde el “juego brusco” gubernamental parece hacerse presente. El color amarillo predomina en el mapa de medios en el país. El ataque que referimos al titular de Página 12, va de la mano de la adquisición del principal medio opositor en televisión, la señal C5N por un grupo afín a la Casa Rosada. La salida del periodista Roberto Navarro del canal evidencia hasta qué punto juegan los intereses gubernamentales en este novedoso mapa de medios, en el que el Grupo Clarín se ha visto notoriamente fortalecido en una fusión con Telecom.

Por último, en una lista que no es exhaustiva, la cuestión electoral merece otro párrafo. La situación de un escrutinio provisorio de las primarias en el que no se dio a conocer en forma fehaciente qué fuerza política había sido la más votada y en el que el oficialismo pareció contar en todo momento con “información privilegiada” configuró una situación inédita en el distrito más poblado del país, en un contexto en el que el Gobierno –situación sobre la que tampoco hay antecedentes– viene desacreditando desde hace dos años el actual sistema de votación.

Como dijimos al comienzo, la baja institucionalidad es el escenario político en el que los presidentes sudamericanos (a excepción de Uruguay y Chile) ejercen el poder. En el caso argentino sirvió para experiencias estables de gobiernos peronistas de distinta orientación económica y para la inestabilidad del gobierno de Fernando De la Rúa o el final anticipado del de Alfonsín. En este contexto, se acumulan evidencias en cuanto a que la actual administración está tensando los límites de esta baja institucionalización poniendo entre paréntesis derechos fundamentales. Sobrepasar estos límites puede implicar un escenario en el que el “juego brusco” en particular contra sectores de la oposición se rutinice y se convierta en una estrategia gubernamental. A la fecha se visualizan elementos en varios frentes, lo que al menos pone en duda la intención del Gobierno de iniciar el “viaje” hacia una “alta institucionalización” en el país.

Seguramente, los meses venideros serán testigos de cómo se mueve el Presidente en este escenario político y cuáles serán sus estrategias de cara a profundizar o limitar este tipo de acciones

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