Por Alejandro Radonjic
El lema, antes, era “gradualismo”, hoy es “reformismo permanente”. Es la etapa de las reformas y el norte es reducir el peso del Estado
La primera etapa de la política económica de la era Cambiemos, que arrancó el 10 de diciembre de 2015 y terminó el pasado 22 de octubre, tenía como norte, grosso modo, alejar a la economía de un nuevo cimbronazo macroeconómico (estaba menos lejos de un ajuste devaluatorio de lo percibido por el gran público) y, asimismo, minimizar los costos sociales añadidos con esa corrección para evitar un fuerte “voto castigo” en las urnas 20 meses después de iniciado ese viraje. Y el capitán de esa travesía, hasta finales de 2016, fue Alfonso Prat-Gay.
Más allá del debate económico (los liberales dicen que el ajuste fue demasiado suave y los heterodoxos, que fue salvaje), la maniobra parece haberse terminado exitosamente: la economía, luego de un 2016 complejo, evitó esa crisis y salió de terapia intensiva, e incluso retomó el crecimiento (tan tenue que para algunos no es más que un mero rebote estadístico) y, por otro lado, Cambiemos tuvo una performance más que aceptable en las urnas.
Pasada esa etapa iniciática, llega la nueva era, que hace poco se empieza a transitar. Si el lema, antes, era “gradualismo”, hoy es “reformismo permanente”. Es la etapa de las reformas y el norte es reducir el peso del Estado (con regulaciones y, sobre todo, con impuestos) en la economía. “Sacarle el pie de la cabeza al sector privado”, como dicen en Cambiemos.
Así entendido, la verdadera herencia del kirchnerismo no fue el default ni la inflación moderada sino el incremento del peso del Estado en la economía que, además, arrojaba un déficit (primario) no menor a 4-5 puntos del PIB. Los otros problemas eran, y son, menores comparados con el creciente tamaño que adoptó el Estado durante la economía kirchnerista. Un laberinto más complejo para abandonar.
Ese aumento, al fragor del superciclo de las commodities jalonado por la demanda de una China volando, fue replicado en América Latina, es cierto, pero Argentina se pasó de largo y, encima, partía de un piso inicial mayor.
El Gobierno comparte el diagnóstico de los liberales (algunos se hacen llamar “libertarios”) aunque, con buen tino, no sigue su recetario. Son más graduales. “Así funciona el mundo: no podes bajar el gasto público 10 puntos del PIB en unos meses”, explican, por ejemplo, en el Palacio de Hacienda.
La idea es flexibilizar y bajar impuestos (en dosis graduales) para alentar el crecimiento e ir licuando ese peso del Estado mientras, frazada corta mediante, se va reduciendo el desequilibrio de las cuentas públicas y bajando las necesidades de financiamiento del Estado, es decir, se evita coquetear con niveles de deuda pública externa no sustentables. Quienes peinan canas dicen que ese umbral es 40% del PIB pero, para Argentina, dada su track record y su voracidad emisiva, ese zaguán crediticio puede llegar antes. Asimismo, la poda de subsidios a la tarifas continúa (“quedan dos años más”, anticipan en Hacienda), alimentando una inflación tenaz a la baja, manteniendo tasas altas (y un tipo de cambio real bajo) y, sobre todo, apretando los presupuestos familiares, más allá de la extensión bienvenida de la “tarifa social”.
No es una tarea menor, como se ve. En el Gobierno se inflan el pecho y aseguran que dejaron atrás la crisis sin generar una nueva. Algo así como una salida virtuosa. Persisten, sin embargo, fragilidades varias y hay agoreros varios pululando y alertando sobre las Lebac, la cuenta corriente, el credit crunch soberano y demás cuestiones que, hasta ahora, no se han materializado.
El Gobierno avanza, así, hacia un modelo más propio, aunque siga navegando aguas heredadas. El impacto económico, y sociopolítico, de sus nuevas directrices (asumiendo que salen vivas del Congreso, como se espera) serán, ahora, las que se pongan en cuestión, toda vez que “la herencia” ya desaparece como trasfondo para explicar el presente. El verdadero “choque de modelos” no fue en 2017. Será en 2019.
