Macri y el reformismo

Por Mario Serrafero

 

El Gobierno apuesta por el camino del consenso pero aprobar todas sus iniciativas será una tarea compleja

El 30 de octubre en el CCK se llevó a cabo una convocatoria a diversos sectores de la vida política, empresarial, sindical, el Congreso y el Poder Judicial. Estuvo ausente el jefe del bloque del Frente para la Victoria y legisladores de ese sector.  La convocatoria no incluyó a todos los partidos políticos, sino a legisladores, o sea a las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Allí Mauricio Macri presentó su propuesta de consensos básicos sobre tres ejes fundamentales: la responsabilidad fiscal, la promoción del empleo y el fortalecimiento de la república y la calidad institucional.

En relación con la“ filosofía” de las propuestas presidenciales, fueron presentadas bajo el paraguas del “reformismo permanente”.  ¿Qué denota el concepto y su elección? En principio, parece que ha sido bien elegido pues, aunque parezca una obviedad, la única manera de“ cambiar todo el tiempo” es con un reformismo permanente.  El mundo de nuestros días lejos está del concepto marxista de la “revolución permanente”, que no sirvió para demasiado. Pero los  conceptos cumplen con algún objetivo, aunque sea distinto al que expresan. Así, el fin secundario –pero no menos importante- del concepto es complementar o consolidar la“ identidad” de los que optaron por Cambiemos. La distinción entre progresistas y conservadores se ve superada y sustituida ahora por los que quieren cambiar  y los que se resisten al cambio. El concepto es acertado en términos de rédito político por cuanto dividiría a aquellos que están de acuerdo con la reforma permanente (principalmente los que votaron a Cambiemos) y los que pondrían obstáculos y piedras en el camino (la oposición, especialmente el kirchnerismo). Apropiarse de la titularidad de la reforma permanente es así otro paso importante en la victoria que logró el Gobierno sobre el kirchnerismo en la batalla ideológica que representó el acto electoral de octubre de 2017. Es que las elecciones no fueron una discusión de programas, ni tampoco un plebiscito sobre el primer mandatario, sino una confrontación de contenido ideológico y, sobre todo, cultural. Tal fue así que, no hubo ningún debate en serio sobre lo que ocurriría después de las elecciones. El Gobierno teniendo sus proyectos ya preparados no los sometió a debate en la campaña electoral. Esta cuestión es de singular importancia pues reproduce el modelo de democracia delegativa o de candidatos que descarta la opinión de los ciudadanos sobre medidas concretas que pueden afectar su vida cotidiana. Con el fin de evitar pérdida de votos quien mejor aparece en el escenario electoral evita confrontación sobre programas o medidas precisas y establece como puntos de debate cuestiones más ideológicas que problemas concretos. Esto ha hecho Cambiemos. Y la oposición ha sido complementaria gracias a la mediocridad que desplegó en la campaña electoral. En este aspecto, no hay cambio en el tipo de democracia que se ofrece a los argentinos. Probablemente, se trata ya de una característica de las democracias actuales, más allá de Argentina.

Yendo ahora sobre las características de la oferta presidencial, se trató de una propuesta de consensos en el marco de un mecanismo flexible que tendría distintos momentos y procedimientos que se están llevando a cabo. Luego de la presentación del primer mandatario comenzaron a funcionar las mesas de tratamiento de las distintas cuestiones, donde el Gobierno recibió las objeciones y comentarios de algunos de los sectores más interesados en cada uno de los temas. Esta etapa y procedimiento tuvieron como resultado diferentes proyectos que incluyeron distintas perspectivas, aunque no fueron totalmente consensuados con todos los involucrados. La siguiente fase es el tratamiento de los proyectos en sede parlamentaria pues las distintas propuestas deben tener forma de ley. Así como la filosofía del “reformismo permanente” tiene sus inconsistencias el procedimiento de consensos inaugurado en esta segunda parte del Gobierno, en cambio, debe ser destacado pues se aparta del comportamiento autosuficiente, excluyente y confrontativo del gobierno anterior y se encamina a una práctica incluyente y  cooperativa de hacer política.

En cuanto al contenido de los proyectos, se aprovechó el impulso del logro electoral y la fresca legitimidad de sus resultados. El objetivo era que estuvieran listos lo antes posible para ser aprobados este año. Se realizaron reuniones con los gobernadores y se firmó el pacto fiscal, luego de algunas modificaciones del proyecto original que perjudicaba a algunas provincias. Firmaron todos los gobernadores excepto San Luis (que lo podrá hacer más adelante). Para varios de los mandatarios se trató de un“ acuerdo histórico”, donde las provincias no perdieron. Y la provincia de Buenos Aires salió también satisfecha. En otras palabras, esta vez estarían más repartidos los costos entre la Nación y las provincias. Pero habrá que ver si los firmantes cumplen las tareas y obligaciones que emergerán de la futura ley. En la mesa de negociación también estuvo el tema de las jubilaciones y el Gobierno se comprometió a que el ajuste trimestral de los haberes superara a la inflación. Lo cierto es que el gobierno ha expresado que desea un ahorro de 100.000 millones de pesos en materia previsional lo que recortará –salvo magia de por medio- el ingreso de los sectores más vulnerables de la población.

En relación con la reforma laboral, las reuniones con la CGT también concluyeron con el apoyo de la central de trabajadores. En la vereda opuesta quedaron las dos CTA, sectores de izquierda y sindicalistas como Pablo Moyano. Algunas cuestiones tienen un gran consenso, como la necesidad de terminar con el trabajo en negro, pero otros temas de ser aprobados como ley, probablemente seguirán dirimiéndose en los tribunales. Avanzar contra la informalidad y bajar la litigiosidad laboral son dos cuestiones que concitan consenso, pero como siempre habrá que ver la instrumentación y forma final que tendrán estos objetivos. En realidad, el proyecto consensuado con la CGT es bastante “light” en relación con los objetivos del gobierno. Se podaron los aspectos más conflictivos y el gobierno apuesta a incluirlos más adelante en negociaciones por sectores. La justicia laboral tendrá la última palabra.

¿Cuál será el ritmo y los tiempos de la reforma? Algunas medidas tendrán factibilidad de ser concretadas antes y otras irán más allá del mandato actual del presidente. En este sentido, el reformismo permanente podría ser un puente entre el primer y segundo mandato de Macri. Por último, cabría preguntarse de qué depende el éxito de las reformas. Obvio es decir de la pertinencia de las futuras leyes respecto de los objetivos que persiguen. Pero no menos importantes serán otros factores políticos: a) el liderazgo del Presidente en cuanto al mantenimiento de las expectativas positivas existentes hoy; b) la marcha de la economía, c) la fortaleza/ debilidad/reconstrucción de la oposición

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