Por Sergio G. Eissa Doctor en Ciencia Política (UBA)
La tragedia del ARA San Juan dejó al desnudo la realidad no solo de la defensa nacional sino también las bajezas de cierta parte de la sociedad argentina. Al igual que el libro el “Almuerzo desnudo” de William S. Burroughs que mostraba las miserias estadounidenses, esta “realidad desnuda” nos muestra como, pisoteando el dolor de familiares y amigos de los tripulantes, se empezaron a echar culpas al anterior Gobierno y al actual para que, en definitiva, no se resuelva nada y todo siga igual.
Frente a este cambalache trataremos de aportar información y algunas ideas, reiterativas, sobre cómo se podría encarar el futuro.
ARA SAN JUAN (S-42)
Es oportuno recordar que hacia principios de la década de los '90, la flota de submarinos convencionales (diesel-eléctricos) se había triplicado, alcanzando un total cercano a los 350. Simultáneamente la cantidad de países operadores de submarinos se duplicó.
En este contexto se podían observar un mercado con dos grandes grupos: aquellos países que buscaban incrementar o reemplazar su flota de sumergibles y las naciones que incursionaban por primera vez en este sector.
Una explicación a la repentina expansión que sufrió el mercado, es que los submarinos tienen una alta relación costo-efectividad, dado que resultan ser muy poco vulnerables a minas, barcos de superficie, aeronaves y otros submarinos, y que, debido al diseño, son muy difíciles de detectar. Inclusive el uso de materiales a-magnéticos en su estructura dificulta la detección por medio de sensores de anomalías magnéticas. Por ejemplo, en la Guerra de Malvinas (1982) la presunción de la presencia de un único submarino tipo U-209 de la Armada Argentina en condiciones operativas, obligó al almirantazgo británico a distraer de las tareas principales una gran cantidad de recursos de “guerra antisubmarina” (ASW) para la protección de la flota y la cadena logística.
En nuestra región, los submarinos adquirieron un rol más amplio y preponderante desde mediados de los años '70. En aquel momento se podían ver algunos viejos ejemplares adquiridos de rezago a EE.UU., conviviendo con buques nuevos provenientes de astilleros alemanes, mayoritariamente variantes del modelo HDW/IKL U-209.
Nuestro país dio inicio en 1970 la fabricación de dos submarinos U-209 de 1200 toneladas en Tandano, como parte del necesario cambio generacional de la flota de submarinos preexistente. Esto se logró gracias a las restricciones que pesaban sobre Alemania y que limitaban a ese país a fabricar buques de hasta 900 toneladas de desplazamiento. El ARA S-31 Salta y su gemelo el S-32 San Luis fueron incorporados en 1974. Durante la Guerra de Malvinas el ARA San Luis evadió un ataque directo y nunca pudo ser detectado, convirtiéndose en el único 209 probado en combate.
En 1984 se incorporaron a la Armada Argentina 2 submarinos tipo TR-1700 construidos en Alemania por Thyssen Group, como parte de un proyecto que contemplaba la transferencia tecnológica y entrenamiento del personal para la construcción local de cuatro (4) buques. Para tal fin se crea el Astillero Domecq García. Este proyecto era similar al que había implementado Brasil a partir de un contrato con IKL.
Los TR-1700 le dieron a la flota de mar argentina una ventaja significativa gracias a las capacidades que este modelo tenía respecto de los modelos U-209: mayor autonomía (las baterías Varta y el motor eléctrico de propulsión fueron diseñados específicamente para este submarino y le otorgaban hasta 100 horas de navegación a baja velocidad sin hacer snorkel); velocidad máxima superior a 24 nudos y una gran carga militar. Es de destacar que debido al espesor de la chapa utilizada para la construcción del modelo TR-1700, Thyssen decidió utilizar el proceso de soldadura a mano, a pesar de que tenía acabada experiencia con el sistema de soldadura automática.
Con el objetivo de sostener su flota de sumergibles, durante las siguientes décadas y hasta la actualidad cada una de las Armadas sudamericanas fue llevando adelante diferentes programas de modernización de los buques preexistentes que permitieron recuperar las capacidades originales y ganar nuevas.
Se resalta que del total de 209 (21), de todos los modelos entregados desde mediados de la década del ´70 a las armadas sudamericanas, solamente el ARA S-32 San Luis se encuentra fuera de servicio en estado de preservación.
A pesar de que en 1994, el Astillero Domecq García realizó con éxito la media vida del S-31, la decisión política de desmantelar la industria naval dejó abandonado al S-32 y obligó al envío del TR-1700 ARA Santa Cruz al Arsenal de Marina de Río de Janeiro (AMRJ) en Brasil en 1999, donde fue cortado para permitir la realización de los trabajos de magnitud. Desde entonces, las inspecciones del resto de la flota de la Armada Argentina fueron llevadas a cabo en nuestro país: cambio de baterías del S-31 en 2004, reparación de media vida del S-42 ARA San Juan en 2014 y extensión de vida útil del S-41 ARA Santa Cruz aprobada en 2016.
Con la llegada de los submarinos franceses DCNS Scorpene, incorporados a la Armada de Chile a partir del 2005, se podría decir que la Armada Argentina perdió la posición de privilegio otorgada por sus TR-1700.
En estos tiempos, todos los modelos de submarinos convencionales utilizados a nivel regional continúan manteniendo el protagonismo y son considerados herramientas disuasivas.
De la lectura del estado de situación y evolución de las fuerzas de submarinos de cada una de las armadas de nuestra región y de la Armada de España, a los fines de tomar al menos una referencia extraregional equipada con submarinos convencionales, se destaca la homogeneidad de las flotas, tanto desde el punto de vista de las prestaciones técnico-operativas como así también desde la cuestión de la modernización y mantenimiento de media vida de cada una de las unidades existentes.
En lo que respecta al mantenimiento, el S-42 San Juan fue intervenido por un mantenimiento de media vida en las instalaciones de CINAR (Complejo Industrial Naval Argentino), ubicado en la costanera sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde actualmente se encuentra el ARA Santa Cruz. Su entrega a la Armada Argentina se realizó en 2014 luego de un proceso que tomó 7 años, más del doble de lo previsto. En el astillero un equipo de profesionales experimentados, muchos de los cuales había sido instruidos en Alemania para formar parte de la línea de construcción de submarinos, realizaron la inspección y reparación de todos los componentes, el re-placado de las baterías, a partir de un acuerdo con el fabricante alemán (Varta), y el recambio de los motores diesel, generadores y motor eléctrico por otros nuevos. También se habrían instalado nuevos sensores para el control de las baterías. Cabe destacar que luego de dos (2) años de navegación de prueba, a los efectos de corregir las fallas que pudieran presentarse, la Armada le dio el visto bueno a las reparaciones realizadas en el año 2016.
El accidente del ARA San Juan
Resulta imprescindible indicar que hasta tanto no se pueda establecer a ciencia cierta las causas que llevaron a la desaparición del ARA San Juan, es conveniente mantener cautela y respeto hacia las familias de los tripulantes, y destacar que sólo son hipótesis que podrán ser comprobadas una vez que se halle la embarcación.
El incidente del S-42 ARA San Juan se produjo en el contexto de una operación rutinaria en el mar territorial, de las realizadas habitualmente por la flota de mar, y que sirven para defender nuestra soberanía y mantener alto el nivel de adiestramiento de las tripulaciones.
La desaparición del submarino ocurre durante una navegación en inmersión, a una distancia media entre Ushuaia y su base de Mar del Plata. De acuerdo a los datos oficiales durante el desarrollo de la misión, el submarino realizó 2 comunicaciones indicando fallas resueltas en el circuito eléctrico de las baterías, ante lo cual desde el COFS (Comando de la Fuerza de Submarinos) le ordenó el regreso inmediato a su base de operaciones. A partir de ese momento nada más se supo del ARA San Juan. Se activó entonces el sistema de búsqueda y rescate (SAR) aplicado en las primeras 36 horas.
La red SOSUS (Sound Surveillance System) de Estados Unidos y la CTBTO (Comprehensive Test Ban Treaty Organization) informaron, a requerimiento de nuestro país y luego de un exhaustivo análisis, que se produjo una explosión en la zona donde el ARA San Juan se había comunicado por última vez.
Suponiendo que dicha explosión se haya producido en el ARA San Juan, ésta no permitió a la tripulación activar ninguno de los sistemas de emergencia.
¿Por qué pudo producirse la misma?
Descartamos, por ser altamente improbable políticamente, que ésta se haya debido a un ataque de un pesquero, submarino, buque extranjero o un choque contra otro buque; como así tampoco por un problema con el armamento de a bordo.
Pero considerando la información suministrada por la Armada sobre la falla reportada en las baterías, no sería descabellado pensar en la posibilidad de que éstas hayan explotado a causa de un corto circuito, posiblemente causado por el ingreso de agua por el snorkel. Si esto hubiera ocurrido se habría producido la energía necesaria para inflamar la mezcla de hidrógeno y oxígeno que al liberarse genera fuego de muy rápida propagación.
Debemos ser cautos en estas especulaciones, esperar que el submarino pueda ser hallado y estudiar las causas de esta tragedia; más aún teniendo presente que no existen antecedentes de siniestros con submarinos convencionales.
Las PRIoridades de la defensa nacional
Muchas realidades, más allá de las miserias humanas, desnuda esta tragedia, las cuales pueden resumirse en el PRI.
La primera P simboliza la ausencia de Política y Planeamiento. En primer lugar, el accidente desnuda la falta de conducción política de la defensa nacional. Como sostenían tanto Carl Von Clausewitz como Georges Clemenceau, la guerra (parafraseando en términos contemporáneos, la defensa) es un asunto muy serio para dejarlo en manos de los militares. Hace mucho que los estadounidenses, de la mano de Samuel Huntington y Morris Janowitz plantearon el problema del control civil de los militares: este es un problema inherente a las Fuerzas Armadas. Samuel Huntington se preguntaba como maximizar la seguridad sin afectar la democracia. Este no es un problema de los militares, sino de los civiles que no se han hecho cargo en su mayoría, de la conducción civil de las Fuerzas Armadas: no es achacable al actual Ministro ni a la anterior gestión, sino a todas, salvo algunas excepciones. Es un problema de los civiles, de nosotros que elegimos estos políticos, que desde 1990 se han desentendido de la política de defensa. Pero asimismo, para ejercer la conducción civil, no alcanza la voluntad política, se requiere un Ministerio de Defensa profesionalizado. Nuestro Estado, salvo algunas excepciones, carece de profesionalismo, y el Ministerio de Defensa se encargó de expulsar, encima, a los profesionales en relaciones internacionales y defensa que trabajaban allí. ¿Esto se va a revertir? Todos los años entre 20 y 30 argentinos realizan la Maestría en Defensa Nacional de manera gratuita Cuando egresan su destino es volver a sus actividades personales, públicas y privadas, que nada tienen que ver con la defensa. ¿Cuánto sale una maestría? ¿Cuánto le sale a los argentinos esta maestría? ¿Por qué no ingresan esos profesionales al Ministerio como en el caso del ISEN? Asimismo, hoy la mayoría de los académicos expertos en defensa no trabaja en el Ministerio. El hecho que la Armada centralice las comunicaciones sobre el accidente y no lo haga el Ministerio, es una muestra de la ausencia de conducción civil, o como dicen los militares, de falta de unidad de mando.
En segundo lugar, la política de defensa requiere un plan de largo plazo. La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas Nº 24.948 se aprobó en 1998 gracias amplio consenso que impulsó entonces Horacio Jaunarena. Dicha ley previó algunos lineamientos para la reestructuración de las Fuerzas Armadas y su artículo 27 establecía un aumento gradual del presupuesto. Lamentablemente fue derogado por el Presidente Fernando De la Rúa en el 2001 y la ley permanece a la fecha sin reglamentar. El Presidente Néstor Kirchner puso, mediante el Decreto 545, en marcha el proyecto "La defensa nacional en la agenda democrática", que contó con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como resultado de dicho debate se reafirmaron consensos preexistentes (la no utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo) y se completó el entramado institucional de la defensa, reglamentando la ley de defensa nacional luego de 18 años, y aprobando un Ciclo de Planeamiento. El primer ciclo produjo el “Plan de Capacidades Militares 2011” que establecía un plan de mediano plazo para recuperar capacidades militares. ¿Se aplicó dicho plan? No, ni antes ni después. Mientras seguimos recurriendo a los parches.
La R se refiere a la falta de una profunda reestructuración, lo cual nos lleva nuevamente la Ley Jaunarena. Dicha ley no preveía solamente un aumento presupuestario, sino que sabiamente establecía criterios para una reforma de la estructura orgánica que preveía reducción de unidades operacionales y de estructuras administrativas que desdibujan la estructura piramidal transformándola en una romboidal (muchos caciques y pocos indios); un cambio en el despliegue que dista de la década del ´60 cuando las hipótesis de conflicto eran Chile, Brasil y el enemigo ideológico interno; una modificación en la Ley de Personal Militar para modificar la distribución presupuestaria que concentra el 80% de los recursos en sueldos y pensiones; el establecimiento de unidades conjuntas porque en la actualidad poseemos tres Fuerzas Aéreas (la de la Armada, la del Ejército y la Fuerza Aérea en sí), tres Comando Antárticos, una base de la Armada en Ezeiza, una Brigada en Moreno pero una base en Río Gallegos, y podríamos seguir; y criterios de adquisición y, por supuesto, el ya señalado aumento paulatino del presupuesto. Nuestras Fuerzas Armadas podrían ser graficadas como un monstruo con una cabeza enorme y con un cuerpo raquítico. Sin estos cambios profundos a los que las Fuerzas se vienen oponiendo, cualquier aumento presupuestario será una pérdida para el erario pública. Por ello, la nota de La Nación del 27 de noviembre es auspiciosa porque implicaría aplicar estos lineamientos por primera vez.
La I se refiere a la nula inversión en adquisición por compra o fabricación de sistemas de armas y en operaciones/adiestramiento. Nuestro país invirtió en defensa en el año 2016, de acuerdo al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2017), 6.164 millones de dólares, es decir, un 1% del PBI; mientras que Chile destinó 4.583 millones de la misma moneda, lo cual representó un 1,9% del PBI. El promedio regional entre el 2000 y el 2016 fue del 1,35% del PIB, de acuerdo a la misma fuente, con picos del 1,5% durante el boom de precios de las materias primas que le permitieron a mucho de los países de Suramérica actualizar sus sistemas de defensa, a excepción de Argentina. Pero mientras Chile destina a las inversiones y operaciones el 32,9% del presupuesto; nuestro país solo utiliza el 19,2% (Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 2016). Con este esquema presupuestario, ningún incremento producirá ningún cambio significativo.
Hacia el futuro
La pregunta no es por qué sucedió el accidente del ARA San Juan, el submarino más moderno de la flota, sino por qué no hubieron incidentes más gravosos con anterioridad que hubieran impactado en la agenda pública y política como está sucediendo ahora. José Manuel Ugarte reseña, en una nota del diario Clarín, una serie de incidentes con aviones que provocaron la muerte de pilotos, como así también un incidente con el ARA Santa Cruz.
Si bien el presupuesto de defensa descendió del 4% aproximadamente del PIB en 1982 al 1% actual, la decadencia del Sistema de Defensa Argentino empezó antes de la Guerra de Malvinas. Ésta dejó al desnudo (nuevamente) una realidad que podría remontarse al Golpe de 1930 o al menos, a la doctrina de seguridad nacional de la década de 1960. Las Fuerzas Armadas establecieron como hipótesis de conflicto a Chile, Brasil y al enemigo ideológico interno, pero nunca a Gran Bretaña, así masacraron a una generación, destruyeron la estructura socioeconómica del país y nos llevaron a una guerra para la cual no estábamos preparados; obviamente, todo esto con complicidades civiles. Proponer involucrar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y/o el terrorismo es volver a repetir la historia, es volver al Siglo XX.
Hoy nuestras Fuerzas Armadas, nuestros hombres y mujeres, ciudadanos de profesión militar, no son aquellos y no podemos cargarles las mochilas del pasado, pero tampoco se las debemos (los políticos) volver a poner. Para salir de este círculo vicioso hay que romper con el pasado y mirar al Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida: los 44 nos muestran el camino.
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Agradezco el asesoramiento de un especialista en seguridad industrial y de otro especialista en sistemas de armas.
