Las primeras señales de 2018

Por Mario Serrafero 

 

Los actores políticos comienzan a moverse mientras que el Gobierno tomó algunas decisiones que se contraponen con la idea de cambio con la que busca identificarse

 

El recuerdo constante de la herencia K se fue convirtiendo, cada vez más, en un capital político importante para el macrismo. Y un activo de buenos dividendos es el destape de la corrupción kirchnerista. No es para menos,  parece haber sido tan fenomenal como grosera.

Fue así que el encarcelamiento de ex funcionarios K se convirtió en una constante durante 2017. Fue una imagen altamente contrastante con la misma Justicia que durante los años del kirchnerismo hacia prácticamente nada. Los jueces empezaron a aplicar las prisiones preventivas como pocas veces antes. La prisión antes de la condena es una excepción porque el encarcelamiento requiere sentencia firme. Sólo si se pondera que existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa puede imponerse la prisión como medida precautoria. Los tiempos de la Justica son bien conocidos. Sobre una base de demora y lentitud en casi todos los trámites de los distintos fueros, en el federal específicamente predomina el tiempo político. ¿Fue el Poder Ejecutivo quien influyó en la aceleración de las causas actuando sobre los jueces o la propia Justicia intenta hacer “ buena letra”  y evitar un desprestigio que va in crescendo desde hace un tiempo? La explicación es menos sencilla. El Poder Ejecutivo principalmente a través de una de sus agencias realiza investigaciones que impulsan las causas. La UIF no es el mismo organismo de la era kirchnerista. Con un comando altamente profesionalizado y un cambio expreso y nuevo direccionamiento de sus funciones para cumplir con sus objetivos, sus informes resultan material combustible que arranca o alimenta las investigaciones judiciales.

¿Cuáles son los objetivos del Gobierno comenzando un nuevo año? El discurso florido de Cambiemos  seguirá con el cambio en su centro, la fe en los argentinos, los logros del trabajo en equipo, el advenimiento luminoso del dialogo, la construcción de un futuro a partir de los sacrificios presentes, la apertura de un nuevo ciclo histórico, etc. Pero en términos políticos duros los objetivos son dos: mantener una legitimidad razonable y sostener una imagen positiva que le permita la meta crucial del presidente y sus entornos: la reelección en 2019. ¿Y cuál será el modus operandi de un Gobierno que empieza a transitar su segundo tramo y que tiene esa meta primordial? Ya se han visto algunos trazos de lo que puede ser su funcionamiento en el próximo tiempo, teniendo en cuenta los hechos violentos de diciembre que rodearon la reforma previsional. En el interior del Congreso se dio una batalla de la cual salió airoso el oficialismo, pero por ajustado margen. Afuera del edificio volvieron escenas de violencia seguramente provocadas por agitadores profesionales o de ocasión. Pero la indignación por el cambio de fórmula para la liquidación de los haberes de jubilados (y no sólo de ellos) concitó un gran consenso social. Lo cierto es que el gobierno no estaría dispuesto a repetir ese tipo de reacciones colectivas que minan su imagen positiva. La del presidente habría caído 10 puntos, según mediciones del mes de enero.

El Gobierno parece querer disminuir los cortocircuitos conflictivos en el Congreso que pueden tener extensión en el resto del entramado social. Así la actividad es posible que se reduzca más de lo que se acostumbra en un año no electoral. Ya en 2017 el Congreso sesionó menos y se aprobó menor número de leyes. El gobierno no ha activado la convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero y, en pleno enero, ha dictado un decreto –o megadecreto– de“desburocratización y simplificación”, que modifica numerosas leyes y otros decretos.  El predicamento acerca de la nueva República que traería Cambiemos resulta poco compatible con tal decreto. En primer lugar, no se cumplirían las condiciones formales que habilitan el dictado del decreto: la necesidad y urgencia entendida en el marco de la Constitución Nacional. En segundo lugar, la competencia del Congreso es groseramente escamoteada. ¿Por qué no se envió como proyecto de ley en convocatoria a extraordinarias? No hay respuesta que no vulnere grosera o sutilmente el espíritu republicano.Y endo al objetivo del decreto 27/2018, es difícil estar en desacuerdo pues la necesidad de desburocratización y simplificación de las regulaciones estatales está fuera de duda. Argentina es un país en el cual la maraña de legislación y reglamentaciones atenta contra la productividad y competitividad de la economía. El futuro de Argentina pasa, sin duda, por un régimen estatal que no perjudique el desarrollo de las fuerzas y las energías productivas del sector privado de la economía. Pero ello debería enmarcarse dentro del régimen de toma de decisiones que determina la intervención del Congreso. Seguramente se apuesta a que alguna de las Cámaras ratificarán el decreto y así tendría plena vigencia y no sería de aplicación provisoria. Notable paradoja pues luna ley impulsada por el kirchnerismo y atacada por toda la oposición como antirrepublicana, en 2006, es la que permite que el decretismo presidencial goce de tan buena salud… Pero todavía este decreto debería sortear el riesgo de declaración de inconstitucionalidad por parte del poder Judicial si es sometido –como parece que será– al escrutinio de los jueces.

El Gobierno tiene un frente político en parte controlado por la propia ineptitud de la oposición. El peronismo tiene un problema de liderazgo que no puede resolver. Cristina es la que junta más votos, pero tiene un techo electoral y la mayoría de los dirigentes territoriales peronistas no la quiere como conductora para las próximas elecciones. La brújula del gobierno apunta ahora al sindicalismo y se verá si los dirigentes gremiales se abroquelan en resistencia contra la embestida del oficialismo. La UIF está realizando una prolija tarea de unir pruebas para que la justicia ponga entre las cuerdas a determinados sindicalistas que sin vergüenza ostentan un patrimonio escandaloso y muy probablemente mal habido.
Pero la contracara del gobierno en cuestiones laborales no es feliz. El ministro Jorge Triaca está en el centro de la tormenta. Maltrató a una empleada suya y de su familia. Esta empleada trabajó en negro desde 2012 hasta días antes del triunfo de Cambiemos, en 2015. Y, lo que es aún más grave, el nombramiento de esta empleada como delegada en el SOMU destapó la contratación de alrededor de 200 personas en el gremio intervenido que era el bastión del “caballo Suárez”. Se discute si el ministro debe renunciar. En realidad, no debió haber asumido. Será más difícil negociar la reforma laboral con un funcionario que justamente en cuestiones laborales se encuentra demasiado en tensión con la ley. El jefe de Gabinete dijo que “cometió errores, pero no ameritan que deje el cargo”. Es entendible que el macrismo lo defienda, pues todos los presidentes consideran un signo de debilidad despedir a un ministro cuando está en el ojo de la tormenta. Pero aún así, no resulta muy convincente.

El año recién comienza y todos los jugadores deberán moverse con suma prudencia, sobre todo el gobierno quien es el que tiene más para perder. Entre otros desafíos deberá bajar una inflación que cerró en 24,8% en 2017, mejorar las cuentas públicas, corregir los desequilibrios fiscales,  desacelerar el incremento de la deuda externa y lograr inversiones. No es poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta que los actores de la economía –nacionales e internacionales–  siempre miran de reojo a la política

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