Requiem para la democracia

 

Por Jennifer Cyr

 

Un escenario nuevo se conforma para el chavismo: por primera vez, pueden perder elecciones presidenciales diseñadas a su medida

Hablar de elecciones hoy en día enV enezuela es hablar de un blanco en movimiento. Si no, ¿cómo entender la última secuencia de anuncios emitidos por parte del Consejo Nacional Electoral? V eamos.

El 1 de marzo, Tibisay Lucena, presidenta del organismo, anunció el aplazamiento de las elecciones presidenciales hasta el 20 de mayo – elecciones que habían sido convocadas, de forma anticipada a principios de febrero para el 22 de abril–. Si fuera un año electoral normal, las elecciones tendrán lugar en diciembre, como casi siempre ha sido en el pasado. ¿Tiene sentido?  Las elecciones en laV enezuela actual, como la  mayoría de las instituciones políticas del país, funcionan a voluntad del Presidente.

¿Cómo entender esta trayectoria confusa hacia las elecciones presidenciales? Descartemos, de una vez, la lectura demasiado simplista de que el gobierno chavista siempre ha sido autoritario. Queda claro queV enezuela vive hoy bajo un régimen autoritario, pero el desmoronamiento de la versión más mínima de la democracia se ha dado solo recién en 2016, cuando el gobierno de Nicolás Maduro, por primera vez, cambió de forma arbitraria y unilateral una elección.

De hecho, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, lo hizo con la promesa de democratizar el sistema político del país.  La llegada de Chávez al poder representó un quiebre con el sistema bipartidista cartelizado que había predominado en el país durante cuarenta años. Logró movilizar y politizar a miles de venezolanos que se sentían excluidos del anterior sistema. Además, implementó (de forma arbitraria y personalista, eso sí)  políticas sociales, llamadas “misiones”, orientadas hacia los sectores pobres.

Con el tiempo, la agenda revolucionaria de Chávez se fue diluyendo para dar lugar a otro objetivo: el de consolidar el Poder Ejecutivo visà-vis los demás poderes. Chávez supo aprovechar las oportunidades que se le surgieron para fortalecer la Presidencia. Pero, a pesar de esos cambios, durante todo ese período el elemento mínimo básico de la democracia –el de organizar elecciones de forma regular– nunca fue violado.

Sin embargo, desde el 2016, ni ese mínimo institucional ha quedado a salvo de las manos del gobierno chavista. En octubre, el Gobierno suspendió el proceso de recolección de firmas que había organizado la oposición para llevar a cabo un referendo revocatorio –un referendo permitido, por cierto, por la propia constitución bolivariana– que, de haber triunfado, hubiera permitido sacar a Maduro de la Presidencia. El Gobierno justificó la movida diciendo que la oposición había cometido fraude, pero sin proveer ningún tipo de pruebas. A partir de ese momento, las elecciones –incluyendo cuándo, cómo, y si se llevarán a cabo– han sido sujetas al exclusivo capricho del Ejecutivo. Rápidamente, Venezuela dejó de tener un régimen híbrido –reuniendo elementos autoritarios con elementos democráticos – a uno abiertamente autoritario.

Los factores económicos son importantes pero no exhaustivos para entenderlo. La economía se ha mostrado inviable desde hace años, y la escasez de los elementos básicos es de larga data también. Sin lugar a dudas, estos problemas han reducido el apoyo popular del régimen chavista, si ésta fuera la principal excusa para elegir el camino autoritario, ¿por qué esto no sucedió antes?

Quizás, al observar la cambiante relación entre el chavismo y la oposición, nos acerquemos más a la respuesta. A la oposición le tomó más de una década organizarse electoralmente de forma efectiva y duradera. Es a partir de las elecciones legislativas del 2010 cuando recién se monta un esfuerzo unificado contra el chavismo. Así, bajo una coalición de fuerzas llamada la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la oposición logró canalizar el descontento de una creciente mayoría tras una sola candidatura por cada cargo a elegir. El fruto de este esfuerzo de coordinación se pudo observar en las elecciones legislativas del 2015. Ahí, la MUD logró una mayoría de votos, tomando control de la Asamblea Nacional por primera vez desde que el chavismo llegó al poder.

Esta victoria fue especialmente importante porque la oposición ganó a pesar de todos los obstáculos impuestos por el chavismo: una ley electoral que favoreció desproporcionalmente al chavismo; una distribución inequitativa de pauta en medios de comunicación; una violación de las normas que regulan el comportamiento electoral de los candidatos políticos, entre otras cosas. Con la victoria electoral de la oposición, un escenario nuevo se conforma para el chavismo: por primera vez, pueden perder elecciones presidenciales diseñadas a su medida. Este fenómeno generó pánico dentro del régimen. No es casual que el CNE haya tenido que encontrar una excusa para suspender las siguientes elecciones. Tampoco es casual, vale la pena mencionar, que hayan llamado estas próximas elecciones presidenciales, justo en un momento en el que la oposición se encuentra con fuertes conflictos internos.

A partir de ahí, el gobierno de Maduro ha intentado con diversas medidas debilitar la Asamblea Nacional y a la oposición. Algunas han sido defensivas, para proteger el control político y estatal del chavismo, y otras ofensivas, para asegurar que la oposición nunca vuelva a tener la“ suerte” electoral que tuvo en el 2015. Por ejemplo, en los últimos años, más de 340 políticos han sido encarcelados bajo circunstancias cuestionables, según Human Rights Watch.

Además, el chavismo ha buscado neutralizar de forma sistemática el poder legislativo de la Asamblea Nacional. A principios de 2017, por ejemplo, unos meses después de suspender el referendo revocatorio, el TSJ asumió las competencias de la Asamblea Nacional, declarándola en “desacato” por haber dejado incumplidas varias sentencias. El autogolpe fue revertido pocos días después, ya que el acto produjo una serie de denuncias internas e internacionales.

Luego, en julio, el poder de la Asamblea se encontró nuevamente anulado: el día 30 de ese mes se llevaron a cabo elecciones para crear la Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea, encargada de escribir una Constitución, fue en sí constituida por reglas manipuladas para, nuevamente, favorecer el chavismo. La oposición, en protesta, boicoteó el proceso electoral, y los 545 escaños terminaron siendo ocupados por fuerzas chavistas. Al tomar vigencia pocas semanas después, la ANC disolvió a la Asamblea Nacional y asumió las responsabilidades de ella. Es así que la oposición quedó sin poder formal, y la democracia venezolana, aniquilada.

Dentro de un régimen democrático, los resultados de las elecciones deben ser inciertos, el qué, cómo, y cuándo de las elecciones, no. Que los venezolanos ya no pueden contar con esta institución para poder cambiar al gobierno quiere decir que el régimen ya no es uno de, por, y para ellos. Estas próximas elecciones, a lo que se parecen más, es un réquiem para la democracia.

 

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