Llegó al Congreso el proyecto que faltaba

 

El Gobierno aspira a que se sancione una ley de sólo 13 artículos pero de enorme importancia para las comunicaciones del país

 

Por Ricardo Porto

 

Mientras almorzaba en la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe de Estado español, Mariano Rajoy, estaba pendiente de lo que sucedía a metros de allí, en el Senado, en donde se estaba tratandoel proyecto de ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de vital importancia para las empresas telefónicas. El título es largo pero la ley es corta. Sólo 13 artículos. No obstante ello, de aprobarse la breve norma, el impacto sobre el universo audiovisual será enorme, dado que introduce importantes cambios en este complejo mercado.

Lo primero que debe decirse es que resulta saludable que el Gobierno haya decidido regular las comunicaciones por ley y no por decreto, como se hizo hasta ahora. De todas maneras, no debería abandonarse la intención oficial de sancionar una legislación integral para esta actividad. Las modificaciones parciales, al insertarse en un escenario jurídico heterogéneo y controvertido, como lo es el actual, suelen agudizar la falta de coherencia de la legislación. En este contexto, el marco regulatorio de las comunicaciones está conformado, básicamente, por dos leyes y dos decretos: la Ley de Medios, de 2009 y la Ley Argentina Digital, aprobada en 2014; ambas sancionadas por el gobierno de Cristina Kirchner; y el DNU 265/15 y el Decreto 1340/16, dictados por el presidente Mauricio Macri. Demás está decir que se trata de cuatro normas inspiradas en criterios absolutamente diferentes, que conforman un ordenamiento jurídico sumamente contradictorio, que habría que revisar integralmente. Se trata de sancionar una ley de comunicaciones convergentes, que el gobierno se comprometió a elaborar al comienzo de su gestión.

Sin perjuicio de ello, el actual propósito del presidente Macri mediante el proyecto de ley enviado al Congreso es equilibrar el campo de juego del sector, que había quedado desnivelado a favor del Grupo Clarín, luego del dictado del DNU 267/15 y la aprobación, aún parcialde la fusión con Telecom, dado que falta el aval de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Al respecto, debe tenerse presente que la mencionada fusión Cablevisión-Telecom constituye la operación más trascendente en la historia de los medios locales. Según explica el especialista Martín Becerra, la futura megaempresa concentrará el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% de la TV paga. Por lo demás, estos porcentajes son aún más elevados en los centros urbanos. Asimismo, debe tenerse presente que el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de Radio Mitre, FM 100, Canal 13 y diversas señales audiovisuales. Asimismo, es accionista en Papel Prensa, entre otros emprendimientos. Desde luego, esta situación debe ser morigerada sustancialmente.

En este sentido, la propuesta legislativa responde a ciertas demandas, más o menos explícitas, de Telefónica y Claro. En verdad, lo que deseaban estos grupos era la satisfacción de sus intereses por la rápida vía del DNU y no introducirse en los imprevisibles laberintos legislativos.

Más allá de estas cuestiones, cabe señalar que el proyecto de ley, en línea con los postulados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, expresa que el objetivo central es fomentar la competencia en esta disciplina; para lo cual se establecen un conjunto de herramientas. En primer lugar se dispone la obligación de los prestadores de compartir sus infraestructuras, tales como postes, torres o antenas, con la finalidad de fomentar el despliegue de diversas redes. Con ello, según el Gobierno, se generará una mayor conectividad, en beneficio de los usuarios. Con igual propósito se exige a los prestadores de servicios públicos poner a disposición sus instalaciones para facilitar la expansión de las plataformas de los prestadores.

Paralelamente a ello, y con el objetivo declarado de reducir la brecha digital, el gobierno se dispone acabar con las reservas de frecuencias concedidas a la empresa satelital ARSAT y utilizarlas para expandir las redes y alentar el desarrollo de Internet, la banda ancha y la telefonía móvil a todo el país.

Por otra parte, y lo que constituye uno de los aspectos centrales –y más controvertidos del proyecto–, se permite a las empresas telefónicas brindar TV satelital. La intención oficial es alentar la competencia en el ámbito de la TV de pago. Para ello, y cambiando drásticamente su postura inicial, el gobierno considera ahora que los canales de cable y los operadores satelitales son actores de un mismo mercado. No está demás recordar que la administración macrista había permitido a las telefónicas dar TV por cable. Pero las grandes inversiones que requería la adaptación de las redes de telefonía a los servicios audiovisuales llevaron a estas empresas a solicitar la autorización de la vía satelital.

El propósito del Gobierno es generar competencia entre los grandes operadores del sector –Grupo Clarín Telecom, Telefónica y Claro–. No obstante ello, cabe preguntarse si la concentración del mercado, que, en cierto modo, facilita este proyecto de ley, no llevará a los hipotéticos contendientes a acuerdos de cartelización más que a una contienda comercial. Lo que sucede con la “competencia” en la telefonía celular aconseja ser cautelosos.

Por último, y otro tema importante que encierra la iniciativa oficial, es la situación de los pequeños cableoperadores y cooperativas que brindan TV de pago en los centenares de pueblos del interior, que deberán enfrentarse a los grandes multimedios. Si bien el proyecto contempla ciertas medidas de protección, ya se han escuchado voces que indican que es necesario robustecer esas disposiciones. En este sentido, cabe suponer que los legisladores escucharán atentamente la demanda de los medios de sus provincias. Hacerlo no solo contribuirá a defender empresas locales y fuentes de trabajo, sino también a preservar el pluralismo y la diversidad de voces.

 

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