La decisión de ampliar el marco de acción de las Fuerzas Armadas puede superar los límites que pretenden fijarles las autoridades
Por Ernesto Calvo (University of Maryland)
En el film “Luz de Gas”, dirigido por George Cukor, la cantante Alice Alquist (Ingrid Bergman) es manipulada por su esposo Gregory Antón (Charles Boyer), quien va alterando pequeños detalles de la vida cotidiana para convencerla de que está perdiendo control de sus facultades mentales y sobre el mundo que la rodea. El objetivo de Antón es asegurar el sometimiento de Alquist, quien, imposibilitada para distinguir realidad de ficción, corta los lazos que la vincularon su mundo, con sus amigos, con su arte. El término gaslighting, derivado de la obra de teatro y popularizado por la película de Cukor, ha ido ocupando cada vez mayor espacio en los debates políticos de Estados Unidos, con Donald Trump en el rol estelar de Charles Boyer y nosotros, los votantes, viviendo el rol de Ingrid Bergman.
En la versión política de Gaslight en la que estamos inmersos, Trump constantemente modifica elementos de nuestra realidad política. Cuando se trata de políticas públicas que son detestadas por el público, Trump anuncia con fanfarria que todo permanece inalterado, que la política ya existía previamente, al tiempo que decreta cientos de pequeños y grandes cambios. La política inmigratoria que separa a miles de familias y encarcela a menores de edad, dice Trump, es idéntica a la política previamente implementada por Barack Obama. En su discurso público, se ocultan los decretos regulatorios de la nueva política y se acusa a sus predecesores de inmorales y perversos.
Cuando Trump describe políticas que son deseadas por sus votantes, por otro lado, todo es cambio, todo es ruptura con el pasado. Por tanto, mientras que la misma política es presentada como continuidad para la oposición, esta es descripta como cambio para sus propios votantes. Ambas cosas no pueden ser ciertas, gritamos nosotros desde las redes, a lo que Trump dice: “ Exactamente”.
Cada uno de los pequeños y grandes cambios, con los que Trump edita la política, inoculan a los votantes. A medida que los cambios se aceleran, es difícil identificar cual es el estado de mundo legal en el cual realmente vivimos. Las mentiras de Trump no son simplemente la negación de un estado de mundo sino, también, un mecanismo de manipulación política.
Gaslighting, ese mensaje político en la intersección entre mentira flagrante, la credulidad y el cambio político, va carcomiendo las certezas de los votantes respecto de sus propias concepciones de democracia. El resultado, cada vez más palpable, es una deconstrucción de los principios de tolerancia política y la aceptación pasiva de cambios que van degradando principios fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la independencia de los distintos poderes, la santidad del voto y el status constitucional del derecho de ciudadanía. El listado recién enumerado no es arbitrario: Trump ha cuestionado la libertad de expresión, exigiendo sanciones para quienes protestan arrodillándose en un partido de futbol americano; ha perseguido al periodismo por medios legales y denostado públicamente a los periodistas, a quienes considera como los nuevos enemigos del “pueblo americano”; ha cuestionado la independencia del Poder Judicial, pedido la remoción de jueces y atacado públicamente fallos con los que no acuerda; ha demandado la pérdida de ciudadanía para ciudadanos naturalizados que hayan cometido un crimen y la retracción del derecho a voto para sus opositores. Acompañando cada una de estas violaciones al espíritu de la Constitución, ha pedido la expansión de su autoridad para implementar política pública, reclamado el uso del perdón presidencial para exculpar a sus colaboradores y a si mismo de los crímenes que están siendo investigados por el fiscal especial Muller.
Cada una de las transgresiones contra el Estado de Derecho es justificado como re-interpretaciones del orden existente. Esta decisión de empujar las reglas no escritas de la democracia hasta su punto de quiebre, para obtener resultados que son antidemocráticos, es parte de una nueva serie de estudios sobre la idea de autorestricción o“ forebearance” (Alisha Holland), en la cual los políticos aceptan no transgredir las reglas no escritas de la democracia. En el mundo de Trump, por otro lado, toda regla escrita puede ser cambiada y toda regla no escrita puede ser transgredida.
La enseñanza fundamental de estos dos años es que cada cambio realizado por el poder político, en el momento de ser incorporado como parte del statu quo, puede ser escalado. No importan las creencias de quienes implementan una nueva política, dado que todo aquello que no ha sido explícitamente articulado en la ley puede ser transgredido. No hay acuerdos no escritos, no hay reglas implícitas, no hay límites que no puedan ser obviados si el poder quiere obtener un resultado.
Es este espíritu de los tiempos el que no me permite esperar que la reforma propuesta en el Decreto 683/2018 sea la última palabra que escuchemos sobre el tema. Este decreto, que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones militares dentro del territorio argentino, se constituye en un precedente sobre el cual se puede avanzar. Dice el ministro de Defensa, Oscar Aguad que, a diferencia de lo que anunció recientemente Mauricio Macri,“ jamás se le ocurrió” que las Fuerzas Armadas “patrullen ciudades o intervengan en conflictos sociales.”
Sin embargo, esas nuevas tareas no tienen por qué ocurrírseles a Aguad. De esas transgresiones se puede ocupar Macri, la próxima ministra de Defensa o de Seguridad, quienes van a asumir sus cargos en un mundo donde el statu quo que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar actividades dentro del territorio ya está vigente. Como en Gaslight, el Gobierno acusa a la oposición de imaginar escenarios imposibles, de anticipar la participación de las FF.AA. en conflictos internos, de ver aumentos en el presupuesto militar e intervenciones desestabilizadoras para el orden democrático. Sin embargo, poco importa lo que piense este Gobierno sobre la sombra futura de sus decisiones. El nuevo statu quo impone una nueva realidad en la cual vivirá el próximo Presidente y su ministro de Defensa, en la cual ya existe un precedente que expande la de intervención de las Fuerzas Armadas.
Ninguna política pública concluye cuando es implementada. Toda política pública es un punto de partida para la próxima política. Un precedente a ser citado y modificado por la próxima persona que se siente en la silla del ministro. Más allá de las creencias personales de Aguad, no es tan sólo Macri el que anunció que el rango de actividades de las Fuerzas Armadas debería expandirse para incluir áreas como combatir el narcotráfico o administrar la violencia social. Son también todos los futuros ministros y secretarios, los editoriales de los distintos medios, los votantes hastiados o engatusados, quienes pueden aducir que existe un precedente para la actuación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. “Estas exagerando”, dirán algunos, pero se equivocan. Si algo he aprendido de Alice Alquist, del mundo político en el que gobierna Trump, es que toda exageración es una oportunidad a ser explotada.
