Brasil y EE.UU. impulsan una iniciativa para que haya más control ciudadano sobre los gobiernos.
En septiembre de 2011 Brasil y Estados Unidos lanzaron una iniciativa que apunta a aumentar la transparencia, luchar contra la corrupción y fortalecer los estándares de
buen gobierno. La iniciativa conocida como Open Government Partnership (OGP), incluyó inicialmente ?además de los países promotores? a México, el Reino Unido, Filipinas, Indonesia, Sudáfrica y Noruega (www.opengovpartnership.org). A partir de
su presentación durante la última Asamblea de las Naciones Unidas, muchos países han solicitado su incorporación. Entre los gobiernos latinoamericanos que han iniciado
el proceso de compromiso figuran Chile y Colombia. La Argentina está ausente.
Los objetivos centrales de la OGP son: aumentar la disponibilidad y el acceso a la información pública, apoyar la participación ciudadana en la toma de decisiones, implementar estándares de integridad y ética en la función pública y potenciar el uso de las nuevas tecnologías para garantizar la apertura de los gobiernos y el acceso a la información por parte de los ciudadanos y para facilitar el control sobre la gestión pública. Para poder participar en esta iniciativa, los países deben acreditar que satisfacen cuatro criterios centrales que caracterizan a un gobierno abierto: a) transparencia fiscal presupuestaria, b) ley de acceso a la información, c) mecanismos de transparencia del patrimonio de autoridades electas y funcionarios del Estado, y d) respeto a las libertades cívicas y participación ciudadana en los procesos de decisión.
El grado de cumplimiento de estos requisitos se mide de acuerdo a estándares internacionales. La Argentina no forma parte de la iniciativa de Gobierno Abierto. No es de extrañar. El Presupuesto general que aprueba el Congreso no es nada más que un dibujo, basado en estimaciones reñidas con la realidad que, además, es modificado tan pronto sale del Congreso a través de los superpoderes del jefe de Gabinete y los decretos de necesidad y urgencia.
La transparencia como imperativo de buen gobierno no se satisface con el “relato”, sino que exige la difusión y acceso a una información veraz. La manipulación del sistema nacional de estadísticas ?que implica no sólo la tergiversación del índice de inflación, sino también las cifras sobre pobreza y desempleo? es otra manifestación de la ausencia de transparencia. La publicidad de los actos de gobierno es de la esencia de la república y en ese principio se sustenta el derecho de acceso a la información pública. Sin acceso a la información pública se dificulta el control del gobierno y se obstruye la participación efectiva de la ciudadanía.
El acceso a la información pública es una herramienta esencial de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La Constitución de 1994 consagró el derecho de acceso a la información pública con relación a los partidos políticos, en su artículo 36. Sin embargo, la Argentina no cuenta aún con una ley que garantice la efectiva vigencia de ese derecho, no sólo para los partidos, sino para cualquier ciudadano, y que prevea los mecanismos para enfrentar la negativa injustificada del gobierno de turno a brindar la información.
El decreto 1.172 de 2003, dictado por el presidente Néstor Kirchner, significó un paso
adelante, aunque parcial en su alcance al estar limitado al Poder Ejecutivo y la Administración central. Pero las acciones del Gobierno pronto fueron en la dirección de restringir la información disponible. No sólo se desmanteló la oficina encargada de la implementación del decreto, sino que se eliminó información de las páginas oficiales en Internet o se complicó su accesibilidad ?como sucedió con los informes de los órganos de control: la AGN y la Sindicatura?. A ello se sumó una política de respuesta a los pedidos de información que argumentaba que se trataba de información que hacía al derecho a la intimidad, aunque lo que se preguntara fuera cuántos fondos se habían destinado al Fútbol para Todos y en qué se habían gastado esos fondos.
Los objetivos de la iniciativa de Gobierno Abierto se inscriben en el marco de la implementación y efectiva vigencia de la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción (UNCAC). La Argentina ratificó la Convención por ley 26.097 en 2006, aunque la puesta en marcha de medidas eficientes para la lucha contra la corrupción no parece estar entre las prioridades del Gobierno. La lucha contra la corrupción requiere algo más que relatos y declaraciones; requiere compromiso y acción. La política de tolerancia cero a la corrupción que está aplicando la presidenta Dilma Rousseff parece apuntar en ese sentido. Mientras tanto, la Argentina está ausente.
(De la edición impresa)
