Pese a la consolidación global de la democracia, la credibilidad en los procesos electorales no pasa por su mejor momento.
En este año de elecciones en algunos de los países más grandes y populosos del mundo, se mantiene una tendencia: los ganadores son acusados de fraude. Los acusadores son los candidatos perdedores, medios de comunicación u ONGs. Días atrás, volvió a ocurrir en Rusia. Pasó en México, casi siempre, también en Irán y aun en Estados Unidos, cuando George Bush se impuso sobre Al Gore. En forma incipiente, el fenómeno se registra también en la Argentina de los últimos años.
Parece una contradicción de la evolución democrática. Año tras año, las encuestas internacionales confirman que las mayorías del mundo apoyan la democracia como forma de gobierno, pero las elecciones se han transformado en asunto de discusión. Esto sucede a pesar de que la organización de las elecciones democráticas se ha profesionalizado como nunca antes. Los mecanismos de votación ?desde las papeletas hasta el voto electrónico? se han perfeccionado, hay tecnologías que mejoraron la logística y los sistemas de escrutinio, y se desarrolló la profesión del especialista en elecciones y sistemas electorales. Sin mencionar que los ciudadanos están hoy empoderados por la posesión de herramientas de comunicación que les permiten registrar e informar datos de los actos públicos en que participan.
¿Por qué entonces, a pesar de que las condiciones materiales de la transparencia electoral mejoraron, se respira un clima de pérdida de credibilidad en los procedimientos? El contexto general de esta puesta en duda de la legitimidad de las elecciones democráticas es la globalización de la democracia. Hoy, todos somos demócratas. No hay que olvidar que hace unas pocas décadas, sólo una minoría de los países del mundo tenía gobiernos surgidos de elecciones competitivas. La mayoría se regía aún por monarquías, dictaduras militares o sistemas comunistas de partido único.
En poco tiempo, vertiginosamente, la relación se invirtió: con muy escasas excepciones, los Estados se basan en un principio de soberanía popular, según el cual la población decide quien gobierna. Se trata de una idea crecientemente incuestionable. A su vez, la globalización de la democracia se transmuta en una agenda acerca de la democratización de las democracias. Más allá del primer consenso, que no es poca cosa, los politólogos distinguen entre diversas tonalidades de la “calidad democrática” entre países, se preguntan si no es acaso posible que dentro de un país democrático subsistan nichos autoritarios subnacionales y cuestionan las prácticas de algunos partidos políticos.
Algunos, como Ware, se preguntan si es posible la democracia cuando votamos a nuestro legislador pero no a nuestro jefe en la empresa. La transición a la democracia, en definitiva, nunca termina. Algunos autores, entre ellos Steve Levitsky, hablan de “autoritarismos competitivos” para referirse a casos que reúnen las características del gobierno autoritario ?discrecionalidad jurídica, represión y/o militarización? a pesar del origen electoral, sea éste transparente o irregular.
Es posible, entonces, que una competencia dentro de una democracia formalmente reconocida plantee una lucha normativa por la libertad. Otros hablan de “revolución electoral” para referirse a las democratizaciones de la Cuarta Ola: democratizar ya no consiste en derrocar a una dictadura, sino de vencer a un partido fraudulento. Esta alteración de las categorías del vocabulario político del Siglo XX requiere mucha reflexión.
La puesta en duda de la credibilidad electoral es parte de la competencia, antes que un juicio válido e imparcial. Determinados actores políticos pueden aspirar a minar la legitimidad de gobiernos democráticos, con el objetivo de producir un golpe de efecto en la opinión pública. Esta tentación es particularmente fuerte en los casos de partidos opositores débiles que enfrentan a oficialismos fuertes. Necesitan, para cambiar los resultados, que muchos antiguos votantes del oficialismo se pasen a la oposición, y una forma de lograrlo es convencerlos de que su origen es irregular.
En suma: la cuestión de la transparencia de las elecciones, muy sensible en todo proceso democrático, no es la misma una vez que el análisis político “descubre” la existencia de democracias de diversa calidad. La legitimación de los procesos democráticos no puede depender únicamente de la retórica de los partidos políticos y los candidatos, que pueden obrar irresponsablemente toda vez que la tentación de minar la credibilidad del sistema les trae réditos políticos. Por eso, aunque no sea mucho, la profesionalización de las instituciones electorales y de las misiones internacionales de observación son nuestra mejor garantía.
(De la edición impresa)
