El Congreso y el golpe del ’76

El Congreso pudo haber hecho más para evitar el golpe del 1976. Al menos, debió haberlo intentado.

El 24 de marzo es día propicio para tener presente los daños perpetrados por los sucesivos golpes de Estado, lo ocurrido durante el último gobierno militar y las flagrantes violaciones de los derechos humanos. Pero poco se ha hablado y recordado sobre el papel de la política y, específicamente, del Congreso en aquellos días. Sirva también ese día, entonces, para rememorar lo que no queremos que vuelva a ocurrir: instituciones que no reaccionan frente a las crisis con final anunciado. Juan Domingo Perón, en su tercer mandato llegó a gobernar casi nueve meses. Fallecía el 1º de julio de 1974 y la sucesión constitucional ubicaba en la Primera Magistratura a su esposa. No hace falta desarrollar aquí el terrible desgobierno que desplegó la administración de María Estela Martínez de Perón. Frente a tal cuadro de desquicio, las alternativas eran tres: la renuncia de la Presidenta; lograr su desplazamiento por vías institucionales como primer paso para superar la crisis y esperar, una vez más, la acción “correctiva” del poder armado, o sea, el golpe de Estado.

Cabe remarcar que desde diferentes ámbitos se había solicitado la renuncia de la Mandataria e, incluso en el mismo mes del golpe, varios grupos parlamentarios de ambas cámaras pidieron convocar a la Asamblea Legislativa para relevarla del cargo. Frente al pedido de convocatoria de la Asamblea Legislativa, Italo Luder dictó la resolución del 8 de marzo de 1976 por la cual se denegó el pedido de convocatoria. Fundó su resolución en consideraciones constitucionales y, tiempo después, expresó: “En verdad, a esa altura de los acontecimientos yo estaba convencido de que la decisión de las Fuerzas Armadas de tomar el gobierno era irreversible…procuré evitar el enfrentamiento del mundo político y la fractura del justicialismo, que eran las consecuencias inevitables de la reunión de la Asamblea Legislativa”. En otras palabras, se percibió como inevitable el golpe y para soslayar el conflicto político y la ruptura del justicialismo se prefirió la salida militar.

En realidad, Luder, en el mes de febrero, no había cerrado las puertas a la convocatoria de la referida Asamblea, pero luego del Congreso justicialista del 6 de marzo de aquel año, cuando el verticalismo ratificó incondicionalmente a Isabel, la Asamblea era desechada como alternativa. Pero antes de rechazarse el recurso de la Asamblea, el Congreso ya se había enfrentado con la alternativa del juicio político a la Presidenta. Efectivamente, la vía institucional de destitución presidencial se intentó, aunque sin éxito, un mes antes del golpe. Existieron dos proyectos de juicio político, uno presentado por el diputado Valenzuela –rechazado por la Comisión de Juicio Político– y el presentado por el diputado Francisco Moyano, del Partido Demócrata de Mendoza. Ninguno de los dos proyectos superó el trámite del paso a Comisión de Juicio Político, pero el segundo fue motivo de un acotado debate en Diputados, el 25 febrero de 1976, a través de un pedido de tratamiento del proyecto sobre tablas, que no logró los votos requeridos por el reglamento.

Si bien el tratamiento sobre tablas no prosperó, las condiciones puestas en juego no podrían haber sido más prometedoras: a) la manifiesta y evidente falta de idoneidad de la Presidenta, b) el mayor partido de la oposición –la UCR– a favor del progreso del impeachment, y c) la división en el seno del partido gobernante. La fría explicación relacionada con los números muestra que no se alcanzaron los votos suficientes para el tratamiento sobre tablas. No sólo los peronistas verticalistas o leales a la Presidenta votaron en contra. También lo hicieron otras fuerzas políticas.

Dentro de este último grupo, ¿qué podían esperar los que habían sido aliados del peronismo frente a un gobierno que se derruía? La mayoría de los diputados obraron con cierto irracionalismo político. Desecharon la más que probable ruptura institucional y, al menos durante el transcurso de la sesión, no ofrecieron alternativas institucionales viables para superar la crisis. Otra interpretación sería que lisa y llanamente hubo apatía o resignación y la sensación ambigua de que “la suerte estaba echada”, como diría el propio Luder tiempo después, comentando los hechos. Así, todos desempeñaron un papel contrario a sus propios intereses; los verticalistas buscaban tejer unas redes con el poder militar –incluso hasta la “bordaberrización”– para lograr el apoyo que evitara caer en el abismo y, paradójicamente, acusaban de “golpistas” a la oposición.

Los desencantados que habían integrado el FREJULI no daban más crédito a la Presidenta, pero no se animaban a dar el paso necesario para su desplazamiento. Y no todos los que se inclinaban hacia el juicio político –y votaban a favor de su tratamiento– confiaban íntimamente en que era el mejor remedio e incluso que hubiera salida real alguna frente al grado de descomposición alcanzado. En realidad, el escenario parlamentario dramatizó el contexto político e institucional del país y contrapuso como espejo a un vacío de poder un cuadro de inmovilismo e impotencia, configurando un suicida callejón sin salida.

El Poder Ejecutivo estaba agónico y el Poder Legislativo en crisis. El oficialismo estaba dividido (con el antiverticalista “Grupo de Trabajo” en el Parlamento), y los disidentes del FREJULI y parte de la oposición no se animaban a votar contra el Gobierno. El peronismo no había cesado en sus divisiones y sus distintos sectores se fagocitaban mutuamente. Los tramos finales que preludiaron el golpe mostraron una cruda disputa entre los verticalistas, los moderados y los rebeldes. Los primeros exhibían un apoyo incondicional a la Presidenta; los segundos reclamaban rectificaciones inmediatas del Gobierno advirtiendo el riesgo del golpe y el último sector era el que mayor distancia y cuestionamiento ponía en relación a Isabel y a su gobierno.

A finales del mes de febrero, el peronismo vivía una interna descarnada, llena de tensiones y que impedía avizorar un rumbo. El radicalismo había abandonado su papel opositor –prescindiendo de la polémica de si fue o no verdadera oposición en la experiencia iniciada en 1973– y no aparecía como una alternativa creíble al caos reinante. El cuadro se completaba con un sindicalismo y un empresariado que hicieron muy poco para mantener la dinámica política dentro de los cauces de moderación necesarios para desdramatizar el conflicto social y reconducirlo por las vías institucionales pertinentes.

Por fin, las Fuerzas Armadas, que pasaban del teórico “profesionalismo prescindente” al emplazamiento al gobierno, a fines de 1975, amenazando con su intervención si el proceso político no se autorregeneraba. El Congreso fue, entonces, reflejo microscópico de la descomposición social de un régimen que se autoconsumía y que en clave política mostraba a un gobierno aislado, sectario y que pretendía llenar el vacío de poder con un estilo impotente y sin contenidos. El 24 de marzo es fecha propicia para recordar, también, cómo las instituciones de un régimen democrático no están a la altura de los acontecimientos. El Congreso pudo haber hecho más de lo que hizo para reconducir la extrema crisis política y evitar el golpe del 24 de marzo de 1976. Al menos, debió haberlo intentado.

(De la edición impresa)

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