¿Carta Abierta o Laclau?

¿La reforma de la Constitución Nacional se justificará por el lado de los “derechos” o por el lado del régimen político?

Nuevamente, los tiempos se aceleran. Según voces del kirchnerismo –con algo de ironía– ha sido el propio Daniel Scioli quien puso el tema de la reforma y la reelección en el tapete. Pero nunca dejó de resonar el eco de la frase “Cristina eterna” emitida por Diana Conti. Tampoco cae en el recuerdo la respuesta de la Presidenta de no hacerse “los rulos” cuando se la interrogó sobre su reelección. Algunos sectores del kirchnerismo menos orgánicos, como Luis D’Elía, reclamaron la necesidad de una reforma constitucional.

Los intelectuales de Carta Abierta en su última carta llevan la épica discursiva hasta territorios notables. Dejando a un lado la estética que emerge de una encomiable combinación entre ideología y ficción, el análisis constitucional no parece ser un punto fuerte de reflexión de la agrupación. No hace falta el mejor asesoramiento en derecho constitucional para saber que la Constitución reformada en 1994 no es obstáculo alguno para la gama de derechos que solicitan sus integrantes.

Es más, el texto de 1994 se caracterizó, justamente, por la cantidad de derechos que vinieron de la mano de modificaciones del articulado del texto fundamental y la inclusión de tratados internacionales.

Dice la referida carta: “Un nuevo cuerpo normativo, realizado y sostenido por un sujeto constituyente popular, debe establecer una barrera antineoliberal, en el reconocimiento de la multiculturalidad, la reconstrucción de la geometría del Estado, la inclusión de nuevas formas de propiedad, el dominio nacional-estatal de los recursos naturales, la protección del ambiente humano y natural, el reconocimiento de la salud como derecho y la responsabilidad del Estado para ofrecer respuestas integrales a la necesidad de salud de las poblaciones con eje en servicios públicos, el respeto a la heterogeneidad lingüística del territorio nacional, las relacionales colaborativas entre sociedad y Estado: en suma, el reconocimiento de áreas que requieren un gran debate imprescindible”.

Este “sujeto constituyente popular” sería el encargado de incluir una cantidad de derechos que, en realidad, ya están en la Constitución. Respecto de la “barrera antineoliberal” es como si otras agrupaciones pidieran la reforma para levantar, por ejemplo, una “barrera antiizquierdista”, “antinacionalista” o “antikirchnerista”. No hace falta mayor explicación ni comentario.

El dominio estatal-nacional de los recursos naturales sería una vuelta atrás respecto a la propiedad en manos de las provincias que trajo la reforma de 1994. No sólo una parte importante de la dirigencia política no activa ni transforma la letra del federalismo en práctica efectiva, sino que aparecen este tipo de propuestas que aumentarían la centralización y licuarían aún más el desfalleciente federalismo actual. La reforma de 1994 no fue la panacea. De su mano vinieron alteraciones significativas que conllevaron un aumento de la legitimidad plebiscitaria de la presidencia y de su legalidad parlamentaria gracias al aumento de sus facultades de legislación. A pesar de los objetivos de atenuación del régimen presidencial, la reforma reforzó aún más el presidencialismo de la Constitución de 1853/60. Fue justamente en el campo de los derechos donde la reforma ofreció menos críticas.

Apenas hace falta decir que el problema reside en la re-reelección de la actual Mandataria. Sin Cristina a la vista, el kirchnerismo ve comprometida su propia sucesión. El peronismo, por el contrario, ya ha mostrado el deseo de competir de algunos de sus miembros, como Scioli o José Manuel De la Sota. ¿Qué ocurriría con la mayoría de los peronistas que abrazan pragmáticamente al kirchnerismo si alguno de aquéllos fueran los candidatos? Nada. Como siempre, el peronismo se adaptaría. Pero, ¿qué ocurriría con los fervientes y fanáticos del kirchnerismo cristinista que han demonizado incluso a parte de las propias filas del peronismo? Para ellos sería más difícil encontrar sitio bajo el paraguas justicialista y, de encontrarlo, sería en la periferia de ese nuevo mundo.

Si el texto de Carta Abierta no expresa necesidad real alguna, cabe destacar la sinceridad de Ernesto Laclau. Desde hace tiempo viene sosteniendo una propuesta distinta de régimen político, cuya fórmula es “presidencialismo fuerte más reelección indefinida”. A diferencia de Carta Abierta, no se trata de una cuestión de derechos, sino de una profundización de ciertos rasgos institucionales que atañen al régimen político. La profundización sería tal que el régimen se desplazaría desde el actual sistema democrático con ostensibles falencias republicanas a otro cualitativamente distinto y aún menos republicano.

La Presidenta obtuvo el 54% de los votos en la última elección. Es un hecho tan democrático como innegable. Aunque los temas de campaña –y de escaso debate preelectoral- poco tuvieron que ver con la agenda desplegada por el kirchnerismo a partir de noviembre de 2011. Dato no menor si de representación política hablamos. Pero, aún así, si en las urnas el pueblo revalida al Gobierno en 2013, no habría objeciones desde un prisma democrático. En cierto sentido, sería mejor que el Gobierno asuma sinceramente su proyecto reformista. La población podría juzgar no sólo lo actuado por la administración entre 2011 y 2013, sino un proyecto que con seguridad se intentará concretar de obtenerse apoyo electoral.

Asimismo, blandir la vocación reformista es un modo de retardar el “lame duck” del Gobierno. ¿Vendrían luego las luchas internas? Los recuerdos del menemismo vienen a la memoria. También los de un peronismo que no pudo negociar una sucesión racional y terminó en la trampa de una lucha entre sus dos hombres fuertes: Carlos Menem y Eduardo Duhalde. La historia es conocida. La Alianza aterrizaba en el poder como consecuencia de una convivencia imposible que acordara una sucesión pacífica y viable.

Volviendo a la reforma, según los gustos habrá distintas formas de apoyar y justificar un cambio constitucional. Podrá ser por el lado de los “derechos”, como lo hace Carta Abierta o por el lado del “régimen político” en clave populista, como pregona Laclau. Pero las voces que claman por una “Cristina eterna” o las que, en la Biblioteca Nacional, desnudan la necesidad inexorable de continuidad de la Mandataria nos remiten al territorio de la “auctoritas principis”, donde emerge la tradición política de la “auctoritas” más que la jurídica de la “potestas”. En este marco, la autoridad es originaria y proviene de la persona, no de cargos o magistraturas diseñadas por formatos jurídicos. La política se encarna en una persona y se desata del orden normativo. Esto es un régimen que va mucho más allá de las distintas versiones acerca del populismo.

Frente al escaso poder de la oposición, el futuro parece que será procesado dentro de los perímetros del peronismo. En su seno deberá discutirse, alguna vez, en serio. Dejar la adaptabilidad circunstancial y la plástica política ¿Qué tipo de régimen político acompañarán los dirigentes peronistas en el futuro próximo? El liderazgo no es sólo un problema de la oposición sino también del movimiento creado por Perón.

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