Las falencias del sistema de control son producto del diseño de los organismos que lo integran
En su discurso de inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema llamó a evitar la politización de la Justicia y la judicialización de la política. Parece una meta difícil de alcanzar. El Consejo de la Magistratura, aun con su nueva integración, no pudo evitar que el oficialismo controlara la presidencia. Por otra parte, el proceso electoral ya inauguró los reclamos judiciales el año pasado con acciones destinadas a forzar al Ejecutivo a dictar los reglamentos para las internas abiertas.
Este año, seguramente habrá planteamientos sobre colectoras, candidaturas varias, colores de las boletas y reparto de espacios en los medios. Pero ahora asistimos a otro fenómeno: la judicialización del control. En efecto la Auditoría General de la Nación, con la anuencia de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, ha debido recurrir a la Justicia para que la administración le brinde los informes y datos que necesita para poder ejercer el control.
Algunos han recordado que el mecanismo del amparo no es la vía indicada para que
un organismo público le pida información a otro organismo público. Es cierto, el amparo fue creado con otro fin: proteger los derechos de las personas frente a los ataques del Estado o de otro particular. El problema es que la Auditoría no tiene otro medio eficiente de forzar al Gobierno a darle la información y sin información no hay control posible.
La fuerza de una orden judicial será, sin duda, superior a la de un pedido de la Auditoría pero tampoco asegurará el resultado, vista la actuación de la actual administración frente a fallos judiciales ? aun los del Máximo Tribunal?. Casos como el del saneamiento del Riachuelo o la actualización de los haberes jubilatorios son muestras más que elocuentes de la falta de impacto de las decisiones judiciales en las políticas públicas decididas por el Gobierno.
Las falencias del sistema de control en la Argentina tienen relación con el diseño institucional de los organismos que lo integran. El primer problema se vincula con la falta de independencia de los órganos de control. Aun el supuestamente más independiente de esos órganos, la AGN, es un cuerpo colegiado, de 7 miembros, en el cual la oposición tiene la presidencia, pero el oficialismo tiene la mayoría, con 4 auditores.
La competencia material de la Auditoría es amplísima y está consagrada en la propia
Constitución. Sin embargo, la ley que regula la AGN ?que es anterior a la reforma de 1994? no le otorga, por ejemplo, legitimación activa para denunciar la presunta comisión de delitos detectada durante el proceso de control. Hasta ahora, las causas han sido iniciadas bajo la responsabilidad personal del Presidente de la AGN.
La ley dispone que la AGN podrá “exigir la colaboración de todas las entidades del
sector público, las que estarán obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones”. ¿Qué parte es la que no entienden los funcionarios del Gobierno? La judicialización no es la solución definitiva del problema de la falta de control. Es sólo una medida provisoria que muestra, por lo menos, que la Comisión Mixta del Congreso no se conformará con elaborar simples pedidos de informe al Ejecutivo, aprobados con demora por el Congreso y contestados más tarde aún por el Gobierno.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la judicialización introduce en el mecanismo
de control la lógica judicial del contencioso que contribuye a dilatar los procesos favoreciendo la discrecionalidad y la falta de transparencia. La solución está en modificar la Ley de Administración Financiera del Estado dotando a la AGN de independencia, competencia y capacidad para acceder a la información que necesita para ejercer el control de manera eficiente y oportuna. Lamentablemente
no creo que el tema integre la agenda de “temas no conflictivos” con los que los
bloques mayoritarios piensan dar la imagen de que el Congreso funciona durante el año electoral.
