La inseguridad en Buenos Aires: nuevo capítulo

La derrota en las primarias colocó sobre el tapete, una vez más, la cuestión de la inseguridad. La estrategia de Scioli y el perfil de Granados.

La derrota electoral que sufrió el kirchnerismo en las primarias de agosto desató una serie de debates internos de una intensidad, hasta hoy, sin antecedentes. Si bien el (casi) fatídico 2009 fue testigo de acaloradas discusiones, antes y después de la elección, Néstor Kirchner nunca perdió el timón del peronismo. En aquel entonces, un encumbrado diputado bonaerense confesó a este cronista, a la vuelta de una larga charla con el ex presidente: “Néstor no es ningún loco. La gente se confunde. El sabe perfectamente lo que está haciendo y tiene bien diagnosticados todos los riesgos”.

Tampoco en aquel momento la discusión por la sucesión presidencial había llegado tan lejos como ahora. Aún con la aceptación del Gobierno rozando el suelo, había dos alternativas de sucesión: Néstor o Cristina. Hoy no existe ninguna de las dos, y la dinámica sucesoria empieza a acelerarse como nunca antes. En esta oportunidad, el gobernador Daniel Scioli ensayó una serie de movimientos bastante más audaces que los que venía teniendo. No dudó en fundirse con Martín Insaurralde, el candidato perdidoso, aun sabiendo que la derrota electoral es un lastre que pesará.

El discurso oficial es que Scioli estaría sosteniendo al Gobierno Nacional. El senador Jorge Yoma fue bastante más allá y afirmó que si no fuese por “la talla de estadista” del gobernador bonaerense, la Argentina estaría llamando a una Asamblea Legislativa. En suma, lo que el sciolismo pretende instalar es que su jefe político es hoy el único sostén de un Gobierno Nacional en caída libre.

Esa estrategia tiene costos en el corto plazo. Primero, el 27 de octubre por la noche, Scioli deberá hacerse cargo de la derrota (al menos de una parte de ella) cuando el candidato que adoptó con calculado entusiasmo sea batido por su archirival en la disputa por la sucesión presidencial, Sergio Massa. Según la última medición de M&F, la diferencia entre el intendente de Tigre e Insaurralde podría estirarse a más diez puntos.

Segundo, deberá sobrellevar lo que le quede de mandato en una provincia deficitaria, con problemas para afrontar el financiamiento de servicios básicos y hasta con dificultades para abonar los salarios del sector público. También la gobernabilidad local será un problema. El massismo acaba de presentar un bloque de 23 diputados en la Cámara Baja provincial, que está conformada por un total de 92 legisladores. En el Senado, el Frente Renovador (FR) cuenta con al menos 11 senadores, que podrían ser más.

Nótese el detalle: ambos bloques se conformaron sin pasar por elecciones. Las bancadas del FR son el resultado de los realineamientos políticos disparados por la irrupción de Massa, pero todavía no se incorporó ni un solo legislador electo por la boleta del espacio. Si el alcalde de Tigre supera los 40 puntos, los números en la Legislatura serán un verdadero dolor de cabeza para la gobernabilidad sciolista. Así las cosas, sería ilusorio que el gobernador de la provincia apueste a la construcción de capital político por medio de la gestión. Cuando las obras no son financiadas por el Estado Nacional, difícilmente se concretan. Con problemas para sancionar leyes y financiar obra pública, la gestión se desarrollará con la dinámica de una carrera de obstáculos. Por eso, los estrategas del sciolismo no apuesta a la gestión sino a la política pura para mejorar la posición de su jefe en el lote de los presidenciables.

LA ESTRATEGIA

Por un lado, Scioli podría apuntar a convertirse en una especie de primus inter pares al interior del grupo de gobernadores justicialistas que se reúnen en torno a GESTAR, el instituto de formación del PJ. Provincias como Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, San Juan, La Rioja y Misiones, representan, sumadas, unos siete millones de electores cerca del 23% del padrón nacional. Se trata de distritos donde los mandatarios provinciales son figuras fuertes, a veces excluyentes, de la política provincial. El sanjuanino José Luis Gioja avivó la llama cuando dijo que “el próximo presidente saldrá de acá”, frente a los trece gobernadores y varios de los intendentes más importantes del conurbano.

La dificultad que enfrenta el gobernador bonaerense es que su ambición se solapa con la de algunos de sus pares. Varios sectores del kirchnerismo empujan el favoritismo del Gobierno Nacional hacia las huestes del entrerriano Sergio Urribarri. En suma, al día de hoy, el mejor escenario para el sueño presidencial de Scioli sería un kirchnerismo derrotado, sin otro mejor candidato que él mismo, apoyado por una liga de gobernadores e intendentes que soporten su candidatura. Otro escenario posible es competir en una interna abierta del Frente para la Victoria con un rival de perfil ultrakirchnerista al que pudiera derrotar. Eso le permitiría saltar a la elección general con perfil ganador. En favor de esta hipótesis, juega la convicción de muchos dirigentes y operadores justicialistas de que haber evitado el uso de las primarias –inventadas por el propio Néstor Kirchner para ordenar al peronismo– fue un error.

Por su parte, el kirchnerismo duro parece estar tolerando el avance de Scioli. Frases que hasta hace apenas unos meses le hubieran costado a Scioli un escarnio público –como la de “ayudar a que el Gobierno Nacional termine bien”– ya no sensibilizan como antes las tensiones intrakirchneristas.

De todos modos, CFK tampoco se ha desentendido de la coyuntura electoral. Primero buscó recuperar el centro de la escena capitalizando la posición soberana del Estado argentino frente al reclamo de los fondos buitres. Luego, a resultas del diálogo con “los titulares”, anunció mejoras para el pago de Ganancias y en la regulación de las asignaciones familiares y el monotributo. Finalmente, movió las fichas en el tablero de la seguridad y la defensa para atacar el principal miedo de la sociedad, el karma de los mandatarios bonaerenses, la inseguridad. Movilizó 2.500 gendarmes al Conurbano Bonaerense y, en una medida que según muchos especialistas consultados violaría de lleno la Ley de Seguridad Interior, envió a la frontera a 4.500 militares. Esa ley, sancionada al calor de la consolidación democrática, prohíbe que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior.

EL KARMA

A pesar de que el futuro presidencial de Scioli parece más atado a la política que a la gestión, persiste en la agenda un problema central que puso en jaque la carrera de todos los gobernadores bonaerenses con ambiciones presidenciales: la inseguridad. En los años noventa, Eduardo Duhalde quedó enredado en el torbellino del delito y la corrupción policial. En la década siguiente, durante la administración de Felipe Solá, el secuestro seguido de muerte de Axel Blumberg empujó a cientos de miles de personas a la calle en reclamo de seguridad.

Scioli no parece estar corriendo una suerte distinta a la de Duhalde y Solá. En las últimas semanas ha crecido en su círculo político la convicción de que el oficialismo perdió las elecciones, en buena medida, por la inseguridad. El intendente de la Matanza, Fernando Espinoza, diagnosticó la derrota con una estadística curiosa: “Perdimos en un 20% por el Impuesto a las Ganancias y en un 70% por la inseguridad”.

Más allá de que la seguridad aparece como el principal tema de preocupación ciudadana en todas las encuestas, su impacto electoral es discutible. El kirchnerismo ganó varias elecciones con políticas de seguridad poco innovadoras. Incluso su mayor porcentaje, el 54% de 2011, lo obtuvo sin renunciar al rechazo de la “mano dura”. Antes que el impacto electoral, quizás el objetivo que algunos alcaldes persigan al fogonear este viraje sea arrebatarle una de las banderas más taquilleras a Massa.

Sin embargo, dentro de la alianza de gobierno las opiniones están repartidas. Un dirigente del ex universo frepasista confesó su nerviosismo a el estadista. Según su análisis, “los sectores más reaccionarios están aprovechando para avanzar con la mano dura, instalan que perdimos la elección por la inseguridad y la convierten en el chivo expiatorio de la derrota”. Del mismo modo, suponen que por primera vez el sciolismo está avanzando casilleros. La misma fuente evaluó que “en materia de seguridad, Scioli siempre buscó un retorno a la mano dura desde que asumió en 2007, pero ese impulso era contenido por nosotros”.

Más aún, en las épocas de divorcio entre el gobernador y CFK, la seguridad había sido un ariete privilegiado donde dirigir los golpes que le asestaron, especialmente, el vicegobernador Gabriel Mariotto, La Cámpora y el periodista Horacio Verbitsky. Incluso Néstor Kirchner había hecho transpirar a Scioli, cuando luego del caso Píparo, le espetó frente a las cámaras de televisión y desde arriba del escenario que “le diga a los argentinos quién le ata las manos”.

LA LLEGADA DE GRANADOS

Para algunos sectores, la designación de Alejandro Granados representa un avance de Scioli. Hoy, los dirigentes que solían esmerilar a Ricardo Casal, se toman la cabeza por el perfil del nuevo ministro: “Antes teníamos un problema, ahora tenemos dos. El ministro nuevo se parece más a Aldo Rico que a Carlos Stornelli o a Casal”. El intendente de Ezeiza es el ministro número 21 del área, en 21 años de gobierno. Estadísticamente, uno por año. Los dos que más tiempo se desempeñaron en el cargo fueron León Arslanián (3 años y 8 meses) y el saliente Ricardo Casal (3 años y 4 meses). Entre los otros 19, Osvaldo Lorenzo duró 60 días, hasta la Masacre de Ramallo; Luis Genoud ocupó el Ministerio durante seis meses en 2002, hasta que uno de sus subordinados asesinó a sangre fría a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Raúl Rivara, a cargo del Ministerio cuando explotó el caso Blumberg, no llegó a los cuatro meses. El ex intendente de Hurlingham, Juan José Álvarez, fue ministro dos veces: 30 días en 2001 y tres meses en 2002.

La llegada de Granados al Ministerio de Seguridad es presentada por los sciolistas como una movida política bien calculada. “Nos cerraba por los cuatro costados”, confesó una fuente cercana. Por un lado, buscaron contener a los jefes comunales, que ya venían preocupados no sólo por la derrota sino también por el manejo de la campaña. Sumado a ello, brindan un gesto de dureza frente al delito con un hombre de perfil “menos leguleyo”, que hasta supo batirse a tiros con un grupo de asaltantes a fines de los ’90. Granados fue pionero en armar cuadrículas vigiladas por policías retirados con portación de armaarriba de móviles municipales. En ese sentido, no es casual que recientemente Scioli convocara a los retirados a reincorporarse al servicio.

Tampoco el perfil “municipalista” de Granados es ajeno a las tratativas para sancionar una ley que coloque a la policía bajo la órbita de los intendentes. Y por si fuera poco, la buena relación política de CFK tanto con el nuevo ministro como con su esposa, la diputada nacional Dulce Granados, obturó cualquier intento de veto desde el kirchnerismo.

El improvisado debate sobre la edad de imputabilidad es otro signo de este avance, aunque en esta oportunidad el kircherismo trazó una línea. Insaurralde aceptó la idea de bajar la edad de imputabilidad. Es cierto que demoraron dos días, pero los legisladores más importantes del kirchnerismo le marcaron la cancha, llamativamente, con alguna sutileza. Diana Conti habló de la necesidad de sancionar un Régimen Penal Juvenil, que si bien permitiría imputar a partir de los catorce, cambiaría completamente el tratamiento punitivo que hoy reciben los menores. Lo mismo sostuvieron Juliana Di Tullio y Aníbal Fernández. Carlos Kunkel fue más directo: “Insaurralde está mal asesorado”.

La inseguridad fue, es y posiblemente será el gran karma de los gobernadores bonaerenses. Quizás la creación de las policías municipales, si es que se sanciona en la Legislatura, ayude a repartir el peso de la peligrosa espada de Damocles que pende sobre los gobernadores. En ambas cámaras provinciales descansan desde hace varios meses al menos cinco proyectos. Como adelantó el estadista en otra edición, algunos sectores esperan que el proyecto de ley de Marcelo Saín, que responde a Martín Sabbatella, sea el punto de equilibrio entre la negativa de los massistas a votar el proyecto de Scioli, y la de los sciolistas a votar el de Massa. Saín es un hombre de prestigio en el mundo de la seguridad, y su proyecto de ley es mucho más abarcativo que los demás. Quizás esa fortaleza técnica, también sea su debilidad política. No parece fácil que puedan acordar algunos puntos espinosos como el financiamiento, el control de los legajos de los efectivos y el reparto de autoridad del Ministerio y del intendente sobre las nuevas policías. Los dos años venideros serán interesantes.

Los hechos recientes demuestran que la inseguridad se vuelve en un tema de agenda particularmente urticante cuando se aceleran las disputas por el recambio presidencial. El mayor riesgo, probablemente, sea darle impulso a un tema en el que difícilmente se obtengan resultados rápidos y a corto plazo, generando más costos que beneficios.

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