(Columna del politólogo Ernesto Calvo)
El problema de fondo, por tanto, es que Griesa no puede ejecutar su sentencia sin desatar una crisis internacional y la Argentina no puede negociar con los holdouts sin desatar una crisis económica.
Han pasado casi setenta años desde la elección que llevó a Juan Domingo Perón a la Presidencia de la Nación. Fruto del paso del tiempo, pocos argentinos recuerdan la fórmula de la Unión Democrática que perdió la elección por 10% de los votos el 24 de febrero de 1946, Tamborini-Mosca. Más probable es que el votante argentino recuerde una contienda electoral entre las fórmulas de Braden o Perón, sin siquiera registrar que Spruille Braden no era el candidato opositor sino el embajador de Estados Unidos en la Argentina durante los primeros años de la posguerra.
En aquellos años, Perón supo galvanizar a la opinión pública y presentar la elección como una contienda entre los intereses extranjeros, encarnados en la figura de Braden y los intereses nacionales que pretendía avanzar su administración. La ingenuidad de Braden, replicada hace tan sólo unos meses por el embajador Geoffrey Pyatt en Ucrania, fue la incapacidad para entender que sus actos públicos entrarían de lleno en una campaña electoral sobre la cual él carecía de todo control.
Casi setenta años después, el juez Thomas P. Griesa ha decidido ponerse de pie y hablarles a los votantes argentinos desde el pedestal que dejó vacante su coterráneo Braden. Con ello, Griesa, cuando aún no lo sabe, se ha transformado en un actor más de la corrosiva política argentina. Poco sabe Griesa sobre la política argentina. Considerablemente menos que lo que los votantes argentinos conocerán sobre él en los meses que siguen. Como Mónica Lewinsky, Griesa ha perdido todo control sobre su figura pública en nuestro país y es incapaz de controlar las fuerzas políticas que él ha desatado. Mucho se discutirá sobre si Griesa fue comprado o seducido por los fondos buitres, poco importa.
A título personal, creo que Griesa fue seducido por su propio narcisismo y el placer leguleyo de poner-en-su-lugar a un demandado que desde un principio dio muestras claras de no acatar su estatus de juez federal. En efecto, todo juez federal en Estados Unidos está acostumbrado a lidiar con desacatos y desaires dando muestra de su autoridad. Es un acto de autoafirmación que permea al Poder Judicial de Estados Unidos y el cual los políticos argentinos, acostumbrados a insultos recíprocos entre los tres poderes, no supieron entender. Cada demostración de soberanía de nuestra Presidente fue leída como un acto de rebeldía por la Corte de Estados Unidos. Cada fallo de la Corte fue interpretado como un agravio a la Nación por parte de los políticos locales.
Hoy, la Argentina es tan incapaz de dar marcha atrás como el juez Griesa lo es de dar un paso adelante.
LA AUTOPISTA DE LOS ACREEDORES
Ahora que ha terminado de hablar la Justicia, comenzará a hablar la política. Las decisiones del juez Griesa van a entrar en el discurso electoral, desatando furias nacionalistas sobre las cuales los actores políticos y no locales tienen poco control. En la campaña electoral, el nombre Griesa pasará a ser un símbolo de neocolonialismo norteamericano, generando reacciones políticas por parte de los distintos actores nacionales pero también de otras autoridades e instituciones de América Latina.
Pero, ¿por qué la Argentina no puede ahora dar un paso atrás? El sistema judicial de Estados Unidos es distinto al argentino, obligando a que las Cortes inferiores acaten y tomen como guía a los precedentes sentados por las Cortes superiores. Con su decisión, el juez Griesa, efectivamente, abrió una autopista para que los bonistas que no entraron en el canje lleguen rápidamente al mismo destino que los fondos Aurelius y Elliot. Esto quiere decir que si la Argentina decide acatar la decisión del juez, una gran cantidad de acreedores podrán seguir la misma vía judicial. Ello también abrirá las puertas para que quienes entraron en el canje también judicialicen sus demandas. Esta cascada no puede ser frenada por Griesa, no importa que para “evitar el fracaso de la negociación” decida que los bonistas italianos no se sumen a la causa que él personalmente maneja en su juzgado. Cualquier Corte inferior que tome el caso debería llegar a la misma conclusión que Griesa, dado el precedente sentado por las Cortes superiores, llevando a futuros juicios por la vía VIP.
Por tanto, la Argentina no puede voluntariamente pagar y, más importante aún, tiene muy pocas vías para acordar con sus acreedores en default que no resulten en nuevos juicios, viejos y nuevos actores que denuncien a las negociaciones con los holdouts como una violación de las cláusulas del canje. Si la Argentina no negocia, está en desacato. Si negocia, se expone a una corrida sobre el peso que puede sumir al país en una nueva crisis y desatar la ira de los votantes argentinos. El problema de fondo, por tanto, es que Griesa no puede ejecutar su sentencia sin desatar una crisis internacional y la Argentina no puede negociar con los holdouts sin desatar una crisis económica. Por tanto, la decisión de Griesa pone a la Argentina en la disyuntiva de sacrificar sus instituciones, su legalidad y a sus ciudadanos para acceder a la demanda de los holdouts.
Al hacerlo, los funcionarios de Gobierno se exponen a juicios políticos por violar una ley del Congreso, poniendo en riesgo sus carreras políticas y sus bienes personales, tanto en la Argentina como en el extranjero. ¿Qué político argentino estaría dispuesto a someterse a los juicios políticos (y electorales) que desataría el pagar a los fondos buitres? ¿Qué político argentino estaría dispuesto a decirles a sus votantes que voluntariamente aceptó sacrificar el futuro de los ciudadanos para pagar una deuda poco legítima a inversores con aun menos legitimidad? Para cualquier político argentino, ceder ante el juez es una renuncia política.
GRIESA Y LA SUCESION
Pocas dudas existen de que Daniel Scioli, Sergio Massa, Hermes Binner y una mayoría de los candidatos presidenciales que competirán por el Ejecutivo en algunos meses quieren que el problema Griesa se resuelva antes de que les toque asumir la presidencia. Ningún candidato que tenga ambiciones políticas puede apoyar públicamente el fallo de Griesa y reclamar el pago a los fondos buitres. Todo candidato para ganar esta elección, en efecto, debe denunciar cualquier pago así como el proceso legal que nos llevó a esta situación. Si negocia, el Gobierno será denunciado por su fracaso en defender los intereses nacionales y por exponer al país a una cascada de nuevos juicios. Si no negocia, por llevar a la Argentina a una crisis. Dado que esta administración terminará su mandato en poco más de un año, el precio de negociar o no con los holdouts será eventualmente un costo a pagar por el próximo gobierno.
Mientras los fondos buitres, la Argentina y el mediador Daniel Pollack se reúnen en Nueva York, una lucha disciplinaria toma cuerpo en los pasillos de la academia argentina. Los economistas, atendiendo a los números, dicen que la Argentina y los buitres van a tener que encontrar una solución para poder cobrar, los unos, y evitar una crisis, los otros.
Los abogados, atendiendo a la ley, interpretan que cualquier forma de negociación puede ser leída como un pago voluntario por la corte, arriesgando no sólo los bonos de Nueva York sino también los del resto de los acreedores.
Finalmente, los politólogos nos preguntamos por las consecuencias políticas del default técnico, que anticipan los abogados y por las consecuencias políticas de una negociación, de la cual están convencidos los economistas. Para quienes miramos la arena electoral, ambas son opciones políticamente costosas.
COBRESE PORQUE NO VOY A PAGAR
Ahora que la autopista judicial ha sido completada, Griesa no puede controlar a quienes pueden circular por ella. En su soberbia, el juez pretende que la Argentina negocie hoy desconociendo los costos para los argentinos de aquellos potenciales juicios que no estarán bajo su control. ¿Acaso Griesa puede evitar que los bonistas que no entraron en el canje transiten el mismo camino judicial que Aurelius o Elliot? ¿Acaso puede garantizar que quienes entraron en el canje no pidan reparaciones? Para los políticos argentinos, tanto quienes actualmente están en el Gobierno y para los que vendrán, el costo es extraordinariamente alto no sólo por el monto a pagar sino también por la incertidumbre sobre los juicios que vendrán. Nadie quiere ser el próximo Roca en Roca-Runciman. Nadie quiere cerrar una ventanilla para luego tener que pagar por tantas otras sin tener certezas sobre las decisiones judiciales que tomará en el futuro este mismo cuerpo de jueces norteamericanos.
El problema no es el pago hoy sino la incertidumbre mañana. Y, ante la incertidumbre, la mejor opción es, para la Argentina, que el juez se cobre sin que la Argentina pague. De allí que el país opte por depositar el pago a los bonistas restructurados y el juez opte por devolver la plata antes que apropiársela. Los costos económicos, políticos y sociales de este conjunto de decisiones son altos. El Gobierno pagará por la decisión del juez ante los votantes, no importa cuánto quiera delegar responsabilidades. El juez Griesa pasará a ser un monje negro de la política argentina, un símbolo de la injerencia norteamericana en la política local. Como Braden, la historiografía argentina denostará al juez, su soberbia, su decisión de cobrar a la ciudadanía argentina para pagar a un capital especulativo que invirtió en el colapso económico del país. Ante los riesgos de un ataque especulativo contra la moneda, y dada la debilidad de las reservas en el Banco Central, Griesa podrá ser recordado como una nota a pie de página de la política argentina o como un punto de inflexión.
En cualquier caso, pocos pueden dudar de que Griesa se ha ganado unos párrafos en la entrada de la Historia Argentina en Wikipedia. Como Braden, el juez Griesa será recordado en los círculos políticos, citado por los economistas cuando deban explicar por qué la Argentina dejó de utilizar la plaza de Nueva York como centro de pago de sus bonos de deuda. Como Braden, Griesa jamás comprenderá los usos electorales de su nombre ni las ramificaciones políticas de sus decisiones
