Hoy, el desafío es cerrar cuanto antes la brecha energética y recuperar el
autoabastecimiento.
Desde hace algunos años, la crisis energética argentina, reflejada en la persistente caída de la producción de petróleo y gas, se ha convertido en un problema de orden macroeconómico.
El aporte neto del sector energético a la balanza comercial, que en 2006 totalizó un saldo positivo de U$S 6.027 millones (la mitad del total del superávit comercial argentino en ese año), se convirtió en un déficit de U$S 6.316 millones en el 2013, con importaciones energéticas 21 veces superiores a las de diez años atrás. El creciente peso de las importaciones en la oferta de energía local ha provocado un incremento simultáneo de los subsidios fiscales al sector energético, necesarios para amortiguar en el mercado interno el impacto de los precios de importación (más elevados que los vigentes en nuestro país), y para financiar los programas de estímulo orientados a revertir la caída productiva. En 2013, los subsidios al sector totalizaron $ 81.405 millones, con un crecimiento del 343% respecto al monto de los subsidios transferidos cinco años atrás.
En el corto plazo, la combinación de insuficiencia energética y escasez de divisas somete a la economía argentina a la dinámica clásica del stop & go: si la economía se frena, como parece estar sucediendo este año, la demanda de combustibles y energía cede, y lo mismo ocurre con la presión sobre las importaciones. Pero en cuanto la economía se recupera y crece, el consumo de combustibles se expande y vuelve a presionar sobre las cuentas externas.
A mediados del siglo pasado, enfrentado a una coyuntura similar, el presidente Arturo Frondizi lanzó la llamada “batalla del petróleo” , cuyo principal objetivo fue revertir cuanto antes el déficit energético. En 1958, año en el que Frondizi llegó a la presidencia, el 57% del petróleo procesado en las refinerías argentinas era de procedencia extranjera, y uno de cada cuatro dólares aplicados a importar productos se destinaba a la energía.
Sorprendiendo a propios y extraños, Frondizi puso en práctica un agresivo y pragmático programa de atracción de inversión extranjera directa para la industria petrolera local, a través de contratos de desarrollo, exploración y perforación con YPF. Cuestionado por aspectos básicamente de forma (la figura del “delegado personal” en YPF, la falta de aprobación de los contratos en el Congreso, la opacidad de algunas negociaciones), la batalla petrolera de Frondizi obtuvo de acuerdo a sus resultados productivos un rotundo éxito. Entre 1958 y 1962 la producción petrolera se triplicó, el peso del crudo importado en el total procesado en las refinerías locales cayó al 7% y la incidencia de las importaciones de combustibles en el total importado se redujo a menos del 5%.
Naturalmente, la preocupación por el déficit energético hace que hoy muchos se pregunten si estamos en condiciones de replicar el salto productivo energético de los años de Frondizi. Una primera diferencia es que en aquellos años existían importantes reservas convencionales de hidrocarburos en condiciones de ser desarrolladas y extraídas, que pudieron ser puestas rápidamente en producción a partir de la inversión extranjera directa. En la actualidad, nuestros yacimientos convencionales han sido explotados durante muchos años, están maduros, y resulta prácticamente imposible repetir el comportamiento productivo de la era frondizista en esos campos.
La oportunidad, sin embargo, aparece esta vez en el potencial de la explotación de petróleo y gas no convencional (Vaca Muerta y otras formaciones), en donde la Argentina cuenta con una enorme cantidad de recursos a desarrollar, cuya factibilidad económica y técnica aún no está probada. La puesta en valor de estos vastos recursos requerirá, como en los años de Frondizi, un boom inversor de empresas locales e internacionales.
En esta nueva “batalla del petróleo” , que consiste en cerrar cuanto antes la brecha energética y recuperar el autoabastecimiento, el desafío para los gobernantes, provinciales y nacionales es construir en conjunto el marco institucional económico y jurídico que se convierta en la base para un crecimiento sostenido y duradero de la industria de los hidrocarburos.
