(Columna de Alvaro Herrero, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas y Doctor en Ciencia Política -Universidad de Oxford-)
Resulta prioritario fortalecer y legitimar el rol de la Corte Suprema, continuando el camino iniciado en 2003
El fallecimiento de Enrique Petracchi y la inminente renuncia de Raúl Zaffaroni han generado todo tipo de especulaciones acerca del futuro de la Corte Suprema ya que la salida de este último generaría una vacante en el Máximo Tribunal. La polémica no tardó en emerger. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, sugirió la posibilidad de ampliar la composición del Tribunal, mientras que Ricardo Lorenzetti señaló que la Corte puede funcionar con cuatro magistrados. Algunos se apuraron a sugerir que el reemplazante de Zaffaroni debería ser propuesto por el próximo Presidente, a lo cual desde el oficialismo respondieron que ello no ocurriría.
Para entender mejor cuáles deberían ser los ejes del debate actual, propongo tomar un poco de distancia de la coyuntura, hacer un zoom out y analizar lo que está ocurriendo desde una perspectiva histórica. Este es un momento inusual para la Corte Suprema, que en la última década ha gozado de una estabilidad inédita en la historia argentina. La caída del peronismo en 1955 marcó el comienzo de una nueva era en la vida política del Tribunal. Por una parte, dejó sentado un precedente muy perjudicial como fue el inédito juicio político a la Corte Suprema en 1946, que terminó con la destitución de cuatro de sus cinco integrantes y del procurador general. Por otra parte, más importante aún, inauguró una etapa de notoria inestabilidad política donde los recurrentes quiebres democráticos afectaban directamente la estabilidad del Máximo Tribunal.
A partir de 1946 la vida política de la Corte Suprema se convirtió en un juego de corta duración, proporcionándole un horizonte temporal muy acotado. Al llegar al poder, el gobernante de turno ?salvo contadas excepciones- tuvo la posibilidad de nombrar una nueva composición del Tribunal o bien de modificar su integración para así servir fines políticos.
Hagamos un breve repaso:
-Perón enjuició a la Corte que heredó del gobierno anterior y nombró una afín.
-En 1955, la Corte “peronista” fue destituida por la Revolución Libertadora, que a su vez designó una nueva.
-Al llegar Frondizi al poder, logró la renuncia de tres de los magistrados de la Corte Suprema heredada, por lo cual pudo nombrar su propia mayoría en el Tribunal, e incluso tiempo después logró que el número de jueces se amplíe de cinco a siete.
-Illia fue uno de los pocos presidentes que no pudo influir en la integración del Tribunal (pese a que intentó sin éxito elevar a diez al número de jueces).
-En 1966, Onganía removió a la Corte frondizista, redujo su integración a cinco magistrados y nombró una que solo duró hasta la victoria de Cámpora en 1973 ya que todos sus integrantes renunciaron en la transición política.
-Cámpora, por su parte, propuso una nueva Corte, que fue posteriormente removida y reemplaza por otra luego del golpe de 1976.
-La Corte designada por la Junta Militar renunció con la llegada al poder de Alfonsín en 1983, lo cual le dio la oportunidad al nuevo presidente de designar una nueva Corte.
-Menem, por su parte, amplió de cinco a nueve el número de miembros, lo cual le permitió tener su propia mayoría.
-Esa Corte duró hasta los juicios y renuncias acaecidas con la llegada de Néstor Kirchner al poder, quien tuvo la oportunidad de darle su propia impronta al Tribunal.
Como se apreciará, la agitada vida política de la Corte Suprema no fue sino un reflejo de la dinámica política e institucional de nuestro país. Así, la composición del Tribunal varió con muchísima frecuencia, generalmente acompañando los quiebres institucionales y las restauraciones democráticas.
Los números hablan por sí solos. En el período 1900-1945, hubo 18 jueces que dejaron la Corte, 13 por fallecimiento y 5 por jubilación. En cambio, en el período 1946- 1983 hubo 51 salidas del tribunal: 4 por fallecimiento, 27 por renuncia, 3 por juicio político y 17 renuncias forzadas. Asimismo, a partir de 1946, casi todos los presidentes tuvieron la posibilidad de nombrar una nueva corte o de designar una mayoría afín. Junto a Illia y De la Rúa, Cristina Fernández de Kirchner ha sido una de las pocas que no ha tenido su propia Corte ni incluso la oportunidad de nombrar un juez en el Tribunal.
En la política argentina de los últimos 80 años, la historia muestra la existencia de instituciones informales que han prevalecido sobre las formales. Los jueces de la Corte Suprema no se mantienen en su cargo mientras dure su buena conducta sino mientras la política lo permita. El Tribunal no es un reservorio de estabilidad institucionalidad como lo previó la arquitectura constitucional, sino que ha alterado su integración de manera frecuente al ritmo de la ajetreada vida política.
A partir de los cambios en el período 2003- 2005, la Corte Suprema ha entrado en una etapa de estabilidad que le permitió reconstruir su prestigio y su legitimidad, y actuar con no poca efectividad como árbitro del sistema político, al tiempo que generó una jurisprudencia muy valiosa. Al mismo tiempo, no ha sufrido embates ni juicios políticos, pese a que en muchos casos falló en contra de los intereses de quienes ostentaron el poder político durante la última década.
En este contexto, la Corte Suprema como institución política está atravesando una suerte de primavera renacentista. Así, se deben dejar a un lado las miradas cortoplacistas y efectistas que sólo pretenden generar ganancias políticas mínimas. Por el contrario, Gobierno y oposición deberían concentrarse en cómo asegurar que el Tribunal cuente con las garantías constitucionales e institucionales que le permitan profundizar el círculo virtuoso en el cual se encuentra inmerso. Al fin y al cabo, aunque algunos les parezca llamativo, la independencia judicial ?concepto controvertido si los hay? no es tanto una cualidad de los magistrados sino un bien o un conjunto de condiciones que el sistema político le ofrece al Poder Judicial.
Resulta prioritario entonces enfocar el debate en los aspectos vitales que permitan fortalecer y legitimar el rol de la Corte Suprema, continuando así el camino iniciado en 2003. Para esto, se requiere de las dos partes, Gobierno y oposición, una mirada política más sofisticada; se impone la sabiduría del estadista. Lamentablemente, por ahora parecería ser un bien escaso en el mercado político.
