La muerte del fiscal, última secuencia del cripto-Estado en acción, coloca a Argentina frente a un desafío de mani pulite.
El primer día hábil de este año, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación un artículo que resultaría premonitorio: “La Presidenta, en los sótanos de la política”. Se trataba de una descripción del “cripto-Estado”, concepto de Norberto Bobbio que Miguel Bonasso utiliza en su último libro para denunciar lo que ocurre “detrás del escenario, fuera del escrutinio de la sociedad civil, en la intimidad pecaminosa de la política y los políticos”. El foco se colocaba sobre la Secretaría de Inteligencia, la ex SIDE como “reino de los secuestros extorsivos, el dinero negro, los carpetazos y operaciones oscuras”. La decisión presidencial de remover en diciembre a su hombre fuerte, Antonio Stiuso (a) “Jaime” e intervenir el organismo enviando allí a Oscar Parrilli acompañado por referentes de La Cámpora, señalaba la nota, no buscaba otra cosa que realinear a su favor el organismo de inteligencia. Y el tema más importante que tenía el organismo a su cargo era precisamente... la causa AMIA (http://www.lanacion.com.ar/1756817 [1]). Se había abierto, entonces, una caja de Pandora.
Semanas después se precipitan los acontecimientos. El fiscal de la causa, Alberto Nisman, al parecer en conocimiento de su inminente despido, adelanta la presentación de su dictamen denunciando a la propia Presidenta, al canciller y colaboradores inmediatos, de urdir el acuerdo con Irán que significaba desestimar el involucramiento iraní en el atentado de 1994 contra la mutual judía. A los pocos días, el domingo 18/1, en la víspera del día en que debía presentar su testimonio ante el Congreso, Nisman aparece muerto en el baño de su domicilio. Suponiendo que las hipótesis hechas por la Presidenta y el oficialismo en los días siguientes son las que más se acercan a la verdad de los hechos y el fiscal Nisman fue víctima de una trampa, utilizado para una confabulación con el propósito de lastimar al Gobierno, pudo haber sufrido una presión irresistible de algún sector de la inteligencia que lo llevó a cometer suicidio, o fue asesinado como parte de un macabro complot, si así fuera, eso no atenúa ni un ápice la responsabilidad oficial por el trágico desenlace ni desvirtúa la investigación de Nisman.
Más allá de la solidez o debilidad de las pruebas recogidas y de la acusación concreta referida al pacto de encubrimiento, esa denuncia es una muestra del estado de opacidad en el que vive la democracia argentina por carecer de un Estado verdaderamente democrático ?pretendiendo que lo tiene? y sus letales y deletéreas consecuencias. Acredita que las mismas condiciones propiciatorias de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA hace veinte años, se mantienen y facilitan operaciones políticas de carácter mafioso y criminal en el interior de los servicios de inteligencia. En la siguiente secuencia, el fiscal que, como Ícaro, se acercó demasiado al Sol, sacrifica su propia vida y se transforma él mismo en una víctima más de ese crimen a repetición.
La reacción oficialista, buscando abonar la hipótesis del suicidio inducido desacreditando al fiscal y atribuyendo los móviles a las guerras intestinas dentro de los servicios de inteligencia, tuvo el obvio objetivo de blindar a la Presidenta frente a las denuncias de Nisman. Pero terminó siendo autoincriminante. “Queremos saber qué sector mafioso lo llevó a esta decisión” señalaron desde los bloques parlamentarios y el PJ. Apuntaban concretamente a agentes o ex agentes de la Secretaría de Inteligencia y al desplazado Stiuso. Durante los diez años que lleva este tramo de la causa AMIA, contaron con Nisman y Stiuso como principales encargados de la investigación y el esclarecimiento; ahora “descubren” la trama mafiosa que se alojaba en su interior. La comisión bicameral de seguimiento de las actividades de inteligencia que debería funcionar en el Congreso estuvo desactivada durante todos estos años, mientras se aumentó el presupuesto de inteligencia y se utilizaron sus estructuras y agentes para funciones y tareas que la ley no permite, como espionaje interno, operaciones sucias, propaganda paraoficial, campañas para favorecer o defenestrar figuras.
El fiscal Alberto Nisman conoció por dentro y de cerca el vientre de esa ballena, donde sigue alojado ese huevo de la serpiente de la Argentina autoritaria; realizó su carrera judicial durante los años '90, siguió la causa AMIA desde un principio y fue encomendado por Néstor Kirchner para librar una batalla solitaria contra la impunidad desde el núcleo duro de ese aparato estatal comprometido ?por acción y por omisión? con dicha impunidad. Cuando Cristina Kirchner, en sus carta del lunes 19 y miércoles 21/1, habló de la “historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura y por sobre todas las cosas, muy sórdida” y enumeró los interrogantes que siguen sin respuesta, no estaba solamente refiriéndose al trágico final de Nisman sino a la circunstancia que le toca a ella misma, como Presidente, asumir como carga de responsabilidad. Ese es también el Estado que nos deja como asignatura pendiente; tal es lo que ella misma reconoce al anunciar una semana más tarde una reforma profunda de los servicios de inteligencia. Siempre sagaz y con conocimiento de causa, Horacio Verbitsky reflexionaba: “Es paradójico que el kirchnerismo pague el precio de ese revoltijo obsceno justo cuando intenta ponerle límites...” (Página 12, “La dudosa muerte del fiscal”, 20/1). Pero es más parábola que paradoja; el kirchnerismo se encuentra al final de su largo ciclo de gobierno con el mismo paquete que recibió y no quiso, no supo o no pudo desarmar. En ese sentido, es que el alegato de Nisman queda como un verdadero “Yo acuso” de la Argentina de hoy, un epitafio y testamento que nos deja un mandato para los tiempos por venir.
