Partidos fuertes y democracia

(Columna de Juan Manuel Abal Medina)

Sin partidos sólidos, los ciudadanos terminan seleccionando entre candidatos que gobiernan según sus criterios personales.

A pesar de haber sido demonizados desde su origen, los partidos políticos cumplen un rol central en la democracia moderna. El gobierno electoral representativo no puede funcionar adecuadamente sin partidos que disputen periódicamente el poder mediante la búsqueda del voto popular. Sin lugar a dudas, los partidos pueden ser un instrumento limitado, pero continúan siendo imprescindibles en la relación entre gobernantes y gobernados al vincularlos de manera continua. Eligiendo entre partidos relativamente sólidos y programáticos los ciudadanos al votar no sólo decidimos “quién” va a gobernarnos sino también “cómo” va a hacerlo, acercando así nuestra institucionalidad representativa a la idea de autogobierno propia de la democracia.

El sistema partidario argentino se ha visto históricamente afectado por la fragilidad institucional que golpeó a nuestro país durante gran parte del Siglo XX. Fragilidad que no sólo se cristalizó en los recurrentes golpes de estado, sino también en el surgimiento de gobiernos semidemocráticos elegidos con la proscripción de las principales fuerzas politicas. Esta combinación hizo que los partidos políticos argentinos no llegaran a funcionar de manera adecuada, fundamentalmente si se los compara con las organizaciones partidarias más importantes de Europa.

Sin embargo, durante el convulsionado Siglo XX los partidos políticos argentinos tuvieron un papel relevante, el cual es generalmente minimizado por la literatura en la materia. Las debilidades estructurales producidas por la inestabilidad política, muchas veces alimentada por el carácter movimientista y polarizado de los dos principales partidos nacionales, no impidieron que los ciudadanos argentinos supieran diferenciar qué significaba ser peronista o ser radical y, de esta manera, poder predecir qué tipo de programa de gobierno implementaría cada una de las mencionadas fuerzas políticas. En pocas palabras, es factible afirmar que las recurrentes rupturas autoritarias no lograron suprimir a los partidos políticos, que continuaron siendo actores centrales, entre otros aspectos, para forzar a los gobiernos autoritarios a convocar a elecciones.

A diferencia de las visiones que niegan la existencia de un sistema partidario argentino con anterioridad a 1983, desde mi punto de vista las relaciones existentes entre los partidos y la estructura de competencia interpartidaria mantuvieron patrones de regularidad susceptibles de ser comparados con los de los sistemas políticos más afianzados. Como mencioné en otros trabajos, hasta 1983 se podría hablar de un régimen político sumamente inestable y de partidos institucionalmente débiles, pero de un sistema partidario relativamente consolidado.

En este sentido, al analizar la historia reciente del sistema político argentino se puede afirmar que, a partir de la vuelta de la democracia en el año 1983, la Argentina ha logrado asegurar una democracia competitiva que, sin embargo, no ha sido acompañada por una mayor consolidación de su sistema de partidos; todo lo contrario, éste se ha visto debilitado. Por un lado los continuos programas de ajuste y desregulación económica sumados a las rigideces que acompañaron a la convertibilidad le fueron quitando relevancia al Estado Nacional y con él a las organizaciones que disputaban su control. Por el otro, los procesos de descentralización implementados en la década del noventa, que se centraron en los aspectos administrativos, más que en lo político y fiscal, impulsaron una fuerte territorialización de la política que debilitó aún más a los partidos nacionales. De la promesa originaria de la restauración democrática “Con la democracia se come, se cura y se educa” de 1983 a la crisis fiscal, política, social y económica de 2001 los partidos fueron perdiendo su encanto y la ciudadanía alejando de ellos su interés. La apatía se transformó en desencanto, después en enojo y finalmente en bronca que explotó en las calles y plazas con el grito “que se vayan todos”, que con su impotencia ilustraba la incapacidad de la política de responder los reclamos sociales.

En las elecciones del 2003 se observó claramente el pasaje de un sistema partidario cerrado y previsible a uno abierto e imprevisible, con cinco candidatos que disputaron realmente la Presidencia. En dichos comicios, quedó evidenciada como nunca antes la distribución geográfica de las preferencias electorales y visibilizada la desnacionalización de la competencia partidaria. Desde el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, se advirtió una importante recuperación de la política y, principalmente, del Estado como actor clave en la sociedad y en la economía. Sin embargo, esta transformación no condujo directa y automáticamente a un fortalecimiento de los partidos políticos ya que se restringió a lo “estatal ejecutivo” en lo nacional, provincial y municipal.

Frente a esta situación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió implementar un proceso de reforma política con la participación de todas las fuerzas. Esta nueva legislación, la 26.571 “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral” buscó mejorar el funcionamiento y la representatividad de los partidos políticos dando como resultado la creación de las PASO, la democratización de los espacios de publicidad en medios audiovisuales, la depuración y actualización de las afiliaciones partidarias y el mejoramiento de los padrones electorales.

Estoy convencido de que esta Reforma Política cumplió con creces gran parte de los objetivos planteados. Sin embargo, constituye únicamente una primera parte de la solución. Se necesita profundizar la tarea y que los partidos no sólo se limiten a cumplir con los requisitos de las respectivas legislaciones, sino que también expresen ideas, proyectos y programas. Como mencioné, los partidos políticos son un elemento esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático. Sólo donde existen partidos razonablemente programáticos, los ciudadanos pueden definir con su voto qué tipo de políticas públicas quieren, así como también castigar y premiar a sus gobernantes.

Al optar por un partido, el votante debe saber que está eligiendo la defensa de determinados valores asociados a esa fuerza política. Sin partidos fuertes, los ciudadanos terminan seleccionando entre distintas candidatos que gobiernan según su criterio personal. Debemos recuperar la dimensión programática y propositiva que deben tener los partidos políticos para ser verdaderos instrumentos de la voluntad popular. Obviamente no pensamos en los programas omnicomprensivos y detallados que caracterizaron a las organizaciones partidarias de mitades del siglo pasado pero si en propuestas amplias que expresen un determinado marco conceptual jerarquizando temas, valores e intereses a defender. Se necesitan, en síntesis, partidos que una vez que lleguen al gobierno cumplan con sus promesas electorales y que, por ejemplo, no se dejen intimidar por las permanentes presiones de las corporaciones. No hay democracia en el mundo que funcione bien sin partidos fuertes y nuestro país no será la excepción.

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