¿Jaque a la Corte Suprema?

La Presidenta había propuesto la reducción de los miembros de la Corte al número histórico de cinco. ¿Cómo plantear ahora, nuevamente, su aumento siguiendo los pasos del tan denostado menemismo?

Cuánto poder manejará el kirchnerismo después de las elecciones generales? Si su candidato, presumiblemente Daniel Scioli, triunfa en los comicios mantendrá un control más que significativo en las tres ramas del gobierno. El problema, como otras veces ha ocurrido en el peronismo, será la distribución del poder interno. Scioli es el candidato menos kirchnerista del kirchnerismo. Pero el oficialismo trabaja también en un plan B, como se viene observando desde hace tiempo y para el caso de una derrota. Scioli –barajando la hipótesis de su candidatura– está al frente de las encuestas, pero todavía es prematuro un pronóstico cierto. El juego de alianzas –formales e informales– no está cerrado. Las PASO vienen mostrando cuestiones ya sabidas. El triunfo oficialista en Salta, la victoria radical en Mendoza y el PRO en Santa Fe llegando en primera posición. En Buenos Aires, el PRO tendrá, seguramente, otro triunfo.

¿Por qué el oficialismo no se reconoce así mismo como fuera del gobierno? En primer lugar, el triunfalismo tiene algunos datos objetivos. La Presidenta tiene una imagen positiva muy alta. Habrá que convencerse de que Argentina, al igual que otros países –incluso los Estados Unidos– ponderan positivamente las presidencias fuertes. El sobresalto, la energía exacerbada, el histrionismo y la demostración del líder presidencial de estar en permanente lucha contra los poderes –cualesquiera sean éstos– “pagan” bien. La teoría nos suele decir que los liderazgos fuertes emergen, sobre todo, cuando en sus países hay situaciones de crisis. En Argentina los liderazgos fuertes surgen en todos los tiempos y los medios o moderados emergen cuando los líderes fuertes llevan al país al abismo. En segundo lugar, si el oficialismo llegase a perder el gobierno, le quedan importantes “pedazos del Estado”. En esto también ha ayudado una confusión que no cesa: entre el Estado y el gobierno. Todo gobierno se siente no sólo propietario del Estado, sino el Estado mismo. Si existe una clase política que –más allá de sus picardías– parece no entender la diferencia, menos aún cabría esperarla de la sociedad. El kichnerismo ha colonizado gran parte de las oficinas de la Administración Pública. La “planta permanente” se ha ampliado considerablemente y seguirá presente cualquiera fuere quien asuma la Presidencia. Tener la burocracia en su favor es un dato siempre relevante. Sobre todo, cuando está en juego el control de los actos de la administración.

Respecto de la rama legislativa, toda fuerza política que goza de una situación de gobierno unificado o control de las cámaras tendrá los beneficios de un régimen institucional excesivamente conservador como el diseño constitucional de 1853/60, en lo relativo a la renovación de las cámaras, sobre todo la de Diputados. Las ganancias y las pérdidas de votos no se traducen especularmente en el recinto. Diseño conservador sobre el cual se le ha prestado escasa atención (sobran los dedos de una mano para mencionar a los intelectuales que lo han denunciado y casi ninguno ha propuesto su reforma). Con los votos que presumiblemente contará el kirchnerismo, las cámaras seguirán siendo un espacio de poder.

Y queda el Poder Judicial, sobre todo la Corte Suprema y la Justicia Federal. Como se ha señalado en esta columna en otras oportunidades, la Justicia es un contrincante con múltiples cabezas, aunque la Corte sea la principal. Cualquier juez puede poner en apuros a un Gobierno Nacional y para colmo tiene “más vida” que el Poder Ejecutivo. En realidad, si el kirchnerismo tuviera la absoluta seguridad de su repetición en el gobierno, seguiría confrontando con el Poder Judicial, pues siempre es un poder de veto, aunque estaría menos preocupado. Los jueces parecen seguir dos reglas, de las cuales raramente se apartan y constituyen el ciclo de la Justicia: a) durante el período de gestión de los funcionarios las denuncias son desestimadas, duermen en los cajones o avanzan en cámara lenta; b) cuando el período de un presidente va concluyendo o cuando ya ha pasado su época de gestión, los jueces despiertan y se animan a hacer lo que antes no hacían.

En este marco cabe entender los posibles pasos del Gobierno. Desde hace años, en esta columna, se señaló que si el Gobierno quisiera controlar sin sobresaltos a la Justicia, la medida correcta debía ser aumentar el número de miembros de la Corte. También se dijo que eso sería cruzar otro límite. En materia de Justicia las jugadas del Gobierno no fueron las mejores. El amateurismo o el error grosero de su estrategia llevaron al plan de “democratización de la Justicia” que contó con la sanción de las cámaras, pero con la declaración de inconstitucionalidad, por parte de la Corte, de artículos fundamentales. El Consejo de la Magistratura no pudo tener así el diseño esperado por el oficialismo.

El pliego del propuesto candidato Roberto Carlés para completar la vacante dejada por el juez Eugenio Raúl Zaffaroni no logrará imponerse. No se sabe bien si su postulación fue una estrategia –al estilo Reposo– o bien una provocación. Lo cierto es que el joven jurista no reúne las cualidades técnicas para el desempeño del cargo, más allá de sus valías académicas. No ejerció la profesión de abogado litigante, ni tampoco formó parte de la Justicia. Para la anécdota queda aquella presentación de su candidatura en la cual la virtud de su juventud estaba en lugar preponderante. La Presidenta había propuesto la reducción de los miembros de la Corte al número histórico de cinco. ¿Cómo plantear ahora, nuevamente, su aumento siguiendo los pasos del tan denostado menemismo? Un proyecto de tales características podría ser presentado por legisladores del oficialismo y evitar así que emane del Ejecutivo. Pero, en realidad, la contradicción de un liderazgo como el que ejerce la Presidenta no es problema. Un líder con características carismáticas puede contradecirse las veces que quiera, pues lo que importa es la creencia incondicional de sus seguidores y no la coherencia del jefe político. La lista de contradicciones sería larga pero, en realidad, a nadie le importa. De presentarse el proyecto y ser sancionado por las cámaras y promulgado por el Ejecutivo, quedaría ocupar las vacantes.

Obviamente que no se podría seguir el procedimiento constitucional de nombramiento de jueces del Alto Tribunal pues los propuestos por el Ejecutivo no reunirían los votos necesarios. La oposición ya ha dicho que no se nombrarán más jueces durante esta Administración. Se especula que se recurriría, entonces, a los conjueces –de filiación cercana al Gobierno–, cuya designación pasó, el año pasado, por el Senado. El Senado no aprobó esos nombramientos por la mayoría especial que establece la Constitución. Esta jugada llevaría a una judicialización segura y a un conflicto de poderes con la Corte Suprema. Pero la Corte anticipó y el 21 de abril “por unanimidad, declaró la nulidad de la lista de conjueces designados por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar el Tribunal (decreto 856/14), por no contar con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado de la Nación, como exige el artículo 99, inc. 4°, primer párrafo de la Constitución Nacional (causa ‘Aparicio Ana Beatriz y otros c/ EN –CSJN– Consejo de la Magistratura – art 110’)”.

Por último, cabe señalar que tener “partes del Estado” sirve si se retiene poder político electoral. Parece que el kirchnerismo lo logrará, sean cuales fueren los resultados electorales de las elecciones presidenciales. Mantener ese poder, aunque no gane la Presidencia, será esencial. De lo contrario, cual castillo de naipes, la burocracia perseguirá sus propios intereses y se ubicará donde el verdadero poder se localice. Los legisladores comenzarán migraciones y el “transfuguismo” renacerá.

El Poder Judicial, en cambio, seguirá sus ritmos lentos. Los que le aseguran su permanencia frente a los cambios. También los jueces –y los fiscales– tienen sus propios intereses y divisiones. Pero a diferencia de los otros actores políticos e institucionales tienen la Constitución demasiado cerca como para deshilachar groseramente la República.

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