La relación entre el Gobierno y el Poder Judicial se sigue agravando. ¿Cuáles fueron los últimos cortocircuitos?
En su último año de mandato, la relación entre el Gobierno de CFK y la Justicia se ha agravado. La muerte del fiscal Alberto Nisman y las resoluciones judiciales de las causas vinculadas con el funcionario muerto, el avance contra el juez Fayt de la Corte Suprema, el desplazamiento del juez Luis María Cabral días antes de fallar en la causa del Memorando con Irán y ahora el apartamiento del juez Claudio Bonadio son hechos que han puesto a los actores en estado de alerta. Este año fue una continuidad de posiciones contrapuestas en un combate que fue incrementando su intensidad. En 2013 cabe recordar el proyecto de democratización de la Justicia, el año pasado las acciones en contra del fiscal José María Campagnoli que no llegaron a su destitución en virtud de la movilización de distintos sectores y las resoluciones dictadas en la causa Ciccone. En relación con el fallecimiento del fiscal, probablemente la nota sobre su muerte aparecida en la revista The New Yorker pudo sorprender a Cristina, pero todo aquel que en los últimos meses haya estado o viajado al exterior advirtió que el caso Nisman está lejos de estar olvidado. Está vivo en los medios extranjeros por el horror y el espanto que causa.
El desplazamiento del juez Cabral se produjo días antes de dar su fallo en la causa del Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán por la investigación del atentado a la AMIA. El 25 de junio el Consejo de la Magistratura decidió terminar con la subrogancia de Cabral en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal luego de tres años en ese puesto. Reemplazó al juez subrogante nombrando un abogado de la matrícula y utilizando la reciente ley de subrogancias. En reemplazo de Cabral se designó al conjuez, el abogado Claudio Marcelo Vázquez que no parece lucir un curriculum a la altura del desempeño de una magistratura. Las acciones interpuestas para lograr la reposición de Cabral todavía no han resultado exitosas.
La reciente ley de subrogancias había sido declarada inconstitucional por un fallo del juez Alberto Recondo, pero la sentencia fue revocada por la Sala I de la Cámara Federal de La Plata ratificando la designación de Laureano Durán, secretario judicial a cargo del Juzgado Federal de La Plata, con competencia en materia electoral. Para los jueces de la Sala, no corresponde a los magistrados el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones y no corresponde sustituirlo. Por otra parte, la Constitución ?dicen? delega en el Consejo de la Magistratura la organización del Poder Judicial y resulta suficiente la intervención de los tres poderes del Estado en el trámite de designación de los jueces subrogantes.
Por otra parte, la Cámara Federal porteña declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias. La nueva ley 27. 145 faculta al Consejo a nombrar un reemplazante “por mayoría absoluta de los miembros presentes, con un juez o jueza de igual jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces”. Para los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah el sistema de la ley ?en relación con la causa analizada y el fuero concreto? “otorga al Consejo de la Magistratura facultades discrecionales que confrontan directamente con los principios constitucionales de juez natural, imparcialidad e independencia judicial, conforme el alcance que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha asignado a aquellos”.
Pocos días después del reemplazo del juez Cabral ocurrió el desplazamiento del juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur, en la que se investiga a la empresa hotelera de la familia Kirchner por presunto lavado de dinero. Esta vez el apartamiento del juez fue decisión de la Sala I de la Cámara Federal por dos votos a favor, de los jueces Jorge Ballesteros y de Eduardo Freiler, contra el voto de Eduardo Farah. La causa recayó en sorteo al Juez Rafecas, quien había resuelto el archivo del pedido de investigación de Nisman por la firma del memorando con Irán. Bonadio, un día después de su desplazamiento ordenó el allanamiento de Planificación, Enarsa e YPF con la actuación, nuevamente, de la Policía Mertropolitana, en una investigación por la compra de gas licuado, desde 2008 hasta el presente.
Se trata de una batalla que se viene desarrollando día a día. El establecimiento de los hechos y la interpretación del derecho varían de acuerdo a los jueces que deciden. Por ejemplo, las diferencias entre la Sala I y la Sala II de la Cámara Federal porteña son demasiado evidentes para el más distraído de los lectores. De ahí la importancia respecto de la designación y remoción de los magistrados, y de la nueva ley de subrogancias que amplió el margen de actuación de una parte del Consejo de la Magistratura con el fin de destrabar la situación de fuerzas que impedía la toma de decisiones.
La intensificación de la guerra de posiciones tuvo un error de cálculo. Jueces federales y fiscales suelen tener una buena lectura de los tiempos políticos, pero sean cuales fueren las razones, cierto adelantamiento obró en su contra. ¿Subestimaron acaso el poder de fuego de un gobierno que resiste notablemente la teoría sobre los tiempos del pato rengo? ¿Hubiera sido otro el panorama si jueces y fiscales hubieran esperado sólo unos meses más? Difícil es contestar estas preguntas. En el tablero de ajedrez entre gran parte de la justicia y el Poder Ejecutivo hay otro actor que pesa en favor del oficialismo y es el actual Congreso, que gracias a su composición puede sancionar leyes que desequilibran una balanza que ya se encuentra desequilibrada. No basta con designar y cambiar jueces. Si se quiere evitar la acción de la Justicia habría que cambiar las leyes eliminando los delitos de los funcionarios públicos del Código Penal. Pero eso no lo haría ni el Congreso más obediente. La Justicia tiene otros tiempos. El Gobierno no puede pretender, dentro de su mandato, dejar la situación tranquila y atada. Por eso la intranquilidad persistirá más allá de la conclusión del período actual, sea o no el fin de ciclo. En estos años, la politización de la Justicia fue mucho más ostensible que la judicialización de la polí- tica. ¿Será por esto que, más allá de su indolencia, la sociedad percibe que existe una Justicia que cada vez es menos confiable? Una percepción que parece ser más que una sensación.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, ha señalado que se quiere imponer una Justicia militante, que existe miedo en jueces y fiscales y que los magistrados son beneficiados o perjudicados de acuerdo a su alineación con el Gobierno. También abogó por un cambio en el Consejo de la Magistratura para que estén representados todos los estamentos y no exista una “mayoría automática”, esta vez del Consejo. Desde el Gobierno, por su parte, denuncian que algunos jueces forman parte del bloque opositor junto a partidos y medios concentrados. Lo cierto es que, sea el Gobierno o la oposición, cuando un juez falla de acuerdo a los propios gustos es celebrado y si lo hace en contra, es criticado y desautorizado. Entre esa batería de discursos y de acciones, el debate sobre la mejora de la Justicia lamentablemente se pospone frente a una cuestión que ubica a la Argentina en el túnel del tiempo de las concepciones sobre las teorías de la democracia y de la Justicia. ¿Qué duda cabe de que la independencia de la Justicia del poder ?político, económico y mediático? es el único atributo que preserva al régimen de las variadas alternativas no democráticas y antirrepublicanas? Pues para muchos, caben muchas duda.
