(Columna de Facundo Galván)
Casi siete millones de argentinos votaron con un nuevo instrumento de sufragio durante el año pasado.
En noviembre, en la Universidad del Salvador se realizaba una jornada de intercambio con funcionarios, miembros de la sociedad civil y académicos del área bajo la misma premisa que rige estas líneas. Ciertamente, no fue azarosa esa consigna ya que en las reformas electorales, al igual que en el diseño de toda política pública, lo importante es pensar y planificar el proceso adecuadamente. No olvidemos que en los últimos años se desarrolló una intensa agenda de reformas, las cuales nos brindaron una gran cantidad de lecciones aprendidas para un proceso que ya ha comenzado.
Las reformas electorales recientes pueden dividirse en dos planos: las de orden nacional y las de alcance subnacional. Respecto de las primeras, cabe destacar las que culminaron en las leyes 26.571 de 2009, que introdujo las PASO, modificaciones en el financiamiento, sorteo y distribución gratuita de espacios en medios e incorporación de medidas de accesibilidad, etcétera y la 26.774 de 2012, más conocida como “ley de voto joven”, la cual permitió la participación en las elecciones generales desde los dieciséis años (y en las PASO habilita casos de votación desde los quince). Los principales objetivos de esa reforma fueron: resolver los problemas de presentación de la oferta electoral, disminuir la fragmentación en los comicios (se incorporó la barrera de 1,5% para presentar candidaturas en las mencionadas elecciones), democratizar la nominación de candidaturas en los partidos y alianzas electorales, resolver problemas de coordinación al interior de las agrupaciones políticas, equilibrar el financiamiento y el acceso a medios audiovisuales en períodos de campaña electoral, así como también promover una ampliación del padrón electoral.
Si bien la misma logró algunas de sus metas, uno de los puntos de la reforma en 2009 era acabar con las denominadas listas colectoras (fuente de proliferación de boletas en el cuarto oscuro). Sin embargo, por medio de un decreto reglamentario, las mismas lograron subsistir con una nueva denominación: listas de adhesión.
En resumen, aquella reforma electoral nacional no se ocupó del instrumento de sufragio, tampoco de la incorporación de tecnologías para la digitalización en la confección y transmisión de las actas, y mucho menos de la complejidad que surgía en el calendario electoral (con distritos en los que se llegaría a votar seis veces en un mismo año).
Por su parte, las reformas distritales en Córdoba (2008), Santa Fe (2010), Salta (2011) y la ciudad de Buenos Aires (2013) marcaron el inicio de un cambio mayor centrado en la forma de emisión del voto. La boleta única en formato papel por categorías o simplificada fue la elección adoptada, respectivamente, por santafesinos y cordobeses, y un diseño similar fue el que Bariloche utilizó para sus cargos locales. La Boleta Unica Electrónica (BUE) fue la elegida por salteños y porteños, aunque también la probaron en 2015 un tercio del padrón chaqueño en los comicios provinciales y en las elecciones municipales de Neuquén y San Luis. Por último, durante el año pasado hubo pruebas de voto electrónico en Córdoba (La Falda y Marcos Juárez) y en la provincia de Misiones (en mesas de residentes extranjeros).
Si al padrón familiarizado con experiencias de voto electrónico le sumamos el que usó alguna de las variantes de boleta única, resulta que siete millones de argentinos votaron con un nuevo instrumento de sufragio durante el año pasado. De modo que, sobre un total de veintiséis millones de ciudadanos que votaron a nivel nacional en 2015, uno de cada cuatro lo hizo sin las tradicionales boletas partidarias separadas. Y no nos referimos aquí a simulacros sino a votos reales y efectivos, los cuales fueron emitidos por electores que consagraron autoridades provinciales y/o municipales.
La boleta única en papel también abre nuevas discusiones, por ejemplo: el rol de los fiscales (que ya no precisan reponer boletas pero deben prestar especial atención a las marcas y/o escrituras de cada voto), las características del procedimiento de escrutinio (complejo si hay muchas categorías) y la producción y provisión en tiempo y forma de los materiales electorales. También las tecnologías electrónicas de votación encierran grandes desafíos, como la presentación en una pequeña pantalla de ofertas fragmentadas, la apropiada auditoría del hardware y software por parte de la Justicia Electoral y de todas las fuerzas políticas en competencia (el Tribunal tuvo que disponer la apertura de todas las urnas en Salta a fin de despejar dudas y reclamos de la oposición). Esto sin mencionar el inmenso desafío en términos de capacitación e inclusión que implica cualquier cambio en esta materia.
Sin dudas, el instrumento de sufragio no agota la reforma electoral y, de hecho, se impulsan otros ejes omitidos en procesos previos tales como la reforma del órgano que gestiona y administra los comicios y la simplificación del calendario electoral. Queda por ver si en esta etapa o en futuros debates se ponen sobre la mesa temas tales como la discusión de cambios en la regulación de los partidos (disminuir la fragmentación), las cuotas de género (avanzar hacia una paridad en todos los cargos), la obligatoriedad del voto en las PASO (que algunos distritos tienen como obligatorias sólo para las agrupaciones pero no para los ciudadanos), el financiamiento de la política (qué hacer con los aportes de empresas) y las campañas electorales (el uso de la cadena nacional en tiempos de campaña), etcétera.
Pero recordemos que el camino hacia el abandono definitivo de las boletas separadas fue iniciado por las provincias y, tras lo acontecido en las elecciones de gobernador en Tucumán, se ha convertido en un reclamo enfático de toda la ciudadanía. El principal desafío que encara el Ejecutivo Nacional en este 2016 no electoral es culminarlo con una reforma consensuada, una ley aprobada y un calendario factible para su implementación. En este escenario, el de una Argentina diversa y compleja en lo electoral, es que el Gobierno Nacional promueve las bases de una amplia discusión federal y con los actores de la sociedad civil para lograr que el cambio en la forma de votar llegue también a los cargos nacionales en 2017.
