Seguridad: la dureza da réditos

Las nuevas medidas en materia de seguridad pública, pese al rechazo progresista y la controversia mediática, hoy encuentran una importante dosis de apoyo en la opinión pública.

Algunos de los principales cambios introducidos por el Gobierno de Mauricio Macri se registran en el área de Seguridad Pública, cartera que tiene a cargo la ministra Patricia Bullrich, secundada por los secretarios de Estado Eugenio Burzaco y Gerardo Milman en la gestión cotidiana. Se ha declarado la Emergencia en Seguridad a través de un decreto presidencial –que incluye la controvertida facultad de derribo de aviones que invaden inconsulta o ilegalmente nuestro espacio aéreo–, y se introdujo con énfasis institucional y retórico la cuestión del combate al narcotráfico –que tuvo en el caso de la fuga de los Lanatta y Schilacci un ejemplo comunicacional de la nueva política–. Las autoridades comenzaron a recabar su propia información de inteligencia, se puso en funcionamiento el Consejo de Seguridad Interior y, en ese marco, se reglamentó el nuevo protocolo de piquetes y manifestaciones, que permite a las fuerzas de seguridad desalojar de la vía pública a aquellos bloqueos de calles y caminos que impidan la libre circulación. Asimismo, si bien se trató de una decisión judicial y no del Ejecutivo, cabe destacar que en la Capital Federal la Policía ahora puede pedir documentos a los transeúntes en lugares públicos con el motivo de prevenir delitos. En las fuerzas de seguridad, como consecuencia de lo anterior, se respira un clima de empoderamiento, tras doce años de un Gobierno que enfatizó el gobierno político de las mismas como eje de acción.

También, hay que destacar que esta nueva política de seguridad, más dura que la que prevaleció en los años del kirchnerismo, fue blanco desde sectores opositores y de la sociedad civil. Bajo el liderazgo del Centro de Estudios Legales y Sociales, el llamado Acuerdo por una Seguridad Democrática produjo una declaración en la que cuestiona las bases conceptuales y legales de la Emergencia en Seguridad, y logró la adhesión de un sector importante de la comunidad académica y de los derechos humanos, y también de diferentes políticos opositores, que incluyó a Felipe Solá, Margarita Stolbizer y a un numeroso lote de peronistas y kirchneristas. La represión con balas de goma en protestas sociales, como en el caso de Cresta Roja y otros, o el inexplicable caso de los murgueros villeros de la Capital, también fueron fuente de críticas y acusaciones diversas a las nuevas autoridades políticas de la Seguridad Pública, con resonancia en los grandes medios de comunicación.

Sin embargo, también hay que destacar que muchas de estas nuevas medidas, pese al rechazo progresista y la controversia mediática, hoy encuentran una importante dosis de apoyo en la opinión pública. En un sondeo realizado el día 20 y el 22 de febrero por Observatorio Electoral, en base a mil casos telefónicos a nivel nacional, se registró un fuerte apoyo social al protocolo de piquetes y a la decisión judicial que habilita a la Policía a pedir documentos: 65,2% y 71,8% de los consultados, respectivamente, se mostró de acuerdo con las nuevas medidas. En ambos casos, el nivel de apoyo es considerablemente menor entre quienes votaron por Mauricio Macri o tienen una imagen positiva de él, pero también entre quienes votaron por Scioli o tienen una imagen negativa del Presidente hay quienes apoyan estos cambios. En el caso de la facultad de pedir documentos, el 37% de quienes declaran tener una opinión negativa de Mauricio Macri está, no obstante, de acuerdo con la decisión judicial.

La popularidad de las políticas de seguridad del nuevo Gobierno se produce en un momento en el que el eje de las preocupaciones sociales viraron hacia la economía. De acuerdo al mismo estudio, para la opinión pública hoy el principal problema del país es la inflación, desplazando a la inseguridad del primer plano. El cambio en esta tendencia ha sido notorio, y hay votantes de Cambiemos y simpatizantes del Presidente entre quienes manifiestan preocupación e incluso discrepancia con algunas medidas económicas. Pese a las turbulencias generadas, hoy las medidas tomadas en materia de seguridad constituyen un pequeño oasis de popularidad del Gobierno Nacional, lo que permite anticipar que habrá más activismo en el área durante los próximos meses.

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