(Columna de Nicolás Cereijo, director de Argentina Elections)
Argentina tiene un sistema de partidos políticos enormemente fragmentados. Las PASO son un buen intento para cambiar eso, por eso su eliminación sería contraproducente.
La reforma electoral que planea el Ejecutivo será próximamente enviada al Congreso Nacional. La dilatación se debe a la exigencia de la coyuntura sumada a la superación de diferencias internas en el armado final. De los objetivos iniciales, se avanzó con fuerza en la modificación del instrumento de votación y se fueron generando acuerdos en cuanto al cronograma electoral, siempre insistiendo sobre el principio de autonomía de las provincias.
Las PASO fueron protagonistas del último round del borrador. Había transcendido primero la posibilidad de eliminarlas y luego de hacerlas optativas. Se partió del “no cansar” a la población y luego, ante la carencia de solidez en el argumento, se barajó que cada ciudadano pudiera votar en una sola interna partidaria.
Aquí es necesario sentar posición. En un desayuno sobre la Reforma Electoral organizado por la Carrera de Ciencia Política de la UBA, Juan Manuel Abal Medina reforzó la idea de que las PASO son necesarias en contextos como el argentino con partidos políticos débiles y con poca vida interna. A contramano de lo que muchos creen, Argentina tiene un sistema de partidos políticos enormemente fragmentados, traducidos en 641 de orden distrital y 42 de orden nacional (CNE; 2016). La creación de la personería jurídica provisoria fue uno de los intentos de la última ley, pero claramente no alcanzó ?como el mismo Alejandro Tullio afirmara en Argentina Elections ?. En esta línea, las PASO son un buen intento, por eso su eliminación sería contraproducente.
No quiero dejar pasar dos argumentos contrarios a las PASO. Uno proveniente de la mayoría de los partidos de izquierda que señalan el piso de 1,5% como prescriptivo y denuncian intervención del Estado en la vida interna de los partidos. El otro viene de sectores más bien antikircheristas, que las señalan como una intromisión más de la herencia K.
Pues bien, a mi entender ambos son erróneos y carecen de todo tipo de sustentabilidad y solidez. El primer caso es curioso debido a que desde que las PASO existen, la izquierda logró cohesionarse fuertemente dentro del FIT, alcanzando récords históricos como superar el millón de votos y lograr tener diputados nacionales. Por eso, lejos de desunir, aquí pudo verse uno de los efectos deseados de cohesión.
Para el segundo cuestionamiento, hay un dato de la realidad que supera todo: con las primarias obligatorias, lejos de bajar, la participación ciudadana subió. Tan simple como contundente. Y claro está que no es algo propio del kirchnerismo debido a que la fuerza política que rápidamente salió al cruce de la posible derogación fue la UCR. Y vaya si tuvo impacto: luego de que el Presidente del Comité Nacional del partido centenario e Intendente de Santa Fe, José Corral, hiciera firme la postura de su fuerza de mantener las PASO, su partido rompe la alianza con el Partido Socialista en Santa Fe y avisa que en las elecciones legislativas del 2017 se presentará en su provincia dentro de Cambiemos.
En otro orden, especialistas han remarcado la necesidad de eliminar de una vez las distorsiones que provocan elementos como la ley de acoples, lemas o colectoras. Hay una visión técnica imperante que marca la urgente necesidad de reemplazo. Lo interesante en general es observar que se ha instalado una disputa entre lo técnico contra lo político, entendido éste último como los intereses partidarios de los diversos ejecutivos provinciales. Está claro que casos hechos como la ley de lemas le permitieron a Alicia Kirchner ganar la elección provincial del año pasado a pesar de haber sacado menos votos que su competidor Eduardo Costa. O que Gerardo Morales en Jujuy se sirvió de las colectoras para triunfar sobre el peronismo que estaba en el poder desde 1983.
Digamos que hay que ciertos desarreglos que se plantean con una solución de tipo técnica (por eso el saludable llamado al diálogo a especialistas y miembros de ONGs) pero que requiere una solución con acuerdo político para que los ejecutivos, muchos beneficiados por dichas “distorsiones”, cedan ante la técnica.
Lo que tendrá que esperar su tratamiento es tanto la creación de una autoridad electoral distinta a la DINE como la legislación en torno al financiamiento y a los partidos políticos en general. Parecería ser que la necesidad de acordar con los gobernadores no le dejó margen al oficialismo para negociar con la justicia, que se mostraba firme en sus intenciones de liderazgo.
Para cerrar, me sumo a las palabras de José Perez Corti, quien en su editorial en Argentina Elections afirma que “debemos abandonar enfoques que pretendan encorsetar al régimen electoral en una reforma, para asumir gradualmente que elección tras elección será necesario ir ajustando sus disposiciones a los requerimientos que la puesta en marcha de cada proceso comicial nos depara”.
