Es injusto achacar la culpa de los errores en las encuestas sólo a los encuestadores.
La amplia brecha a favor de Mauricio Macri en la primera vuelta y el imprevisto crecimiento de Miguel Del Sel en las elecciones de Santa Fe no fueron correctamente anticipadas por las consultoras y eso volvió a poner en primer plano su credibilidad. Se repite, con ello, un clásico postelectoral. El cuestionamiento describe un fenómeno real: en otros países, las encuestas son más exactas.
Los pronósticos que circulan antes de nuestras elecciones sufren diferentes tipos de manipulación. Sin embargo, sería injusto cargar las culpas de ello en el consultor o encuestador privado que los elabora en primera instancia. En todo caso, el encuestador es partícipe de un desequilibrio mayor, que esconde varios factores: el territorio y el electorado argentinos no son fáciles de medir, quienes contratan encuestas no están dispuestos a pagar lo que realmente cuestan ?cuando se hacen bien?, el sector privado no financia encuestas, los partidos políticos y medios de comunicación las utilizan como instrumento de campaña, y los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación no chequean la información que reciben. Vamos por puntos:
-La Argentina es un país difícil de medir. Aunque suene a una de esas típicas exageraciones chauvinistas que nos caracterizan, no es aventurado decir que el nuestro se encuentra entre los países del mundo más difíciles de encuestar, si tomamos en consideración el tamaño de nuestro territorio ?el séptimo a nivel mundial, con la logística que ello implica?, la desnacionalización del sistema partidario, la estructura de nuestras boletas de votación ?con la incertidumbre acerca de cómo operará el fenómeno del “corte de boleta”? y la existencia de bolsones de pobreza que limitan el uso de nuevos instrumentos de medición ?por ejemplo, las encuestas a teléfonos fijos?.
-No hay financiamiento para hacer buenas encuestas. Habida cuenta de estas particularidades, hacer buenas encuestas a nivel nacional cuesta bastante dinero. Y nadie parece tenerlo. Los medios de comunicación y el sector privado no lo tienen. Y los partidos políticos, menos. Tampoco existen las fundaciones partidarias, como las que contratan este tipo de estudios en otros países del mundo. Tras la crisis de 2001, los únicos demandantes reales de encuestas son los oficialismos nacionales y provinciales a partir del uso de agencias estatales que se valen de contratos directos e indirectos para financiar a los encuestadores. Esto está lejos de ser lo ideal, pero tampoco vale caer en la cómoda moralina de fustigar al Estado contratista, sin tomar en cuenta que nadie más cumple esa función.
-Los partidos y los medios de comunicación políticamente motivados nunca escapan a la tentación de usar los pronósticos como herramientas de campaña. Queda para otro día la cuestión de cuánto influyen las encuestas en la decisión del voto ?yo suscribo a la media biblioteca que no cree en dicha incidencia, o al menos no demasiado?. Pero lo que sí parece incuestionable es que, en general, los estrategas electorales sí creen de ellas. Tal vez se deba a que, en la frenética dinámica competitiva de una campaña electoral, los estrategas están dispuestos a maximizar cualquier recurso que pueda aportar un voto más y, por ende, todo se convierte para ellos en objeto de potencial manipulación táctica. Esto conduce a una intervención en los estudios de opinión que no sólo puede afectar a los números: también, a la forma de preguntar, de difundir y de comunicar los resultados. La publicación de resultados recortados es aún más frecuente que la de números falsos.
-Por esa razón, amén de las decisiones editoriales, es importante que los periodistas estén bien entrenados y éticamente dispuestos para informar los resultados de una encuesta. Hace años que no se publican en los diarios las fichas técnicas ni los detalles de un estudio de opinión: sólo los pronósticos en números redondos que lanzan los consultores. Lo ideal es que los encuestadores provean de informes completos a la prensa y que periodistas especializados de los medios analicen esos números. Las maestrías en periodismo que se dictan en la Capital incluyen en sus programas cursos que entrenan a los estudiantes en el arte de leer e interpretar encuestas.
En suma: apuntar a los encuestadores privados es injusto y hasta autocomplaciente porque en la manipulación de los pronósticos electorales interviene, directa e indirectamente, todo el conjunto del campo político y comunicacional. ¿Cómo hacer para mejorar la calidad de la información preelectoral? Sincerando, contrapesando e inyectando ética periodística a todo el circuito. Los encuestadores deben decir claramente quién los contrata y difundir sus informes completos. Casos como los de Artemio López, que se reconoce como consultor peronista o de Poliarquía, que tiene un convenio con el diario opositor La Nación, son un avance.
Asimismo, los partidos tienen que tener fundaciones (financiadas con fondos públicos y privados) y consultoras contratadas transparentemente a partir de ellas para que el votante sepa claramente cuál es el origen de la información. Así funciona en países tan diferentes como Estados Unidos, Chile o Alemania; los votantes saben que las encuestadoras estables del Partido Republicano estadounidense o la Concertación chilena están predispuestas a comunicar sus resultados en forma “ligeramente conveniente” para el sector que defienden, pero sabiéndolo de antemano, se puede descontar el “efecto favoritismo”. No está mal que los oficialismos tengan varios encuestadores, pero el contrato debe ser en forma directa por parte de los partidos y no en modalidad indirecta.
Finalmente, y esto es especialmente importante: los periodistas tienen un rol especial a la hora de esclarecer para su público la información proveniente del campo político, en lugar de retransmitir sin filtro los recortes provenientes de los comités de campaña y los dueños de la comunicación. Este contrabalanceo es la esencia de la ética periodística.
(Publicada en la edición nº37)
