(Columna de Fernando Domínguez Sardou, politólogo -UCA/UNSAM/UNSAM-)
El proyecto presentado por el Ejecutivo amplía los incentivos para integrar alianzas, en detrimento del mantenimiento del tradicional rol de los partidos políticos.
Existe consenso entre los expertos en asuntos electorales que no hay sistema electoral ideal y en que toda reforma genera efectos que no son iguales para todos. Las reformas políticas, a su vez, suelen tener dos orígenes: una crisis que afecte al sistema electoral -sea de funcionamiento concreto en una elección o sea una crisis de representación más profunda- o bien, la intención política de alterar el rumbo de los futuros resultados electorales. Tras múltiples reformas a nuestro sistema electoral de diverso calibre (desde el cupo femenino hasta la elección presidencial directa a doble vuelta), junto a la fuerte crisis de representatividad del año 2001, el rol de los partidos políticos como vehículo de representación e “instituciones fundamentales del sistema democrático”, tal como declama la Constitución de 1994, así como su forma, cambiaron por completo. ¿Busca la actualmente discutida reforma electoral un efecto concreto en la vida de los partidos políticos?
Los partidos políticos en nuestro país se ordenan por la Ley 23.298 que, si bien data de 1985, sufrió múltiples modificaciones, pero sin alterar la esencia. Los efectos inmediatos sobre la clase política de la crisis del 2001, combinados con los escasos requisitos para crear un partido político, hicieron que el peso de las etiquetas partidarias sea cada vez menor, dando lugar a una cantidad creciente de “frentes” o “alianzas” transitorias, que solo tienen vigencia durante el proceso electoral.
Estos conglomerados de diversos partidos políticos de diferente tamaño y relevancia en el concierto político nacional, provincial y/o municipal fueron los que comenzaron a ocupar el rol que se asignaba antes a los partidos: en lugar de hablar del Partido Justicialista, empezamos a pensar en el “Frente para la Victoria”, el “Frente por la Lealtad” o en el “Frente Movimiento Popular”.
Desde 2003, el partido político que mayor porcentaje de votos ha obtenido en una elección presidencial postulando candidatos sin integrar ninguna alianza fue la Unión Cívica Radical en ese mismo año, con 2,34% de los votos, llegando al extremo de las elecciones del 2015, en las que ningún partido político “en solitario” ha superado las elecciones PASO. Este dato nos pone de relieve que son las alianzas y no los partidos los que ocupan el rol de ser el legítimo vehículo de representación a través de la participación en elecciones.
Este nuevo ordenamiento de la oferta electoral -de partidos a alianzas- no se ve reflejado en las últimas reformas políticas. El régimen de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) modifica la Ley 23.298 antes mencionada, introduciendo mayores requisitos para crear un partido político y mantenerlo, pero abocándose fundamentalmente a “controlar a la oferta”, a partir de aumentar los requisitos para postular una candidatura y sobre todo, al establecer la necesidad de que cada partido o alianza supere un umbral de 1,5% de los votos válidos. Esto genera incentivos para que los partidos más pequeños, para sobrevivir, se integren en alianzas más grandes y compitan en las PASO. Sin embargo, la mencionada reforma no introduce modificaciones sustantivas a las regulaciones que recaen sobre las alianzas.
El actualmente discutido proyecto de reforma política presentado hace ya unos meses por el Poder Ejecutivo Nacional, a su vez, introdujo factores que llevan nuevamente a una discusión en torno a la reducción de la oferta electoral. La modificación al régimen de PASO establecería la obligatoriedad de votar en todas las categorías en una sola agrupación política, alianza o partido. Dicho de otro modo, no podríamos votar en la primaria de un partido para presidente, en la de otro para diputados nacionales y, en el caso de elecciones simultáneas, en la de un tercer partido para gobernador y de un cuarto para cargos municipales.
Esto llevaría a una concentración de la oferta en torno a aquellas alianzas o partidos que presenten candidaturas a la presidencia y que este fenómeno “aliancista” al que hacíamos referencia se potencie. Los partidos pequeños, dada la dificultad que enfrentarían para lograr superar el umbral del 1,5%, no encontrarían incentivos para mantener su identidad y presentar listas en elecciones. Para sobrevivir, deberían participar en las PASO de una alianza de orden nacional. Esto, a su vez, genera otro efecto: las elecciones, en caso de simultaneidad, quedarían definitivamente nacionalizadas, ya que para que cualquier candidato en el orden local tenga chances de demostrar su peso y/o superar el umbral de primarias, debe ir acompañado de un candidato a presidente fuerte.
Tanto si este aspecto sobrevive al tratamiento en el Congreso, como si el mismo fuera modificado, el proyecto de reforma política presentado por el Poder Ejecutivo Nacional amplía los incentivos para integrar alianzas, en detrimento del mantenimiento del tradicional rol de cada partido político en una elección. Sin embargo, no modifica estructuralmente la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, ni modifica la regulación existente sobre las alianzas.
El proyecto claramente incide en la vida de los partidos políticos, como lo haría cualquier reforma política. En cambio, las alianzas, principales actores de la vida electoral argentina, se quedan afuera en esta oportunidad. Para ordenar la oferta partidaria y hacer que los electores puedan identificar más claramente las opciones políticas, comenzar la discusión sobre el rol que ocupan las alianzas en la vida política argentina resulta un primer paso fundamental.
