Es posible que existan interesados en el fracaso del Presidente, pero interpretar las movilizaciones de vastos sectores de la sociedad sólo desde este prisma parece un nuevo error.
El Gobierno ha jugado la carta de denunciar acciones destituyentes de la oposición o parte de ella. Concretamente del kirchnerismo. Claro que también ha elegido que sea Cristina el sujeto político contra el cual confrontar, con lo cual el círculo se completaría. ¿En la Argentina son todos destituyentes?
Probablemente sea un recurso del modo de hacer política en este país. Pero también existe una larga tradición. Decir que la oposición es destituyente es calificarla como una oposición desleal. Y decir que el peronismo cuando no es gobierno intenta derribar a quien gobierna es calificarlo de golpista. Pero la perspectiva de análisis puede ser extensa en el tiempo y envolver a casi toda la clase política. La Argentina tiene un largo recorrido en esta materia de oposiciones desleales teniendo en consideración las acciones-cívico militares que derrocaron gobiernos. Contra Hipólito Yrigoyen estuvieron políticos conservadores, socios de ocasión y el nacionalismo militante. Contra el segundo gobierno de Perón también el arco político opositor estuvo cercano a la acción de los militares, en 1955. Contra el presidente Frondizi y su UCRI estuvieron no sólo los militares, sino los políticos del otro radicalismo (la UCRP). Contra Illia no sólo se alzó el cuerpo uniformado, sino que se tomaron revancha las huestes de la UCRI. De la Rúa podría decir (en su propia versión) que en su caída hubo peronistas y hasta miembros de su propio partido.
Regionalmente, la cuestión también merece atención. Desde los años noventa los presidentes se han considerado víctimas de acciones destituyentes de la oposición. Los presidentes que fracasaron siempre han acusado a las oposiciones de complot o conspiraciones. Collor de Mello, Carlos Andrés Pérez, Abdalá Bucaram ,Fernando Lugo, y Dilma Rousseff pasaron de la versión de la conspiración al golpe de Estado o a la teoría de los golpes blandos.
El gobierno de Macri parece repetir los pasos del kirchnerismo: tratar de destituyentes a aquellos que evidencian una oposición frontal. Cristina declamaba la política destituyente de sus opositores denunciando una alianza política entre el Partido Judicial y los medios hegemónicos. Toda crítica era rechazada bajo el rótulo de destituyente. Así, prácticamente, el disentimiento o la opinión contraria era amordazada o intentaba ser eliminada bajo esa calificación. Todos eran destituyentes. Este argumento justificaba el control de los medios de comunicación, que fue una carta que jugó el gobierno kirchnerista a través de distintas medidas. Pero el kirchnerismo jugaba la carta de la acción destituyente desde un lugar de fortaleza. Salvo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires controlaba todos los espacios institucionales de poder.
La situación del gobierno de Cambiemos es distinta. Más allá de concentrar los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y de la CABA, no se trata de una gestión que maneje todos los resortes de poder. El año pasado, el Gobierno pudo obtener las leyes más importantes para su gestión, gracias al acuerdo con distintas fuerzas políticas, pero 2017 es un año electoral y la disposición de estas fuerzas para cooperar será mucho menos generosa. El sindicalismo se ha lanzado a la calle y con menor o mayor convicción no parece tener otro escenario por delante que el paro general. Ni la propia conducción de la CGT puede evitar esta confrontación, como se vio en la pasada marcha. Los piquetes han tomado las calles y cada día agregan mayor densidad al mal humor social. Ni el gobierno de la Ciudad ni el de la Nación saben bien qué hacer. El conflicto con los gremios docentes pone en la palestra una discusión donde cuesta encontrar las diagonales de un acuerdo mínimo. Es cierto que la educación en la Argentina se encuentra en un plano inclinado que no parece tener fondo y que los días de paro no hacen más que profundizar la decadencia. Pero también es cierto que los sueldos docentes no pueden estar dentro de la línea de la pobreza. Y el retroceso fenomenal en materia educativa se debe a muchos más factores.
Es posible que existen interesados en el fracaso del Presidente. Seguramente los hay. No sería nada nuevo, sino no lo esperable según la referida tradición política de la Argentina. Pero interpretar las movilizaciones de vastos sectores de la sociedad sólo desde este prisma parece un nuevo error. Las acciones desestabilizadoras siempre tienen un ambiente sobre la cual operan.
Es sobre ese clima que el Gobierno debería pensar, pues en parte ha sido quien lo ha generado. El Gobierno vuelve con la palabra cambio. Dice que la sociedad decidió cambiar. Es cierto, pero, ¿en qué consiste ese cambio? Para el Gobierno, el cambio que la sociedad quiere y espera es justamente lo que se está haciendo desde el Estado. Es una interpretación que corre el riesgo de encerrarse sobre sí misma. El principal cambio que desea la sociedad es un país previsible, donde cada vez se viva mejor. Eso no se compadece con un aumento brutal de tarifas, con precios desbordados y con una situación que refleja la caída del consumo y de la actividad económica. Además, esa sociedad (que dice interpretar Cambiemos), en realidad rechaza las acciones del Gobierno cuando se le bajan los haberes a los jubilados o se ajusta sobre los sectores menos pudientes. La inflación, el ajuste y el discurso de la pesada herencia no tienen nada de nuevo en la política. Es la historia más repetida del repertorio de la decadencia argentina. Es obvio que el problema déficit fiscal atenta contra el crecimiento del país y que, más tarde o más temprano, deberá solucionarse. Pero resulta paradójico que un gobierno que no tiene un ministro de economía ni que brinda un rumbo claro en materia económica defina su política en términos predominantemente economicistas. Y es sabido que los economistas brindan números fríos que suelen transitar caminos distintos al de la política.
El Gobierno ha instalado el tema de las acciones desestabilizadoras y con ello ingresado en el territorio pantanoso de la gobernabilidad, desde una posición que no abunda en fortalezas. Había tenido éxito en su primer año al salir airoso del test del manejo de las variables políticas, los acuerdos legislativos y el mantenimiento de una expectativa razonable de cambio y mejora en la sociedad. En 2017 ha cometido varios errores que muestran que la gestión no es su punto fuerte. Y la lectura de los números de la economía que hace el Gobierno no refleja tampoco una capacidad de reacción que infunda la mejor expectativa. Le toca el turno a la política para remontar una situación preocupante. Desde allí se podría robustecer las bases de la coalición y enfrentar con mejor perspectiva las elecciones que se aproximan.
