Se trata de un avance necesario para la integración y sobre el cual hay consenso, pero que no será sencillo de implementar
Por Marcelo Corti (*)
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de regularización dominial de la vivienda familiar e integración socio-urbana. Dado el fuerte consenso que el oficialismo y los bloques opositores han expresado sobre este expediente, aprobado por unanimidad a principios de julio, es altamente probable que en los próximos días el Senado le de sanción definitiva.
El objeto de esta ley es la regularización dominial de más de 4.000 asentamientos y villas de emergencia en todo el país inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por decreto 358/2017 del Poder Ejecutivo. El proyecto prevé la radicación definitiva de esta población y su consiguiente integración social y física a la urbanización formal. Los mecanismos a tal efecto incluyen la adquisición directa o la expropiación de los predios afectados y la realización de obras de infraestructura necesarias para su subdivisión.
Estas instancias pueden ser realizadas por la Nación, las provincias o los municipios y derivarán en la adjudicación a cada núcleo familiar residente de un lote generado a partir de la subdivisión de los inmuebles, complementada con equipamientos comunitarios y espacios verdes. Los adjudicatarios abonarán por esas parcelas un monto que no podrá exceder la suma de 28 jubilaciones mínimas mensuales, en un plazo de 240 meses (extensible a 300) con un interés anual del 4%. Para financiar las operaciones se crea un fondo fiduciario integrado por aportes del Tesoro Nacional, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales, eventuales operaciones de crédito público y otros.
Si bien no existen cuestionamientos (al menos en la dirigencia política) a la esencia del proyecto, hay muchas dudas sobre la posibilidad de su implementación efectiva. La más fuerte se refiere al financiamiento que en la práctica tendrá el fondo fiduciario, sobre todo en un contexto de dificultades económicas y ajuste del Estado. Algunas voces han señalado también la indefinición sobre el estatus que adquirirán en la regularización las personas y familias que alquilan en el mercado informal (muy común en algunos asentamientos, sobre todos en aquellos mejor localizados); también está en cuestión la valorización que se dará a las mejoras realizadas por los actuales ocupantes.
Aun con esos interrogantes y con un fuerte escepticismo respecto a la celeridad y eficacia de su implementación, la sanción de la Ley tiene varios aspectos que resultan muy positivos. En primer lugar, constituye un reconocimiento explícito al derecho de todos los sectores que integran la sociedad, aun los más pobres, a disponer de suelo habitable. Esto está en línea con los postulados de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Habitat, a la que nuestro país adhirió en ocasión de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Hábitat, realizada en 2016 en Quito. Dicho documento postula la necesidad de “no dejar a nadie atrás” e incluso reconoce implícitamente el denominado Derecho a la Ciudad.
En un país como el nuestro, donde las transformaciones productivas han motivado la virtual extinción de la actividad rural como posibilidad para los sectores de población históricamente ligados a esa fuente de recursos (sin que surjan otras alternativas que lo remplacen), el acceso a un hábitat digno se convierte en una utopía imposible de realizar. Esta es la principal explicación del crecimiento explosivo de las periferias de las grandes ciudades y capitales de provincias, insustentables tanto ambiental como socialmente y donde malviven extensos sectores de población. Cuestionar ese derecho al hábitat digno en nombre de un supuestamente superior derecho de propiedad, de difícil o imposible alcance para los sectores populares e incluso las clases medias, constituye una hipocresía o una manifestación de ignorancia. No solo sobre la real posibilidad de los pobres y excluidos de acceder al suelo, sino en una visión más amplia, sobre la naturaleza de las relaciones entre suelo, propiedad y poder en Argentina (como en cualquier otra sociedad).
Desde la enfiteusis rivadaviana a los repartos de tierra posteriores a la Campaña del Desierto o las colonizaciones de la “Pampa Gringa” por comunidades europeas, la historia de nuestro país es en gran parte la historia de la puja por la asignación de suelo. Baste decir que aún hoy la mayor parte de las ocupaciones informales de suelo en las ciudades patagónicas es realizada por sectores de alto nivel adquisitivo, que luego encuentran en las usucapiones y prescripciones la oportunidad de regularizar su situación. Posiblemente el Gobierno nacional, que ha promovido el registro de barrios populares y este proyecto de regularización e integración, haya aprendido mucho de su experiencia en la ciudad de Buenos Aires, donde una de sus consignas de campaña en 2007 era la erradicación de la Villa 31 o barrio Carlos Mugica, de Retiro, para años después promover la ley de urbanización. Actualmente, un Gobierno del mismo partido tiene en marcha esa operación.
La aprobación de la ley puede también ser un ejemplo de una posible “política de Estado” que aglutine a las diversas fuerzas políticas en pos de objetivos que superen el marco de un período de gobierno o de un partido político (algo que se suele reclamar en el discurso). Los mismos fundamentos del proyecto aluden como antecedentes a“ una cadena de medidas y leyes que entre 2003 y 2015 se vieron impulsadas por el entonces gobierno nacional”. En este caso en particular, que involucra el problema del acceso a la vivienda y los atributos propios de la ciudad (quizás el problema social más grave de la Argentina y el que más define las condiciones de pobreza), esa política de Estado debiera extenderse en un sentido más amplio a las políticas de gestión de suelo y al liderazgo público en materia de desarrollo urbano, imprescindibles para su solución
(*) Arquitecto, urbanista y Director de la revista y editorial Café de las Ciudades
