por Federico Recagno (*)
Las primarias de 2019 tuvieron un efecto novedoso y peligroso, que es dar casi por concluida la carrera presidencial a cuatro meses del cambio de gobierno
Cada ley hecha a las apuradas parece encerrar en su texto una maldición que, tarde o temprano, termina explotando en la realidad argentina.
Las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) se crearon en 2009, aplicándose en las elecciones nacionales desde 2011.
No hay ningún país en el mundo que obligue a los partidos y votantes a concurrir a elegir dentro de una preselección de candidatos. En Argentina sí.
Por las PASO el afiliado de un partido político puede votar en la interna de otro, aunque es probable que los que hayan hecho esto no fueran conscientes de tal acto.
Hasta estas primarias se solía argumentar a favor del sistema que el mismo constituía una gran encuesta nacional.
El resultado reciente de las PASO desnuda, una vez más, la tremenda inexactitud de las encuestas efectuadas por las consultoras y su descarada difusión.
Pero esto es lo de menos a la luz de un efecto novedoso y peligroso de estas PASO 2019 y es que sus resultados dan casi por concluida la disputa presidencial a cuatro meses del previsto recambio del 10 de diciembre.
Al no haber ninguna disputa partidaria en las fórmulas presidenciales presentadas en esta elección y el consecuente resultado registrado, las PASO derivaron en una elección que añade más riesgo a la gobernabilidad.
En síntesis, la Argentina se convierte en el primer país del mundo en el que una primaria, que debiera ser una interna dentro de los partidos políticos con intención de elegir entre precandidatos, concluya convirtiéndose en una elección presidencial con resultados definidos casi sin discusión.
Incluso la fórmula que gana la interna y con inminentes chances de triunfar en la externa no pertenece al partido oficialista, con lo que esto significa en el peso nuestro de cada día hasta la asunción de las nuevas autoridades.
¿Qué queda entre esta elección y octubre? Por supuesto la definición de disputas electorales de cargos ajenos a la fórmula presidencial. Alguna gobernación, la jefatura de la CABA, varios intendentes, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, legisladores nacionales y concejales.
Estando en juego la Presidencia cualquier otro puesto electivo parece menor, pero es responsabilidad democrática que cada votante evalúe y defina con su voto cada cargo.
El voto castigo presidencial debe tener una segunda lectura ya que no debería, necesariamente, arrastrar a aquellos que han hecho las cosas bien en sus gestiones como intendentes o legisladores, sea del oficialismo como desde la oposición.
Con la elección presidencial prácticamente resuelta quedará bajo responsabilidad de los ganadores afianzar institucionalidad, contarles a los ciudadanos sus posturas frente a la división de poderes, la salud, la educación, la justicia y, por supuesto, definir posturas en lo que hace a la economía, al mundo del trabajo, las pequeñas y medianas empresas. Toda certeza ayuda a la estabilidad cotidiana.
A los ciudadanos que no han votado a esta fórmula les queda el desafío de qué oposición comenzar a construir, a quiénes elegir para que los representen, a quién apoyar para equilibrar democráticamente a un nuevo gobierno que parece venir con posibles mayorías en las cámaras.
Al presidente actual y a sus ministros les concierne la mayor responsabilidad: trabajar en pos de la gobernabilidad hasta la entrega del poder. Buscar fortalecerse en octubre es legítimo, pero no debe dar paso a medidas irracionales y comprometedoras del futuro.
La democracia viene dando pasos desde 1983 a la fecha, algunos firmes, otros tambaleantes, algunos cortos, otros largos. Que un mal o mala PASO no nos haga retroceder en la convicción de defender un sistema democrático al que tanto costo llegar.
(*) Secretario General de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC)
