Por Enrique Zuleta Puceiro
El cerco de cuestionamientos al proyecto de reforma de la justicia penal federal comenzó a cerrarse en vísperas de su tratamiento en el Senado. Abarca el arco más amplio que jamás haya enfrentado la larga serie de iniciativas similares, intentadas ya desde los años iniciales de la democracia.
Desde la primera reforma, intentada por Raul Alfonsín, las propuestas suscitaron frentes a favor o en contra, casi siempre empatados e incapaces de imponerse por sí mismas. Esta vez, sin embargo, la ola de suspicacias, reservas, disidencia y enfrentamientos abiertos supero todos los precedentes y ha terminado abarcando a casi todo el espectro de posiciones interesadas en la suerte del sistema de justicia.
En un extremo, la mismísima vicepresidenta de la Nación, a la que la oposición política ha intentado atribuir una responsabilidad oculta en el proyecto. La posición de Cristina Kirchner fue, sin embargo, inequívoca. En vísperas del tratamiento en el Senado, sentenció con dureza: “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves".
La aseveración golpeó con dureza las chances efectivas de la propuesta del Ejecutivo, cercado por decenas de opiniones institucionales y profesionales adversas que alimentaron una previsible coalición parlamentaria que amenaza con obturar la aprobación final en Diputados. La sorpresiva carta de Kirchner no solo subrayó la distancia de proyecto de lo que considera una “verdadera reforma judicial”. También marcó distancias respecto a su propia posición, representada a su juicio por su reforma de 2013, que “votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”. La opinión de importantes especialistas y centro de investigación y opinión afines al kirchnerismo ya había avanzado en posiciones de este tipo. La objeción era previsible.
En el otro extremo, se configuró una coalición opositora que abarca a jueces, académicos, profesores de derecho constitucional, políticos, institutos y colegios profesionales, acompañados por posiciones casi unánimes en los principales medios de comunicación.
La amplitud del arco opositor contrasta con la escasa entidad de sus argumentos. Acaso sea este el costo inevitable de una estrategia catch-all , que aspira a concertar la totalidad de los esfuerzos y posiciones adversarias a la reforma, aun a costa de la profundidad y alcance de su crítica. .
El principal argumento ha sido el de la falta de oportunidad de la reforma, reforzado por la referencia a las prioridades de “la gente”, a la que se supone incapaz de superar sus angustias y necesidades inmediatas. Otro argumento de corte similar alude al costo fiscal de la reforma. Si bien las evidencias empíricas brillan por su ausencia, justo es reconocer que este es precisamente el pecado de fondo de la propia propuesta de reforma. En todo el mundo, las reformas penales son cada vez más complejas y exigen estudios interdisciplinarios de impacto y viabilidad. Ningún gobierno se atreve a proponerlas sin etapas previas de construcción de consenso de especialistas y al cabo de análisis cuidadosos de costo beneficio y costo-eficiencia de lo que se propone. Sin tales supuestos, las reformas no suelen convencer ni a sus acérrimos propugnadores.
A estos argumentos centrales se han sumado esta vez otros argumentos más bien dirigidos a la tropa propia de las fuerzas de oposición. Enarbolan, como en casi todos los campos del debate público nacional, teorías conspirativas y visiones paranoicas acerca del interés oculto en busca de impunidad, asalto al Poder Judicial y pretensiones de hegemonía institucional, ideas todas que fructifican en el terreno fértil de la paranoia que suele poblar los escenarios de estas reformas.
La pobreza argumental de la oposición logró finalmente envalentonar y acelerar la estrategia reformista, hasta que el accidentado cierre del dictamen de la comisión especial del Senado y sobre todo la inclusión de una cláusula que equipara al poder mediático con el resto de las amenazas que pueden llegar a pesar cobre la independencia judicial termino por desatar todos los demonios. La reacción se extendió así a los más diversos círculos de opinión del país, que asistían indiferentes a un debate de especialistas. La batalla por la reforma paso así a ser, instantánea y automáticamente, una batalla en defensa de los principios de la Constitución.
Al cabo de más de cincuenta audiencias en el Senado e innumerables foros y conferencias en todo el país, la oposición a la reforma y la propia actitud de indefensión pasiva del propio gobierno ha logrado reducir la reforma a un núcleo mínimo: la reforma de la justicia federal penal porteña. Un tema en verdad extraño para una inmensa mayoría de la opinión y que solo parece apasionar y comprometer a un núcleo restringido de políticos, espías, periodistas, políticos y no más de una docena de grandes estudios y profesores de derecho penal de la UBA, dedicados a esa materia viscosa e inasible que siguen siendo los delitos contra la administración.
Quedan así fuera de foco otros escenarios de la reforma, todos ellos cada vez más urgentes e importantes para la salud institucional del país. Un eventual fracaso de la reforma penal federal puede en efecto obturar y dejar fuera de foco otros escenarios que tambien requieren, por su propia naturaleza de esa combinación indispensable entre saberes expertos, estudios de impacto y análisis cuidadosos de consecuencias.
En primer lugar, la reforma del gobierno del sistema de justicia, con la Corte, el Ministerio Publico y el Consejo de la Magistratura como capítulos centrales. Queda también fuera la muy controvertida reforma del proceso penal, signada por los enfrentamientos casi religiosas entre escuelas garantistas y punitivitas y de la que dependen en muy buena medida los avances y retrocesos de la política criminal.
Queda también fuera de foco otra reforma de pareja importancia como es la de la implementación del sistema acusatorio, sin duda uno de los desafíos estructurales a la tradición y a la dinámica de la justicia penal, solo asumible desde consensos federales que difícilmente puedan llegar a realizarse si el gobierno no prosperar en su intento actual.
Por sobre el resto de las reformas queda también fuera de consideración la reforma más importante, unánimemente exigida por la ciudadanía y todos los sectores vinculadas al quehacer de la justicia: la reforma de la gestión del Poder Judicial, que abarca de decenas de aspectos esenciales vinculados a la idea de una justicia más eficiente, rápida, transparente, profesionalizada, accesible, menos costosa, socialmente responsable y, sobre todo, capaz de hacer realidad el derecho superior de acceso a la justicia. Un derecho de derechos que, bajo las condiciones actuales, ha vuelto a quedar fuera de la agenda pública.
