Por Ramiro Albina
En el año 2016 el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires por medio de la Ley Nº 14.836 eliminó la reelección indefinida para los intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Estos quedarían habilitados únicamente para una reelección; y para disputar nuevamente el mismo cargo, deberían dejar pasar un mandato.
El año 2023 será la primera prueba de fuego. De mantenerse la norma tal como está escrita, quienes fueron electos en 2015 y reelectos en 2019, no podrán presentarse en el próximo turno electoral. Este inquieto grupo lo componen alrededor de 95 intendentes entre quienes se pueden encontrar tanto oficialistas como opositores. Algunos de ellos han empezado a deslizar la idea de forzar un nuevo período en 2023 mediante una reinterpretación de la norma. Aunque pueda parecer contraintuitivo, su preocupación por la reelección no está solamente enfocada en el futuro sino en el presente.
Interpretaciones a la carta
La dimensión agonal de la política le levantó una señal de stop a la postura republicana que busca prevenir la concentración de poder por vía de la limitación a la reelección indefinida. Cuando se trata de la incorporación de la posibilidad de una reelección o su limitación, los incumbents muchas veces intentan sortear los límites cuando estos se presentan. Una de las principales estrategias del manual de la reelección consiste en la búsqueda de descontar el mandato en curso al momento de modificar la norma. Dirigentes como Carlos Menem y Evo Morales intentaron apelar a esta estrategia. El primero fracasó y el segundo prosperó.
Para no entrar en una batalla abierta contra la limitación (lo que podría recolectar el rechazo de un sector de la ciudadanía que vería con malos ojos el regreso de la reelección indefinida), no sería extraño que se intentara judicializar la cuestión con los cañones apuntando hacia el Artículo 7 de la Ley, que se encuentra entre las disposiciones transitorias: “el período actual de los Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores a la entrada en vigencia de la presente ley, será considerado como primer período”.
Hay otras interrogantes que todavía permanecen abiertas y que probablemente también vayan a ser judicializadas. El Artículo 1 en el Anexo del Decreto 265/19 que reglamentó la Ley N° 14.836 señala: “Determinar que la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo establecida en los artículos 3° del Decreto-Ley N° 6769/58, 148 de la Ley N° 13688 y 13 bis de la Ley N° 5109 -todos ellos en los términos de la Ley N° 14836-, abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados.”
¿Qué sucederá, por ejemplo, con Gabriel Katopodis (San Martin) que a pesar de haber sido reelecto como intendente en el 2019, asumió en el Ministerio de Obras Públicas de Nación ese mismo año? ¿Y con Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Santiago Maggiotti (Navarro) que luego de ser reelectos en 2019 asumieron como Ministro y Viceministro en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación a fines de este año?
Otro punto relacionado al anterior, corresponde al Artículo 3 en el Anexo del mismo Decreto 265/19: “Determinar que el reemplazo de uno o varios titulares en sus cargos, que ejercidos por concejales suplentes, consejeros escolares suplentes, diputados provinciales suplentes y senadores provinciales suplentes, efectuado por más de dos años continuos o alternados, se computará como cargo ejercido a los efectos de la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo establecida en los artículos 3° del Decreto-Ley N° 6769/58, 148 de la Ley N° 13688 y 13 bis de la Ley N° 5109 -todos ellos en los términos de la Ley N° 14836-.Se procederá a sumar los tiempos aún en el supuesto de reemplazar a distintos titulares”.
¿Qué sucederá con quienes hayan asumido a mitad del período 2015-2019 y reelectos en este último año? Este es el caso de, por ejemplo, Jaime Méndez (San Miguel) y Andrés Watson (Florencio Varela)
La disputa por el territorio
La provincia de Buenos Aires concentra el 37% del electorado nacional. Alberga municipios que tienen más habitantes que algunas provincias argentinas. No es casual que se hable frecuentemente de los intendentes del conurbano bonaerense como mini gobernadores. Si ponemos la lupa en este último, un territorio que concentra cerca del 25% de la población del país y dos tercios de la población de la provincia, el mapa político nos muestra un escenario para 2023 donde se abriría la puerta para un recambio muy extendido. No es un punto menor, siendo que las intendencias del conurbano aportan un armado territorial valioso y un termómetro político clave.
En la disputa que se abriría por este recambio obligado, no entra en juego solo la relación entre oficialismo y oposición, sino también la puja entre los sectores internos de las coaliciones. La intensión de Máximo Kirchner y La Cámpora de fortalecer su presencia en algunos municipios probablemente vea con buenos ojos la imposibilidad de volver a presentarse de algunos peronistas consolidados en sus territorios. A su vez, el gobernador Axel Kicillof tiene la posibilidad ir por la reelección entre 2023 por lo que se enfrenta a dos incentivos contradictorios: impulsar la interpretación buscando un apoyo de los actuales intendentes o apostar a mover fichas propias en 2023.
En esta disputa que comienza a abrirse, debemos tener en cuenta también que el año que viene se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y del Senado bonaerense. Actualmente el Frente de Todos tiene mayoría en Diputados con 45 legisladores contra 39 de Juntos por el Cambio; mientras que este último tiene mayoría en el Senado con 29 legisladores contra 20 del Frente de Todos. La discusión sobre el armado de listas probablemente no estará ajena a la disputa de los intendentes.
El miedo al pato rengo
Hay quienes pensarán: ¿por qué discutir ahora la posibilidad de reelección en 2023 si aún faltan más de dos años? ¿No estarán algunos intendentes viviendo demasiado en un futuro ajeno a los intereses de los ciudadanos? Propongo dar una vuelta al argumento, insistiendo en que dicha preocupación no está solamente enfocada en el futuro sino en el presente.
El poder puede ser visto de dos maneras, aunque no taxativamente diferenciadas: como conjunto de recursos o como resultado de una relación. La primera perspectiva lo concibe como algo que se posee; un conjunto de recursos económicos, de coacción, etc. Por otro lado, el hincapié en su carácter relacional nos permite una mirada mucha más rica que incorpore las interacciones entre distintos actores. No se piensa en una relación unidireccional y estática, sino que existe un ida y vuelta; una aceptación o acatamiento en lugar de un sometimiento absoluto. ¿Por qué traigo este punto? Uno de los principales mecanismos por medio del cual el poder disciplina, son las expectativas. Si existe la creencia extendida de que un incumbent tiene amplias posibilidades de continuar en el cargo, los incentivos para enfrentarse a él son reducidos. El costo de asumir el rol de challenger puede ser muy superior al de mantenerse alineado. La profecía se auto cumple.
La imposibilidad legal de buscar un nuevo mandato, puede llevar a algunos intendentes a una erosión apresurada de su poder. Los incentivos para enfrentarse a él aumentan y sus capacidades de disciplinamiento mediante la intimidación del castigo político futuro o la elaboración de promesas, disminuyen. A su vez, quien se encuentra imposibilitado de buscar un nuevo mandato se enfrenta a una ardua tarea: construir un sucesor y alejarse de la escena; o un delfín para buscar un eventual regreso sin sufrir la traición.
