Por Patricio Méndez Montenegro y Emiliano Vitaliani
A principios de 1999 existía un fuerte debate constitucional y político en Formosa. Por aquel entonces, Gildo Insfrán había sido vicegobernador por dos periodos del hombre fuerte del peronismo provincial, Vicente Joga. En ese momento, la Constitución provincial establecía que ni el gobernador ni el vicegobernador podían reelegirse o sucederse recíprocamente sino a través de un intervalo de un periodo. Algunos juristas consideraban que esta cláusula impedía que Insfrán se presentara para ser gobernador mientras que otros sugerían que Insfrán podía presentarse en tanto no había sucesión recíproca. Este desacuerdo interpretativo llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia. El voto del entonces Presidente del Tribunal se sabía negativo a los ánimos reeleccionistas de Insfrán.
En un hecho sin precedentes, un juez penal de primera instancia dictó la detención del Presidente del TSJ y ordenó el allanamiento de su despacho y del expediente que tenía en vilo al Insfrán, a instancias de una denuncia de que el Presidente del Tribunal había “robado el expediente”. Contrariando la normativa local que establece que el Presidente del TSJ sólo puede ser detenido si existe una remoción por Juicio Político, el resto del tribunal, en solo unas pocas horas resolvió otorgarle la posibilidad de reelegirse a Insfrán.
Este escándalo fue judicializado ante la Corte Suprema por el propio presidente del tribunal así como por Joga y la propia UCR local. La Corte menemista de ese entonces adujo en cada uno de los expedientes que no estaba dentro de su competencia inmiscuirse en problemas políticos locales y que, en respeto al sistema federal de gobierno, eran las propias autoridades provinciales las encargadas de resolver los conflictos institucionales.
La Corte de los '90 eligió una postura deferente al cuestionado Tribunal Superior de Justicia formoseño. Este primer acto de erosión de las instituciones formoseñas fue el primer paso hacia la posterior reelección indefinida, sancionada en 2003, la cooptación de todas las instituciones de control, el cambio de las reglas electorales y las recientes denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Lejos de la posición abstencionista que caracterizó a la Corte en los '90 y que parece habernos legado graves problemas institucionales a nivel subnacional, los últimos diez años estuvieron marcados por la participación del Máximo Tribunal Federal en algunas cuestiones de la organización política provincial. En conflictos similares a los de Formosa en los '90, la Corte actuó en los casos de Santiago del Estero, Río Negro y La Rioja. Estas intervenciones se caracterizaron por estar restringidas a pretensiones específicas de los gobernantes de turno o a algunas políticas públicas que eran notoriamente violatorias de la forma republicana de gobierno, pero nunca atacaron el sistema institucional como un todo.
La insuficiencia de un enfoque de este tipo para un caso como el de Formosa es evidente. Si bien en el último año la Corte falló dos veces contra la provincia por las durísimas barreras sanitarias que operaban en sus fronteras y por los ya famosos centros de aislamiento forzoso, la situación institucional de la provincia no parece haber mejorado en términos estructurales, tal como evidencia la feroz represión que siguió a las manifestaciones que se dieron en la puerta de la casa de gobierno, la detención de miembros de la oposición y la persecución de diversos periodistas.
En este contexto, la Corte debe cambiar el enfoque de su intervención. No estamos aquí en presencia de un proceso de lenta erosión democrática, sino más bien ante un claro caso autoritarismo subnacional en el que sistemáticamente se violan derechos fundamentales y la forma republicana de gobierno, tal como acreditaron tanto la Corte Suprema de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de Derechos Humanos como Amnesty International como Human Rights Watch. Por lo tanto, si la situación es diferente, la respuesta también debe serlo.
En este punto, asoma un nuevo inconveniente. Solemos creer que en una democracia los problemas que hacen a nuestra convivencia deben ser resueltos por organismos que hayan sido popularmente electos y que sean pasibles de control por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la Corte no cumple con ninguna de estas dos condiciones. Por lo tanto, nos encontramos así con un dilema que parece irresoluble: por un lado, necesitamos una intervención fuerte en tanto Formosa es un sistema autoritario consolidado, mientras que por otro el único poder del estado que parece en condiciones de hacerlo es aquel cuya legitimidad democrática es menor.
En este contexto, es necesario pensar en soluciones que recojan ambas preocupaciones. La Corte ya se encontró ante dilemas similares en los últimos años cuando enfrentó casos en los que trataba con violaciones estructurales a derechos humanos que, por lo tanto, exigían de ella un accionar firme pero cuidadoso. En este tipo de casos, el tribunal decidió por un lado detallar estas violaciones a derechos humanos y a la vez no definir ningún remedio en particular. Consciente de sus déficits técnicos y democráticos, la Corte optó por facilitar instancias en las que los poderes políticos responsables, la sociedad civil y las víctimas de las violaciones a los DD.HH se vieran obligadas a dialogar y concertar soluciones para cada caso en particular.
El caso de Formosa es, para la Corte, tanto un desafío como una oportunidad. Si bien la complejidad de las cuestiones jurídicas y políticas en juego lo hace un caso muy delicado, también se presenta aquí la posibilidad de combinar dos líneas jurisprudenciales que ha venido desarrollando en los últimos años, poniéndolas al servicio de garantizar la democracia en Formosa. La Corte tiene así en sus manos los recursos necesarios para continuar con las innovaciones jurisprudenciales que la caracterizaron en los últimos años y así promover un diálogo democrático que les devuelva a los formoseños el control sobre su gobierno.
