Los momentos de crisis son para crecer desde adentro

Por Ivana Giselle González (*)

 

El nuevo escenario generado como producto de la pandemia, ha producido un cambio rotundo en las relaciones humanas, formas y relaciones de trabajo y de socialización que pusieron de relieve el rol insustituible del Estado.

Sin embargo, la crisis también hizo emerger problemas que complejizan la toma de decisiones públicas, así como los procesos, instrumentos y estructuras político – administrativas que implica la gestión.

Suele suceder que tal escenario es tierra fértil para el endurecimiento de los argumentos que propugnan despiadadas críticas al desempeño estatal, que a mi entender, no reflejan la seriedad y profundidad que requiere su abordaje.

En esta oportunidad, nos proponemos no limitar la discusión al tamaño del Estado, sino más bien compartir algunas ideas a la luz de los aportes desarrollados en el campo de estudios de la administración pública.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de la capacidad del Estado? ¿Cuándo puede decirse que un Estado es capaz?

Un estado del arte o de la cuestión señala que es la capacidad para procesar y dar respuesta a las demandas que se configuran y requieren el accionar del aparato estatal a través de políticas públicas, lo que implica la necesidad de repensar los marcos y arreglos institucionales orientados a fortalecer sus recursos humanos, sus recursos organizacionales y de acción interorganizacional, entre otros.

Esta agenda de discusión involucra diversos ejes: la incorporación de tecnologías de gestión en la planificación de políticas públicas, la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial y multinivel para la producción de bienes y servicios públicos, la gestión orientada a resultados, la evaluación de impacto y la calidad de las políticas públicas,  la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura a la participación social, la implementación de esquemas de monitoreo y la evaluación de políticas públicas, la incorporación e impacto del uso de tecnologías digitales, la profesionalización del empleo público y la gestión de sus recursos humanos. Lo cierto es que su discusión no solo requerirá un diagnóstico adaptado a los tiempos actuales sino también altos niveles de consenso y ámbitos institucionalizados a los que se convoquen desde funcionarios hasta representaciones sindicales incluyendo a los propios trabajadores. Sin ir más lejos, la inminencia del trabajo remoto en el Estado o el requerimiento de nuevas profesiones, capacidades y habilidades es un ejemplo de ello.

Muchos otros interrogantes emergen: ¿cuáles son los problemas estructurales de las administraciones públicas en general? ¿Cómo aprovechar las ventajas de este nuevo escenario  o mitigar sus efectos negativos? ¿Qué capacidades serán necesarias para gestionar el Estado con mayor capacidad y adaptabilidad de cara a la complejidad de las demandas del futuro?

Autores como Ramió Matas sostienen que el problema estructural de las administraciones públicas es una absoluta falta de identidad estratégica, es decir, que cuando se plantean reformas no se observa mucho más allá del presente, solo se diagnostican los problemas de un pasado inmediato y se plantean cambios administrativos siempre de muy corto plazo.

En consonancia con lo sostenido por el Comité promotor del Consenso por una Función Pública Profesional para la Argentina del siglo XXI, es imprescindible una mirada estratégica y funcionarios capaces y comprometidos con los valores democráticos, que puedan guiar las estructuras y los procesos mediante los cuales se implementan las políticas públicas y se producen y proveen los servicios públicos. En tal sentido, la Carta Iberoamericana para la Función Pública señala la necesidad de institucionalizar mecanismos que garanticen sistemas transparentes y eficaces de control y rendición de cuentas del personal directivo.

Las preocupaciones en torno a la burocracia pública y la profesionalización del servicio civil, son cruciales y si bien es cierto que hemos tenido grandes avances normativos en materia de regulación de empleo público en nuestro país, nos encontramos con marcos normativos fragmentados, desactualizados y con déficits para potenciar claros sistemas de ingreso, promoción y evaluación de desempeño.

La realidad nos muestra que es preciso trasformar el perfil del empleo público, adaptar su rol de acuerdo a la lógica de la sociedad de información y profundizar en medidas que tiendan a compatibilizar los marcos normativos con mayores parámetros de igualdad.

Se trata en concreto de pensar en organizaciones públicas que atraigan, motiven y retengan recursos humanos valiosos, lo que implica también fortalecer las trayectorias profesionales, garantizar capacitación y orientar la formación.

Por último, una referencia a la capacidad institucional del Estado para absorber y procesar las consecuencias del cambio tecnológico. Hablar de la tecnología como instrumento de apoyo a los procesos de planificación en la gestión pública, implica incorporar nuevas técnicas y herramientas que pueden facilitar la tarea para simular escenarios, evaluar y monitorear proyectos, planes y programas.

Necesitamos ir hacia organizaciones con visión estratégica y dar una batalla cultural, para que el imaginario colectivo en torno al Estado no sea el de organizaciones anquilosadas y escleróticas, con poca capacidad de adaptación a entornos cambiantes y asociadas a un cumplimiento rutinario de reglas formales, sino más bien en ámbitos donde el empleado público debe ser considerado un actor estratégico e indispensable, capaz de proponer y aportar soluciones.

Ante este escenario, en nuestro modo de ver, pensar y sentir, el real desafío pasa justamente por sistematizar esta discusión, generar espacios donde todos los actores participen y revisar las reglas de juego para convertir lo que hoy vemos como amenazas en verdaderas oportunidades.

 

(*) Magíster en Alta Dirección Pública
Asesora en Auditoría General de la Nación (AGN)
Docente UBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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