Escuelas cerradas y Derecho a la Educación

Por Emilio Cornaglia (*)

 

El domingo 23, la prensa oficial de Alberto Fernández publicó en Twitter fragmentos de la entrevista que tuvo el Presidente con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en el programa “CONECTA2” de CNN en Español. En uno de los videos el Presidente asegura que “los contagios en los chicos en edad escolar de 0 a 12 años aumentaron 110%” para justificar el cierre total de escuelas, lo cual causó indignación entre la sociedad. Unos días antes, en su discurso por cadena nacional, había dedicado tímidos párrafos a la cuestión educativa: sin mencionar explícitamente la pelea con CABA por las clases presenciales y el fallo de la Corte Suprema, el Presidente señaló que hubo decisiones “judicialmente avaladas” que “debilitaron las acciones contundentes que nosotros propusimos para controlar lo crítico de la situación”. Luego, sin detallar indicadores epidemiológicos ni analizar las múltiples variables que inciden en la definición, anunció el endurecimiento de las medidas de restricción y la suspensión de “las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial” por un lapso de 9 días luego de los cuales se volverá al esquema vigente con anterioridad.

De esta manera se configuró el marco para darle continuidad al cierre de escuelas y la suspensión de clases presenciales en un territorio como la provincia de Buenos Aires, cuyas aulas estuvieron vacías durante todo el año pasado y ya perdió 34 jornadas de su ciclo lectivo en lo que va del 2021. Esta medida absurda con la que insisten tanto Fernández como Axel Kicillof va a contramano de la evidencia científica y las recomendaciones de organismos como Unicef y entidades especializadas como la Sociedad Argentina de Pediatría, que destacan los beneficios de mantener las escuelas abiertas en comparación a los múltiples perjuicios que provoca dejarlas cerradas.

La publicación más reciente del Indec revela que existe 65% de pobreza infantil en Argentina y 73% específicamente en el conurbano bonaerense. Sin embargo, el Gobierno le da la espalda a ese dato de la realidad y sigue promoviendo el cierre de escuelas, generando un daño irreparable para esos 3 millones de niños, niñas y adolescentes que necesitan de la escuela como un espacio de aprendizaje y contención social. Vale la pena insistir en algunos argumentos: el primero de ellos es que las escuelas abiertas, con protocolos y cuidados específicos, constituyen un espacio seguro frente al Covid, colaborando con la detección temprana y el posterior aislamiento para cortar la cadena de contagios. En segundo lugar es importante considerar que la mentada “virtualidad” con la que pretenden reemplazar las clases presenciales es de un alcance limitado: en la abrumadora mayoría de los casos las “clases” se reducen a un contacto esporádico de un docente que envía material por WhatsApp -lo que se denomina “aprendizaje asincrónico”-, mientras que sólo unos pocos acceden a contenidos por plataformas tipo Zoom con una interacción cotidiana. Por último, están otras cuestiones -no menos importantes- vinculadas a la salud física y emocional de los niños y sus familias, la invisibilización de problemáticas como la violencia familiar y la sobrecarga de tareas que recae principalmente sobre las madres, aumentando la brecha de género.

Aun teniendo todos estos argumentos a favor de abrir las escuelas, el Presidente optó por sostener la falsa dicotomía entre salud y educación. Su anterior intento por embarcar al país entero en el dilema salud o economía terminó con un fracaso estrepitoso: durante el 2020 tuvimos una abrupta caída del 10% del PIB en relación al año anterior, mientras que las cifras del impacto por Covid-19 llevaron a Argentina al tope del ranking mundial con 3 millones y medio de contagios y alrededor de 75.000 muertes.

No contento con haber fundido el país sosteniendo esa tesitura, el Presidente nos embarca nuevamente en una batalla que está perdida de antemano, insistiendo con un cierre de escuelas que no contribuye significativamente en la reducción de los contagios y muertes y por contrapartida genera innumerables perjuicios a la población escolar y sus familias. El problema es que la decisión del Gobierno Nacional no está fundada en estadísticas ni en datos científicos. El propio doctor Pedro Cahn negó haber sido la fuente que suministró el dato mencionado por el Presidente en su entrevista en CNN. Lo grave es que decidan continuar con el cierre de escuelas cuando está demostrada tanto su ineficacia a la hora de combatir el Covid como su impacto negativo en la sociedad.

El DNU firmado el sábado 22 prorroga las medidas establecidas en el decreto anterior y establece la suspensión de la presencialidad en el ámbito educativo. El mismo se publicó como DNU 334/2021 y es el número 97 en 18 meses de gestión de Alberto Fernández. Dicha cifra contrasta con los 81 DNU firmados por su ahora Vicepresidenta durante los dos períodos en que ejerció la Presidencia de la Nación, quedando a la vista que la concentración del poder y su ejercicio autoritario fueron en aumento. Ante esto es importante recordar que, según lo establece el voto de Carlos Rosenkrantz en el fallo de la CSJN sobre autonomía y clases presenciales, “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”.

En ese marco, es fundamental sostener la responsabilidad del Estado en garantizar el pleno ejercicio del Derecho a la Educación para todos los niños, niñas y adolescentes de Argentina. Este concepto fue reafirmado por Ricardo Lorenzetti en su voto para el fallo precitado, cuando señala que «el bloque de constitucionalidad establece un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona.» Así lo establece nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que nos obligan, por más que el Presidente insista en lo contrario.

 

(*) Abogado (Universidad Nacional de Córdoba), Presidente de la Federación Universitaria Argentina (2012-2014) y Becario del IVLP USA en el Programa FURP USA 2018

Fuentes:

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